Las debilidades del propio gobierno como el frágil liderazgo de Castillo y los errores en el nombramiento de funcionarios han ayudado a esos planes, según analistas peruanos. Según una encuesta de Ipsos, el mandatario tiene una aprobación popular de 25 % y una desaprobación de 69 %.
Los planes de la oposición radical peruana pasan por la pronta destitución del presidente Pedro Castillo y quizás de la vicepresidenta Dina Boluarte, pero sin llamar a elecciones anticipadas, según reconocieron algunos de sus portavoces luego de que se conocieran denuncias de supuestas reuniones conspirativas.
“Perú no seguirá a la deriva. Tendrá pronto un nuevo timonel. No nos vamos todos, se irá él (el presidente)”, afirmó el parlamentario Jorge Montoya, del partido ultraconservador Renovación Popular (RP), al admitir que la intención es que el actual Congreso se quede hasta 2026, cuando expira su mandato.
En principio, si Castillo es destituido su cargo será asumido por Boluarte, pero si por alguna razón ella no se consolida, la jefatura de Estado quedará en manos de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, quien tendría que convocar a elecciones generales en menos de un año.
Sin embargo, según el constitucionalista José Naupari, la ley tiene vacíos que podrían permitir que Alva –pilar en lo que el oficialismo y sectores independientes llaman “planes golpistas”- intente quedarse hasta 2026 con sus aliados de derecha “dura”.
El muy convulsionado ambiente político peruano se complicó aún más el fin de semana, cuando el semanario Hildebrandt en sus Trece documentó que varios congresistas y otros políticos se reunieron en un hotel limeño para analizar la destitución de Castillo.
Participantes del encuentro, organizado por la fundación alemana Friedrich Naumann y por un instituto vinculado al partido Fuerza Popular (FP), de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, reconocieron que que la agenda se centró en la destitución, pero aseguraron que no fue secreto pese a que no se había anunciado públicamente.
Según Hildebrandt en sus Trece, que filtró en el hotel a dos reporteros, en la reunión estuvieron, además de Alva, dos congresistas de cada uno de los tres partidos que trabajan abiertamente por la destitución: Hernando Guerra García y Patricia Juárez, de FP; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de RP, y Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País.
Asimismo, estuvieron los congresistas Lady Camones, Luis Arriola y Carlos Anderson, que tienen posiciones personales más duras contra el Gobierno que sus partidos Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular (AP) y Podemos Perú (PP), respectivamente.
Completaron el foro otros dos políticos de derecha, Úrsula Letona y César Candela, el constitucionalista Carlos Hakansson y el exalcalde de Lima Jorge del Castillo, jefe del gabinete ministerial en el segundo Gobierno de Alan García y activo opositor extraparlamentario, así como el delegado de la Naumann en Perú, el alemán Jorg Dehnert.
Sin embargo, según la crónica del reportero Eloy Marchán, los focos se centraron en Alva, la potencial presidenta. La parlamentaria, que aunque pertenece a AP tiene ideas que la hacen próxima a la derecha radical, cada vez es más abierta en reconocer la pretensión de destituir al presidente.
Alva, dice el artículo, se mostró especialmente preocupada en los argumentos constitucionales para defender la vacancia –como se llama formalmente a la destitución de un presidente- y la no realización de elecciones generales inmediatas.
Los planes para sacar a Castillo, del partido izquierdista Perú Libre (PL), comenzaron incluso desde antes de que éste asumiera la presidencia el 28 de julio, pues FP, RP y Avanza País pretendieron desconocer su triunfo electoral en segunda vuelta sobre Fujimori.
Debilidades del Gobierno como el poco liderazgo de Castillo y los errores en el nombramiento de funcionarios han ayudado a esos planes, según analistas, aunque no se han concretado entre otras cosas porque los opositores radicales, y en general el Congreso, tienen tantas o más resistencias populares que el mandatario.
Según una encuesta publicada el domingo por la firma Ipsos, el presidente tiene una aprobación popular de 25 % y una desaprobación de 69 %, pero al Congreso lo aprueba 21 % y lo desaprueba 62 %.
Esos sentimientos, en opinión de analistas, dificultan que la opinión pública acepte una destitución de Castillo si no está acompañada de un casi inmediato relevo del Congreso.
El destape sobre la “reunión conspirativa” detonó diversas reacciones. La parlamentaria oficialista Margot Palacios, por ejemplo, presentó una acusación constitucional contra los congresistas participantes, a lo que algunos de ellos respondieron con amenazas de llevarla a juicio.
Asimismo, el Partido Morado, de centro, que había presentado un proyecto de ley para aumentar las causales por las que se puede vacar a un presidente, lo retiró para evitar que sea aprovechado por “la ultraderecha”.
PL rechazó por su parte los “planes golpistas” y algunos legisladores oficialistas propusieron que se saque del país a la Naumann, fundación que apoya actividades conservadoras en América Latina pero que en Perú ha llegado, según quienes la denuncian, a posiciones ultra.
La Naumann, cuyo representante Dehnert está casado con la dirigente fujimorista Bertha Carrillo, financió entre otras cosas la llegada del opositor venezolano Leopoldo López para apoyar la campaña de Fujimori y la realización en Quito de una reunión internacional antiizquierdista liderada por el Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa.
Asimismo, la Fundación sostiene económicamente a centros de estudios y portales de Internet a los que se consideran de extrema derecha, como el que dirige el ex ministro Daniel Córdova o el portal Piensa.
Según el diario La Republica, el gran aliado de la fundación en esas actividades y en la reunión de la semana pasada es el Centro de Innovación de Políticas Públicas, instituto ligado a FP que está dirigido por Carlos Hamman y Guillermo Nakamura, vinculados además al partido Vox, de España.
El nuevo episodio en la política peruana se da cuando el nuevo gabinete ministerial, presidido por Aníbal Torres, se prepara para pedir del Congreso el voto de confianza, un acto en que tendrán un rol gravitante partidos como APP, AP, PP y Somos Perú, que desde la centroderecha le han dado hasta ahora apoyo al presidente.
(Telam)