El caso del cierre del colegio Cardoso a días del inicio del ciclo lectivo volvió a plantear el debate sobre la educación privada en la Argentina, el presupuesto que el Estado dedica a subvencionarla y la falta de transparencia y control de esos subsidios. En CABA la mitad de todo el sistema es privado, al igual que en Córdoba en el nivel secundario.
El caso del colegio Cardoso, que a días del inicio del ciclo lectivo cerró
sus puertas sin previo aviso, argumentando que no le cerraban los números ante
la baja en la matrícula (ver aparte), actualizó el debate alrededor del siempre
espinoso tema de la educación privada en la Argentina, con el enorme
crecimiento que tuvo en las últimas décadas. Tanto, que hoy en la Ciudad de
Buenos Aires la mitad del alumnado concurre a escuelas o jardines privados. En
Córdoba ocurre lo mismo con el nivel secundario, y hay casos como La Pampa,
donde el 25% de la matrícula secundaria es de colegios privados, todos con el
100 por ciento de subvención estatal.
Semejante expansión del sistema de gestión privada, aún con grandes crisis
económicas de por medio, abre preguntas sobre el rol social que debería ocupar,
según establece claramente la Ley Nacional de Educación. También si termina
funcionando como complemento o como parche, allí donde la escuela pública no
llega (el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde año a año crecen los
reclamos por la alarmante falta de vacantes, es paradigmático), o bien está
fallando, porque como se hace evidente al ver los números, no está respondiendo
a las expectativas de amplios sectores medios de la población, que no la están
eligiendo.
No menor es la discusión sobre cuántos subsidios reciben los colegios
privados, cómo se decide su otorgamiento, y sobre todo qué controles existen
sobre estas erogaciones de los Estados provinciales y de CABA. Los
especialistas coinciden en que es justamente allí donde radica una de las
grandes falencias, en la falta de transparencia y control. Hoy no existe en el
sistema educativo argentino ningún organismo, dirección, secretaría, oficina,
equipo, que pueda detectar subsidios mal asignados.
Más aún: tal como ha ido tejiéndose el sistema, aparece una dificultad
estructural para avanzar con los cambios más obvios, aun cuando los errores o
abusos son detectados.
La gran pregunta, en el fondo, sigue siendo la misma: qué importancia se le
asigna a la educación pública en la Argentina.
Lo que dice la ley
La Ley Nacional de Educación reconoce cuatro tipos de gestión: estatal,
social, cooperativa y privada. Las gestiones social y cooperativa deberían tener
mayor protección estatal, pero esto no ha sido regulado desde que se sancionó
la ley, en 2006 (a excepción de jurisdicciones como Neuquén), por lo que suelen
considerarse directamente como gestiones privadas.
La ley habla de "aportes a la gestión privada" (no de subsidios)
y dice que son exclusivamente para financiar salarios docentes (no gastos
corrientes ni infraestructura). En tanto la educación es básicamente trabajo
humano aplicado, los salarios representan el mayor gasto. Pero, como analiza
Cecilia Sleiman en un trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional, “las
transferencias no son el único financiamiento que reciben las escuelas privadas
por parte del Estado. Otro beneficio es la exención impositiva, al menos en IVA
y Ganancias, ya que las escuelas son consideradas entidades sin fines de lucro.
Y una tercera ventaja es la exención de pagar contribuciones patronales a sus
docentes, lo que responde a una larga tradición política”.
A esto se suman diferentes fondos especiales que las jurisdicciones van
disponiendo, como el Programa Apoyo Económico a la Primera Infancia para
maternales sin subsidios, o el Fondo de Financiamiento de Escuelas Seguras en
el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o el Fondo Nacional de Incentivo Docente,
que abarca al sector privado.
Justicia social
La ley habla, además, un "criterio objetivo de justicia social"
para asignar aportes a un colegio privado, "teniendo en cuenta la función
social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el
proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se
establezca".
Lejos de visualizar unidades de negocios, el espíritu de la ley resalta un
fin social, que excede al educativo en un sentido restrictivo.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, además, la Constitución establece
en su artículo 25 que "la Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento
de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que
fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de
menores recursos".
Una trampa extraprogramática
La ley también regula cuánto pueden cobrar de cuota los colegios que
reciben aportes estatales (que van del 40 al 100 por ciento): a mayor subsidio,
menor cuota. Pero hay una "trampita": se pueden sumar hasta cinco
módulos "extraprogramáticos" (idiomas, informática, deportes) como
parte de la oferta de enseñanza, lo que eleva la cuota posible al doble. Se
agregan también gastos de mantenimiento y seguros.
La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que publica los
topes máximos fijados para las cuotas y las declaraciones juradas que están
obligados a hacer los colegios privados de sus aranceles. Esos topes hoy van
desde 2.624 pesos para inicial y primaria y 2.894 para secundarias que reciben
el 100 % de aporte; hasta 12.138 y 15.775 pesos, respectivamente, en el caso de
los que tienen 40 por ciento de subsidios. Para la jornada completa de Inicial
y Primaria se permite cobrar hasta un 50% más de cuota; para la jornada
extendida, hasta un 25% más.
Algunos ejemplos
En las declaraciones juradas (y en los recibos que se extienden a las
familias) se comprueba cómo la gran mayoría duplica las cuotas de modo
"extraprogramático". Pero además se ven casos de colegios que no
reciben exactamente "alumnos de menores recursos", ni están ubicados
en zonas desfavorecidas, y que sin embargo reciben subsidios altos.
El caso del tradicional Colegio Guadalupe, de la Congregación del Verbo
Divino, en el barrio porteño de Palermo, es uno de los que ya ha denunciado el
Observatorio de la Ciudad. Recibe un subsidio estatal del 40 por ciento y cobra
cuotas que rondan los 30 mil pesos. La matrícula 2022 es de 30 mil pesos, tanto
en primaria como en secundaria.
Las tarifas son similares a las que cobra, por elegir un ejemplo posible
entre muchos, un colegio como el Galileo Galilei de Almagro, que sin embargo no
recibe subsidio alguno, ofreciendo los mismos "amenities" (doble
jornada bilingüe opcional y módulos extraprogramáticos de práctica deportiva,
computación y taller de proyectos estéticos) y becas.
También ubicado en Palermo y de grandes dimensiones, el caso del colegio
Santa Teresa de Jesús es más extremo: recibe un 50 por ciento de subsidios y
según su declaración jurada cobró el año pasado matrículas de 48.500 y 57.600
pesos para primaria y secundaria.
De perfil laico pero perteneciente a la comunidad judía, un colegio como el
ORT, que cobra cuotas de más de 30 mil pesos, también sigue subsidiado. En
2019, luego de la polémica por la difusión de este dato, la dirección renunció
al subsidio que recibió durante años el nivel secundario. Pero se mantiene
subsidiado en un 80% su nivel superior, por el cual la ORT recibió el año
pasado casi 6 millones y medio de pesos para sus sedes de Almagro y Belgrano,
según los cálculos que sacó el Observatorio de la Ciudad (basados en el
presupuesto, el Boletín Oficial y los pedidos de informes).
Aunque los ejemplos se multiplican en CABA por el tamaño de su sistema
privado y la gran transferencia de recursos que hay en este distrito (ver
aparte), esta situación de recursos públicos (mal) asignados a escuelas
acomodadas se repite en todo el país.
Fuera de control
El sector privado está muy regulado en lo pedagógico: en todas las
jurisdicciones hay equipos de supervisión que existen y funcionan, más allá de
los intereses que puedan incidir. Lo que no se ejerce sobre los colegios
privados es un control de tipo financiero, que pueda detectar cuándo se están
dando aportes que no se condicen con las características de la escuela, su
función social, o con lo que cobran de cuota una vez sumados todos los
“extras”. O cuándo –como ocurre en tantos ejemplos que saltan a la vista– el
colegio o el barrio ha cambiado su situación a lo largo de los años, de modo
que ya no corresponde el aporte que décadas atrás fue otorgado.
El problema se vuelve más complejo al analizar un entramado ya hecho carne
en las jurisdicciones a lo largo de los años, las resistencias y obstáculos que
enfrentaría cualquier intento de cambio. Está la presión de la Iglesia, gran
actor de la educación privada en la Argentina. Mario Wainfeld ha relatado en
este diario la sorpresa del embajador Carlos Custer cuando, en su primera
reunión con Juan Pablo II, al ir a presentar sus credenciales, el Sumo
Pontífice se despachó hablándole de las eventuales subas de salarios a docentes
privados como preocupación principal.
Hoy están también las cámaras de enseñanza privada, fortalecidas con los
años y con influencia directa en los despachos de Educación del país. Pero,
sobre todo, la mirada de cada vez más amplios sectores medios de la sociedad
que perciben a la educación privada como necesaria y deseable, en tanto
superadora de lo público.
Entonces, ¿qué pasaría si comienzan a retirarse tantos subsidios que no
corresponden, pero que se mantuvieron por años? ¿Qué se podría hacer con ese
dinero si se transfiere al sistema público? Pero también: ¿Qué pasaría si esos
colegios comienzan a aumentar las cuotas? ¿Cómo afectaría al humor social, y
cómo presentarían el tema las tapas de los grandes diarios?
Las respuestas imaginables responden también por qué ningún gobierno, más
allá de los cambios de signo político, ha encarado nunca este tema tan evidente
y no menor en los presupuestos educativos.
CABA, el gran tamaño
Ese potencial ("puede realizar aportes") que indica la
Constitución porteña se ha transformado con el tiempo en un "debe"
estructural, dado el tamaño que alcanzó su sistema privado. Como describe con
precisión el trabajo que hizo el especialista Alejandro Morduchowicz para la
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad en
2020 (La educación privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires : quién, cómo,
dónde), en CABA uno de cada dos alumnos asiste a una escuela privada. El Nivel
Inicial es el que tiene más alumnos, con un 55% del total del nivel y casi un
60% de jardines privados. En secundaria, casi el 70% de las escuelas son
privadas. (SUMAR CUADROS)
"La mayor parte de los establecimientos privados de los niveles
obligatorios de la CABA recibe algún tipo de subsidio estatal (71,2%). Los
independientes de aportes (cero subsidios) son el 35% del Nivel Inicial,
seguidos por los de primaria (26,9%) y los de secundaria (21,2%)", detalla
también el estudio. Los que reciben un 100 por ciento de aportes son el 30% del
total, con participaciones muy similares en cada nivel. Son en su mayoría los
llamados "parroquiales", instituciones católicas que cobran cuotas
bajas y que suelen funcionar en los hechos como "parches" al problema
de vacantes que se agrava con los años en la Ciudad.
Un ejemplo entre muchos: el barrio de Villa Ortúzar, tal como consigna este
trabajo, es uno de los dos de la Ciudad (junto con Villa Santa Rita) en los que
no hay ni un solo jardín público. Los jardines privados de la zona están
cobrando cuotas de entre 20 y 35 mil pesos para las jornadas completas o
extendidas. Muchas familias, aunque no profesan el culto católico, no tienen
más opción que mandar a sus hijos al San Roque, que con un subsidio del 100 por
ciento tiene cuotas cercanas a los 6 mil pesos.
Números
El Gobierno porteño destinó el año pasado algo más de 18 mil millones de
pesos a transferencias a escuelas de gestión privada. Esto representa el 17,1 %
del presupuesto total asignado para el año a Educación, un porcentaje que se
mantiene relativamente estable en los últimos años. Las otras jurisdicciones
que más transferencias realizan son Córdoba, con un 21,5 % de su presupuesto, y
Santa Fe, el 19,5 %.
En la provincia de Buenos Aires, cerca del 38% de los alumnos concurren a
escuelas privadas, y las transferencias a escuelas privadas, tanbién son altas,
cerca del 12 % del presupuesto total destinado a la educación. Según los
últimos datos disponibles de la Coordinación General de Estudio de Costos del
Sistema Educativo del Ministerio de Educación de la Nación, hasta 2018 las
provincias con menos subsidios a la educación privada (y con menores tamaños en
este sistema) son Chubut, con (4,2% de subsidios), Jujuy (4,4%) Formosa (4,5%).
En CABA, la Auditoría de la Ciudad adviertió sobre los criterios poco
transparentes que se manejan, con una observación interesante: a diferencia de
otros presupuestos, es el único que año a año la Ciudad ejecuta en su totalidad.
Desde el Observatorio de la Ciudad han denunciado esta situación como una
"privatización indirecta" de la educación porteña: "No se
construyen nuevas escuelas públicas y la falta de vacantes se agrava, el
presupuesto de educación decrece en un 10 por ciento en los últimos diez años,
mientras el sector privado crece y los subsidios también", denuncia
Jonatan Baldiviezo.
El caso del Cardoso
En el caso del Cardoso, concretamente, aparece un colegio secundario que
recibe aporte gubernamental del 80 por ciento, esto significa que ese
porcentaje de los sueldos docentes está desde el vamos cubierto. Posee dos
turnos (mañana y noche) y hasta noviembre había 52 alumnos matriculados para
empezar este año en toda la escuela; en primer año 5; en quinto 20. “Pero los
papás que quisieron pagar a partir de diciembre empezaron a tener problemas con
los depósitos, y en febrero ya directamente no tomaron los pagos. Mi hijo va a
quinto y son 30 compañeros, menos un chico que avisó que se cambiaba de
escuela, era obvio que iban a seguir todos. Nos dijeron que sin una mínima
cantidad de matriculados, no podían cumplir con lo que la Ciudad les exige para
otorgarles el subsidio”, contó a Página/12 Mariana.
Desde la Ciudad de Buenos Aires dijeron a Página/12 que, con la excepción
de los dos años de pandemia –cuando se contempló exceptuar este mínimo– se
siguen aplicando los lineamientos generales del Decreto 2542/ 91 (previo a la
descentralización del sistema y a la Ley de Educación), que establece un mínimo
de 20 alumnos y 10 para el turno vespertino en la enseñanza media por curso, o
bien un promedio entre los cursos. El rol del Ministerio fue ayudar a conseguir
otras vacantes en colegios privados o públicos (muchos en el Instituto Susini
de Flores, que recibe aportes del 60 por ciento y cobra una cuota algo mayor
que el Cardoso, que era de 11.500 pesos).
(Pagina 12)