El intendente de la ciudad fronteriza de Santo Tomé, Mariano Garay, visitó en estos días los estrados judiciales luego de hacerse pública una denuncia penal por abuso sexual formulada por una empleada de la comuna, quien también dijo que a raíz de esta situación amenazaron con echarla de su trabajo, junto a su hermana, quien también es parte de la plantilla de empleados. Según la exposición efectuada el 12 de marzo, el funcionario público incurre en el delito desde hace casi tres años.
En la presentación oficial, que tiene casi cuatro páginas, la joven -la que identificamos como V-, de 22 años, relata en detalle cómo sucedieron los abusos, la metodología utilizada por el acusado y el momento en el que ella decide poner fin a esta situación, a pesar de las duras amenazas del funcionario con hacerle perder su trabajo.
Según la información brindada por fuentes ligadas a la causa, la joven aportó además una copia certificada por un escribano público de todos los mensajes recibidos desde los teléfonos de Garay durante los casi tres años que duró esta situación.
Siempre según el testimonio de la joven, Garay se habría contactado con ella inicialmente por la red social Facebook, allá por el mes de abril del 2018, cuando ella trabajaba en una Panadería del centro. Primero le había pedido ser su amigo y luego consiguió su teléfono y comenzó a contactarse directamente por esa vía. Inmediatamente le ofreció trabajar en la municipalidad, en el área de Bromatología.
“Yo atravesaba, junto a mi familia, por una situación económica sumamente inestable, por lo que conseguir un trabajo fijo era de gran ayuda. Siempre me citaba en horarios nocturnos y me pedía que me bajara a una cuadra de su casa. Si no, me buscaba él en su auto, me decía que tome un remís, que él pagaba”, reseña en su denuncia la joven. En los primeros meses, el denunciado habría ganado la confianza de la joven a tal punto que, “comenzó a pedirme tener relaciones sexuales y que de esta manera yo iba a conservar mi trabajo. También me pidió que le mande fotos sin ropa”, enfatizó la mujer.
En diálogo con época, el doctor Tomás Silvano, abogado patrocinante de la víctima, explicó que “las pruebas son contundentes. El relato de la víctima no solo es claro, sino que habla de un delito de abuso sostenido en el tiempo, coaccionando a la joven para mantener relaciones o perdería su trabajo”, explicó el letrado.
Posteriormente, confirmó que tres de los testigos citados en la denuncia ya declararon y ratificaron los dichos de la víctima.
Recusarán al fiscal
El caso recayó en manos del fiscal de Instrucción Facundo Cabral, pero sus primeros pasos con la causa en sus manos no cayeron bien y generaron serias sospechas. Silvano sostuvo que la conducta del fiscal es cuestionable y “vamos a recusarlo, ni bien nos presentemos como querellantes”, dijo. “No puede citar al acusado como Testigo Sospechoso, cuando el delito es por abuso sexual agravado. El magistrado desconoce completamente la Ley Micaela y pone en riesgo toda la causa. No entendemos si hay desconocimiento de la ley, o algún tipo de compromiso político de por medio, pero nos resulta gravísimo el comportamiento del fiscal”, agregó. El abogado dijo al final que “jamás buscamos que esto sea tomado como un hecho político, pero el acusado es funcionario público en ejercicio y la acusación es gravísima”, concluyó.
(Epoca)