"EXCURSION DE PESCA" | Exclusivo: Una denuncia falsa activó los allanamientos a comedores sociales del AMBA
Impulsada por el ministerio de Desarrollo Social en octubre de 2019, la causa tiene tres testigos que hoy militan en una ONG del macrismo. Meses de teléfonos pinchados y escuchas en clave narco en tiempo real. “Esta causa se convirtió en una verdadera ‘excursión de pesca’, donde no se investiga un hecho, sino que se busca por medios ilegales, encontrar algo para imputar falsamente delito", denuncian los defensores.
La jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 23 merenderos y
comedores de la Corriente Clasista y Combativa en San Martín, CABA y La
Matanza, el pasado 5 de julio, en el marco de una causa que armó el macrismo en
2019 y que está caratulada como “Averiguación de delito”. Durante meses le
pincharon los teléfonos a militantes de la CCC y realizaron escuchas que los
defensores señalan que fueron ilegales. También hubo escuchas en tiempo real,
es decir que un oficial escuchaba en el momento que estaba ocurriendo la
conversación e iba informando a cada instante, “un procedimiento que se utiliza
comúnmente para casos de secuestro extorsivo o de narcotráfico”, recuerdan
desde la CCC y dicen que Vence “debería explicar cómo se filtran escuchas
ilegales de su juzgado a los medios de comunicación” y las fotos del dinero
incautado por la Policía Federal: 44 mil dólares, los ahorros de toda la vida
del matrimonio de una de las casas allanadas, y 3 millones de pesos, que son
los aportes voluntarios de los militantes de la organización de todo el país.
La criminalización de los movimientos sociales está en la agenda judicial y
política (ver recuadro aparte).
Falsa denuncia
La causa se inició el 30 de octubre de 2019 cuando Patricio Martínez,
entonces abogado del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de
Mauricio Macri, denunció ante la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones
del Fuero Federal supuestas irregularidades vinculadas al programa Proyectos
Productivos Comunitarios a partir del testimonio de Héctor Darío Sánchez, quien
afirmó que se vio forzado a realizar aportes, participar en marchas y que
percibió el plan durante seis meses, para luego ser dado de baja. Sánchez
declaró que María Luisa Valle y Rosa Isabel Méndez también fueron dadas de
baja. Una vez recibidas las actuaciones en el Fuero Criminal y Correccional
Federal de San Martín, la causa se asignó al Juzgado Criminal y Correccional
Federal N°2 de San Martín. Vence -que durante seis años fue secretaria del juez
federal Claudio Bonadio- delegó la investigación en el fiscal Jorge Sica.
El fiscal Sica libró un oficio al Ministerio de Desarrollo Social para
solicitar información. En la respuesta, agregada al expediente, se informa que
Héctor Darío Sánchez, María Luisa Valle y Rosa Isabel Méndez se encuentran en
situación “activa” y cobrando regularmente, es decir que no fueron dados de
baja del programa, “lo que confirma la falsedad de la denuncia”, argumentan
desde la CCC. Sánchez había declarado ante el fiscal que le pidieron aportes,
que se negó a hacerlos y que se fue de la organización. Sánchez, Valle y Méndez
--aclaran desde la CCC-- ahora militan en ConstruyendoAr, una ONG de San Martín
vinculada al macrismo.
Después de dos años, la jueza Vence le sacó la investigación al fiscal Sica
y dispuso realizar tareas de inteligencia sobre la Corriente Clasista y
Combativa. La jueza emitió una resolución el pasado 1° de febrero de 2022, a
pedido de la Policía Federal, donde ordenó la intervención de tres líneas
telefónicas de militantes de la CCC: Gerardo José Robbiano, Patricia Paula
García y Rosalina Florenciano Caballero. Los tres, según Sánchez, le pidieron
aportes y como él se negó le dieron la baja. Como informó el ministerio de
Desarrollo Social, Sánchez no fue dado de baja y continúa cobrando. Vence
ordenó allanar 23 comedores comunitarios, locales políticos y domicilios
particulares en un expediente que sigue caratulado como “Averiguación de delito”.
La Corriente Clasista y Combativa denunció que hubo situaciones de
violencia en el allanamiento a un comedor de San Martín, una estructura
precaria hecha de madera. La policía tiró la puerta a patadas para entrar y
como consecuencia del impacto medio comedor se desplomó. En el allanamiento a
un comedor en La Matanza, los vecinos del barrio hicieron acto de presencia. La
policía los apuntaba con armas a modo de amedrentamiento. Cuando se retiraron,
desde una de las camionetas de la Policía Federal les arrojaron gas pimienta a
varios vecinos.
“Excursión de pesca”
Nicolás Tauber, abogado de los militantes sociales allanados y profesor de
Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, cuenta a Página/12
que la jueza “no leyó o no le dio importancia a la respuesta del ministerio de
Desarrollo Social” y que decidió emprender una investigación sobre la Corriente
Clasista y Combativa con la excusa de la denuncia. Tauber subraya que las
medidas de inteligencia sobre los denunciados son ilegales. “No se expresaron
razones que fundamenten su necesidad -se podía investigar sin ese grado de
invasión- y su procedencia; en la causa no hay pruebas o elementos suficientes
contra los denunciados para ordenar esas medidas”. El abogado de los militantes
sociales allanados asegura que “las tareas de inteligencia se centran en su
militancia política y no en posibles hechos delictivos que hayan cometido”.
En el lenguaje jurídico “excursión de pesca” implica que ante la falta de
pruebas se ponen a buscar a ver si encuentran algo ilegal. Este mecanismo
denominado fishing trip o fishing excursion por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de los Estados Unidos ha sido sistemáticamente declarado
inconstitucional tanto en Estados Unidos como en Argentina. “La búsqueda indiscriminada
de material probatorio para así promover un proceso atenta contra las bases
mismas del sistema republicano al atacar uno de sus pilares, el estado de
inocencia de las personas”, fundamenta Paula Quinteros, abogada de una de las
militantes de la CCC allanadas.
“Esta causa se convirtió en una verdadera ‘excursión de pesca’, donde no se
investiga un hecho, sino que se busca por medios ilegales, encontrar algo para
imputar falsamente delitos y poder atacar a una organización social,
colocándola como una asociación delictiva”, plantean desde la CCC liderada por
el diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, y agregan que esta causa
es también “una operación mediática”, con los periodistas del Grupo Clarín
“haciendo publicaciones y mostrando actuaciones, elementos, fotos, audios, que
son reservados” y que fueron difundidos “antes de que las partes involucradas
los conozcan”.
Paula Quinteros, abogada defensora de una de las militantes de la CCC,
solicitó el lunes 18 de julio que se declare “la nulidad absoluta de la
instrucción, se devuelvan bienes y dinero secuestrados” y recusó a la jueza
Vence en virtud de existir “un temor fundado respecto de su imparcialidad” y
“por enemistad manifiesta”. En el escrito presentado, Quinteros señala que el objeto
de investigación contra la CCC “obedece a la estigmatización, etiquetamiento y
persecución política, mediática y judicial que marca la ‘agenda’ contra los
movimientos sociales”. En otro tramo del escrito, Quinteros precisa que “con
sumo desconocimiento de la realidad de los hechos, la CCC es tratada a lo largo
de toda la causa como si fuera una organización criminal”. Quinteros destaca
que “no hay mérito para considerar que los aportes que presuntamente reúne la
Corriente Clasista y Combativa sean provenientes de una exigencia ilegal,
amenaza o extorsión” y que se encuentra “sumamente probado la falsedad
testimonial de los denunciantes y que aquellos actuaron con motivaciones
políticas”.
El antecedente de Jujuy
El miércoles 6 de julio la policía del gobernador Gerardo Morales pateó
puertas de las casas de por lo menos once dirigentes sociales de Jujuy y cinco
domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones
sociales con órdenes de allanamientos del fiscal Diego Funes, quien decidió
abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto
Fernández a Milagro Sala. Los allanamientos, bajo la imputación de “asociación
ilícita”, se produjeron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará,
Lozano, Yala y Calilegua, en lugares que pertenecen a dirigentes del Movimiento
Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra
América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán. La policía de Jujuy
llegó a infiltrarse en las organizaciones para recoger información. La orden de
"infiltración" surgió en el marco de la investigación que impulsó la
fiscalía de Jujuy ante las protestas de las organizaciones sociales durante la
apertura de las sesiones legislativas ordinarias de la Provincia.