La concentración está llamada para las 17 frente al edificio donde funciona la Corte. Se pide un cambio profundo en el Poder Judicial.
Organismos de
derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales se
congregarán este jueves a las cinco de la tarde frente al Palacio de Justicia
para reclamar cambios profundos en la Corte Suprema. “Vamos a exigir la reforma
de lo que se ha convertido en un partido Judicial. Es insólito lo que pasa en
la Corte: en lugar de impartir justicia, lo que hace es impartir injusticia”,
dice Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo– Línea Fundadora,
después de terminar un encuentro con otras de las organizaciones que participan
de la convocatoria con la que se pretende impulsar un reclamo de transformaciones
en el máximo tribunal –disparado especialmente después de que su presidente,
Horacio Rosatti, asumiera al frente del Consejo de la Magistratura en lo que se
entendió como un desafío a los poderes políticos–. “Se mueren los genocidas
impunes y nos estamos muriendo nosotras sin lograr justicia. No podemos tolerar
que existan presos políticos en Jujuy ni la persecución del gobernador
(Morales) contra Milagro y los compañeros de la Túpac. Esas son muchas de las
razones que tenemos para estar en las calles”, recalca la integrante de Madres.
La convocatoria a
la marcha contra la Corte se empezó a gestar hace dos semanas en la reunión de
los organismos. Hubo contactos con referentes del movimiento sindical y
finalmente el lunes pasado se concretó una reunión en la sede de la CTA en la
que se acordó la fecha de la concentración. Este martes, se hizo el anuncio
formal en el Congreso. Lo hicieron los organismos de derechos humanos y, a sus
espaldas, se juntaron sindicalistas, diputados y senadores que apoyan el
reclamo.
El anuncio cayó
en una fecha especial: justo en el día en el que se cumplieron cinco años desde
que la Corte –con los votos de Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos
Rosenkrantz– habilitó el beneficio del 2x1 para los genocidas. El fallo –a
contramano de lo que habrían pensado los supremos y el gobierno de Cambiemos–
funcionó como un boomerang: una ola de repudio recorrió las calles y permeó en
los tribunales, donde los jueces rechazaban aplicar la doctrina de la Corte
–que terminó dando marcha atrás un año después–. “El jueves tenemos que
demostrar, como lo hicimos con el 2x1, que –al tomar las calles– que el pueblo
unido jamás será vencido”, dice Taty.
¿Qué justicia?
“Esto ya no es
justicia”, lamenta, por su parte, Iris Avellaneda, presidenta de la Liga
Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “En la Corte Suprema cajonean las
causas. Nuestro caso estuvo cajoneado desde 2013”, dice.
A Iris la
secuestraron junto con su hijo adolescente, Floreal “Negrito” Avellaneda, en
abril de 1976. Ella sobrevivió. Al “Negrito” lo torturaron ferozmente hasta
matarlo. Su cuerpo fue tirado al Río de La Plata. El caso de Iris y del Negrito
fue el primero en llegar a juicio en los tribunales de San Martín por los
crímenes cometidos en Campo de Mayo. El juicio y la sentencia fue en 2009, pero
apelaron la pena baja que les habían dado a dos represores que participaron del
secuestro de madre e hijo –Raúl Harsich y César Fragni–. El tema estuvo en la
Corte durante ocho años. El año pasado, los supremos advirtieron que no tenían
nada por hacer y reenviaron el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal
que aún no se pronunció. Un caso de calesita judicial.
“¿Qué justicia
tenemos?”, se pregunta Iris. “No tenemos ni un cuarto de los genocidas
condenados; los que están condenados están en sus casas y las causas están
atrasadas. Una pretende que esto cambie. La única solución es que estemos en
las calles para que se resuelva y tengamos justicia como es debido”, agrega.
Graciela Lois, de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, cree que la
concentración del jueves puede ser la primera manifestación de muchas otras.
“No es por pesimismo”, aclara y remarca cuál es la consigna que sacará a los
organismos a las calles: “Queremos que se democratice la Corte, que se amplíe y
que funcione”.
María Elena
Naddeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se
entusiasma con las adhesiones que van recibiendo. La convocatoria incluye a las
dos CTA, a sectores de la CGT, organismos de derechos humanos, partidos y a
sectores del movimiento de mujeres. “Estamos tratando de articular todo esto”,
cuenta. “Reclamamos una reforma profunda del Poder Judicial y de la Corte en
particular”.
La transformación
judicial viene de la mano de una serie de reclamos, que enumera la referente de
la APDH: “Estamos apoyando el pedido de remoción, el proyecto de ampliar la
Corte y planteamos que sea con paridad de género. También exigimos el cese de
cualquier persecución política que tenga al Poder Judicial como brazo
ejecutor”.
Parte del lawfare
El diputado
Leopoldo Moreau fue otro de los legisladores que, junto con Hugo Yasky, estuvo
articulando con los organismos de derechos humanos. Para Moreau, el reclamo del
jueves tiene tres patas: el pedido de remoción de todos los integrantes del
máximo tribunal, el respaldo de los proyectos para ampliar la Corte y la
celebración de una consulta popular –que impulsa el senador Oscar Parrilli–
para acompañar la reforma judicial.
“Es una Corte que
está conducida por los grupos dominantes de la Argentina y tiene una fuerte
influencia de la embajada norteamericana. En el pasado jugó un rol en el
lawfare y, en el presente, es el refugio de la impunidad del macrismo”, dice
Moreau, que preside la Comisión Bicameral de Inteligencia.
El Palacio frente
a la calle
En la Corte
relativizan la importancia de la convocatoria del jueves. Lo habían hecho
también con la marcha que se hizo en febrero y que obligó también a la Corte a
una serie de medidas para intentar lavarse la cara después de las guerras
intestinas en las que estuvieron embarcados sus miembros. Entre otras cosas,
fue, a raíz de esa manifestación, que la Corte anunció una serie de audiencias
públicas –práctica que había quedado en desuso en la pandemia y que venía
bastante abandonada desde tiempo antes–.
Este martes, hubo
acuerdo en el máximo tribunal y los supremos decidieron firmar una serie de
fallos vinculados a temas de lesa humanidad. La mayoría se resolvieron sin
adentrarse en el fondo, a excepción de uno en el que le advirtieron a un
tribunal que había calculado la pena de los imputados a la baja que eso podría
acarrear responsabilidad internacional del Estado argentino.
La propia Corte
estuvo en el centro de un reclamo de Naciones Unidas por la demora a la hora de
resolver las causas vinculadas a crímenes cometidos durante los años del
terrorismo de Estado. Aún se espera un
pronunciamiento del organismo internacional. El último fallo de trascendencia
que firmó la Corte en esta materia fue el que reactivó la causa contra Carlos
Pedro Tadeo Blaquier, pero el tribunal de juicio lo dejó afuera por no estar en
condiciones de afrontar el proceso. La demora de seis años en la Corte lo ayudó
para conseguir esa salida nada elegante.
Por el momento,
el tribunal que encabeza Rosatti no está demasiado interesado en dar un mensaje
para acelerar esas causas. Ante una consulta de Página/12, en el máximo
tribunal dijeron que, por el momento, no estaba previsto reactivar la comisión
interpoderes –creada en 2008 para impulsar los juicios que estaban arrancando,
que fue desactivada durante el gobierno de Mauricio Macri y que tuvo un efímero
resurgimiento entre 2020 y 2021 cuando Rosenkrantz la convocó para evitar
cuestionamientos por su postura en esos expedientes–.
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