Se trata un precedente insólito para la situación, con un rastro de víctimas en todo el país. En Corrientes, los damnificados se ilusionan con el fallo de la Justicia de la provincia de Santa Fe.
La mujer de Venado Tuerto suscribió dos contratos con Leonardo Cositorto, presidente de Generación Zoe SA y de Zoe Empowerment SA, mediante los cuales “aportó la suma total de USD 32.403 para la adquisición de un “robot Zoe Broker 2021” y un “robot Zoe Navideño 2021”, dice el fallo.
En el primer contrato, por ejemplo, le prometieron un retorno del 200% anual en seis cuotas bimestrales. En el segundo, la promesa fue similar pero en la mitad de tiempo.
El fallo establece: “Bajo responsabilidad de la parte actora, hasta cubrir las sumas de USD 64.806 más USD 12.000 presupuestado para responder a intereses y costas, decrétase el embargo solicitado sobre las sumas que se encuentren depositadas o ingresen en el futuro por cualquier concepto -con excepción de las que ingresar en concepto de haberes- en cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, cuenta títulos y valores y/o sobre activos de cualquier naturaleza como pertenecientes a la demandada Zoe Empowerment SA”, dice el texto que lleva la firma del juez Alberto Alemán.
Se trata de un precedente insólito para la situación, con un rastro de víctimas en todo el país que esperan exactamente lo mismo: cobrar la plata que les robaron.
La cuenta donde estaría el dinero de Cositorto ya fue ubicada en un banco porteño. El juez también dio directivas para el giro. “Las sumas retenidas deberán ser depositadas en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires -sucursal Tribunales- en una cuenta que deberá ser abierta a nombre de las presentes actuaciones”,
Por lo pronto, el millón de dólares incautado en la causa de la fiscal Companys, coinciden fuentes en los tribunales cordobeses, podría ser destinado para un reparto en la Justicia Civil.
También fueron incautados 12 autos de alta gama que podrán ser liquidados, con marcas como Mercedes Benz, Audi y BMW.
En Corrientes se estima que hay unos 300 damnificados, la mayoría de las víctimas residen en la ciudad de Goya. Se habla de una estafa que supera los 8 millones de dólares.
(Litoral)