El 31 de marzo pasado el Ministerio Público fiscal ordenó una investigación sobre referentes sociales opositores a Morales. El espionaje sin autorización de un juez reunió en un expediente casi 80 fichas con fotos y datos personales de dirigentes. Los defensores recién tuvieron acceso a la causa el viernes pasado.
El 31 de marzo último, a horas de la apertura de sesiones de la Cámara de
Diputados encabezada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy, el fiscal
Diego Funes dispuso textualmente “infiltrar” a todas las organizaciones
sociales que se movilizarían ese e “individualizar” a sus referentes. La orden
dice que se designaron “grupos de trabajo”, una denominación con claro
parentesco con la de uso dictatorial de “grupos de tareas”. La investigación
fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de
Seguridad provincial, es decir, al propio gobierno de Morales. Fue la antesala
de los 16 allanamientos en los que diez días atrás la policía jujeña revolvió
casas, comedores, merenderos y sedes de los movimientos sociales, esta vez con
la excusa de indagar en el reparto interno de los planes Potenciar Trabajo –lo
que aprovechaba un asunto instalado en el debate público-- y bajo la hipótesis
de una supuesta “asociación ilícita”. Las y los defensores de las personas que
fueron blanco de los operativos pudieron ver el expediente recién el viernes
último: no sólo se toparon con las órdenes de infiltración sino con fichas
personales de casi 80 dirigentes con fotos, todo tipo de datos personales,
desde con quién viven, sus cuentas bancarias hasta, inmuebles e información del
registro automotor.
La visita a Jujuy, la semana pasada, de la Comisión de Solidaridad con los
Pueblos en defensa de los Derechos Humanos (integrada por dirigentes sociales,
políticos y de derechos humanos) permitió destrabar el acceso al expediente. La
abogada Alejandra Cejas llegó el viernes a la fiscalía con Jackie Salguero, que
atiende y vive en un comedor y merendero del Movimiento Evita en el pueblo de
Lozano y que integró la lista de los allanamientos. Quería asumir formalmente
la defensa de la mujer, que estaba con su bebé en brazos, y de la concejala y
militante de la Tupac Amaru, Fani Martínez, de Calilegua, allanada pese a tener
fueros. El secretario, Sebastián Ruiz, le dijo que no. “No hace falta que asuma
la defensa”, indicó el funcionario. Pero la letrada sabe que estas formalidades
pueden ser decisivas. “No voy a hacer venir a mis clientas de Lozano y de
Calilegua otra vez”, retrucó ella. “No hace falta, si es por saber quiénes son
acá adentro tenemos todo filmado”, se mofó el secretario como para mostrar cómo
se maneja la fiscalía. Todo tiene ese tono: a la concejala, el jefe de la
brigada local le reconoció en la cara que los policías habían robado 15.000
pesos de su casa en el operativo.
En los dos días previos, quienes conformaron la Comisión de Solidaridad se
llevaron una sorpresa: viajaron a Jujuy con la idea de asistir a los allanados,
recabar sus relatos para elaborar presentaciones judiciales e internacionales y
evitar privaciones de la libertad, pero terminaron recibiendo 58 denuncias de
hechos de represión, detenciones arbitrarias, torturas, intimidaciones,
despojos de tierras y violencia sobre comunidades originarias. Las
organizaciones sociales perseguidas son todas las opositoras a Morales, cerca
de 30. Entre varias de ellas históricamente existían diferencias, tanto que ni
se hablaban. La ofensiva del líder de la UCR logró que para este martes llamen
juntas a una movilización.
Investigación “de oficio”
Funes encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la
Administración Pública. Es el número dos del Ministerio Público de la Acusación
(MPA), controlado por Morales y delegada al fiscal general Sergio Lello
Sánchez, de su absoluta confianza, un funcionario denunciado por maltrato
laboral y violencia de género.
Todo hacía suponer que Funes había abierto la causa apenas antes de los
allanamientos masivos del 6 de julio. Pero ahora las organizaciones cotejaron
que fue antes, cuando la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de
Seguridad de Morales labró un acta, a la que accedió Página/12, que explicita
la orden de infiltración así: “En fecha 31 de marzo del 2022 siendo las 18.30
el señor fiscal de investigaciones Dr. Diego Ignacio Funes transmitió directivas
donde solicitaba que personal de esta agencia en el día de la fecha se
constituya sobre los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los
fines de lograr individualizar a los referentes de cada organización como así
también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se
encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la
cantidad de personas que participan de esa organización, por lo que siendo las
8.00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas
organizaciones…”. Luego prevé el recorrido en “la zona Centro Calle Martiarena
y Gorriti, Calle 19 de abril, Calle Martiarena y Bustamante, los lugares donde
se encontrarían movilizando estos grupos…”
En las siguientes fojas de la causa aparece el reporte de la Agencia de
Delitos Complejos --ideada en teoría para perseguir narcotráfico-- que,
explica, organizó la infiltración en “diversas comisiones” a cargo de cinco
oficiales de la policía supervisados por el comisario Marcero Rodríguez. Agrega
una grilla con las organizaciones que estarían y a qué hora, algunas de las
cuales tres meses después serían allanadas. Mencionan desde la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores
Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita,
el Frente Darío Santillán, Nuestramérica, el Frente de Organizaciones en Lucha,
hasta el Consejo de Pueblos Originarios, Barrios de Pie, el MTR 12 de abril, el
Polo Obrero, ATE y varios sindicatos y hasta trabajadores despedidos de
Garbarino, entre tantas.
El parte menciona cómo van llegando los/las militantes sociales, de a
cuántos, algunos “con instrumentos musicales", dice. Señala el derribo de
una valla y avisa que los policías denunciarán agresiones. Agrega que para
poder identificar a las personas que “tomaban asistencia” sacaron fotos. Hasta
la foja 40 hay casi puras fotografías, cerca de 80, con y sin nombres. Son
personas paradas en la protesta pacíficamente, o hablando con un megáfono o con
algún cartel. El informe menciona que hay también grupos de radicales y
peronistas en apoyo al gobernador Morales, pero en ese caso no les interesa
rastrear si alguien pasa lista, si llegan en micro, de a cuántos o cómo se
organizan.
"Esto es Gerardo Morales ordenando que intervenga la policía porque no
le gusta que la ciudadanía de Jujuy ejerza su legal derecho a peticionar. Es la
segunda vez que avanzan denuncias penales porque van a manifestar el día de la
apertura de sesiones (la anterior fue en 2018, con ocho detenidos de ATE y la
Tupac Amaru). Esta vez el agravante es que se ha distorsionado el sistema
judicial para perseguir, hostigar y criminalizar a quiénes lo único que hacen
es tratar de llegar a fin de mes, en una provincia donde no hay reactivación
del trabajo ni acceso a lo básico", explica Cejas. La irregularidad clave
que señala es que el fiscal Funes "no dio conocimiento a ningún juez de
que estaba iniciando una investigación". "No intervino ningún juez de
garantías o de control. El fiscal actuó directo con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál
era el delito? ¿Reunirse? ¿Peticionar? Es lo que hace cualquier organización de
la sociedad civil como la ampara la Constitución", advierte la abogada.
Luis Paz, otro de los abogados, presentó el 13 de abril un habeas corpus
colectivo en favor de varios dirigentes para garantizar su libertad
ambulatoria, tras las detenciones de tres militantes del Polo Obrero en una
movilización. El juez Jorge Zurueta consultó a todas las fiscalías de Jujuy si
había alguna investigación en marcha sobre esas personas y la respuesta
coincidente fue que no. Algunos de aquellos referentes terminaron allanados.
"Ahora que sabemos que la causa de los allanamientos se inició el 31 de
marzo, colijo que el MPA ocultó información al juez en perjuicio de los
dirigentes, que además recibieron un trato indigno, igual que los
abogados", explica a este diario. "Están gravemente afectadas las
garantías constitucionales en Jujuy", alertó. Zurueta no es del agrado de
Lello, que lo denunció el año pasado ante el superior tribunal.
Los allanamientos
La policía de Morales --que funciona bajo una ley de la última dictadura--
desplegó los violentos allanamientos ordenados por Funes, como informó este
diario. El fiscal escribió en una resolución que había relatos de gente de las
organizaciones que aludían a aprietes y amenazas de quitarles los planes
sociales si no van a las marchas o entregan una suma de dinero. También lo dijo
en una conferencia de prensa. No era cierto: la base de la causa estaba en las
actuaciones de oficio, sin denuncia previa ni motivación más que política,
iniciadas previo a la apertura de sesiones. La ofensiva encajaba con la
discusión pública que crecía por el manejo de los Potenciar Trabajo y con la
repentina iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires de la jueza Alicia Vence de
resucitar una causa de 2017 con allanamientos contra la CCC. Funes alegó que
investigaba posible "extorsión" y "asociación ilícita". A
los abogados/as presentados en el expediente les dicen que no hay imputados.
Sin embargo, en 16 operativos en diversas localidades jujeñas (San Salvador
de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua) se llevaron
computadoras, celulares, pendrives y documentos. La policía tenía indicado buscar elementos
relacionados con la distribución de los planes Potenciar Trabajo, pese a que la
mayoría de ellos --82.000-- son manejados y repartidos por la propia
gobernación, dicen en las organizaciones. Los procedimientos motivaron la
primera intervención de un juez, que igual no investiga.
"Buscan desmovilizar a las organizaciones sociales, como han hecho con
los sindicatos. Quieren meter miedo a los referentes. Con una justicia a medida
de las exigencias del gobernador. La infiltración ordenada por el fiscal
muestra que Jujuy está en riesgo porque se vulneran todos los derechos de los
ciudadanos con mecanismos de amedrentamiento, persecución e intimidación
similares a los de la dictadura. Está en riesgo la democracia", apunta
José Surita, referente del Movimiento Evita. Surita fue uno de los allanados.
Como no estaba en su domicilio destrozaron los vidrios, la puerta y el interior
de su casa, en Maimará. Igual que otros militantes, que la semana pasada
compartieron sus historias con Página/12, ya le había tocado lidiar con otras
estrategias con las que se hostiga a los/las militantes, como las
"contravenciones". En Jujuy quien sale a protestar es intimado a
dejar el espacio público en 15 minutos. Si no lo hace, tendrá una contravención
y con ella una actuación judicial que puede derivar en multas millonarias, 15
días de arresto o tareas comunitarias.
El dirigente cuenta que desde el día de los allanamientos, el
merendero-comedor donde vive Jackie en Lozano es vigilado todas las noches
desde las 20 por policías que algunos días además le golpean el portón de
manera brutal, varias veces y se van, se quedan merodeando y sacan fotos. "También van a las casas de familiares
de referentes para advertir que tengamos cuidado y abandonemos la lucha",
relata.
Las fichas
El resto del expediente son páginas y páginas de fichas con información de
las personas individualizadas el 1 de abril. ¿Qué datos figuran? Además del
domicilio y el número de documento, aparecen el cuit, número de celular u otras
líneas telefónicas, e-mail, con qué otras personas vive, si registra cheques
rechazados, datos bancarios/entidades financieras, si figura en el registro de
propiedad automotor, qué inmuebles tiene, en qué lugar trabaja, cómo figura en
al AFIP (por ejemplo aclaran si es o no "autónomo" o "monotributista"),
si registra datos en el sistema de salud. No hay ninguna justificación escrita
de por qué se busca todo eso y en qué medida serviría para establecer delitos.
Más bien parece una clásica excursión de pesca. "Algo que llama la atención
y trataremos de determinar es por qué aparecen datos que no surgen de bases
provinciales sino que son federales", plantea Cejas.
Algunas otras páginas son un rejunte de formularios basados en un modelo
que, al parecer, la fiscalía utilizó para preguntarles a determinadas personas
si alguien las presionó en relación a planes sociales. Varios están escritas a
mano y la letra es difícil de descifrar. Las fechas que aparecen son
posteriores al inicio del expediente. No faltan entre los relatos las menciones
estigmatizantes y, a esta altura, inverosímiles a Milagro Sala, detenida hace
casi siete años con una prisión preventiva que no está firme y en virtud, otra
vez, de la figura de "asociación ilícita", ese comodín utilizado para
dejar gente presa con facilidad, por razones políticas o de otra índole, ya que
es una figura imprecisa (alude a delitos indeterminados) y con elevadas penas previstas. Luego se
suman las fotos de sitios sospechosos (en general sedes de organizaciones o
casas de referentes) y pasibles de allanamiento, algunos marcados con círculos.
Las y los abogados evalúan los caminos a seguir. La recusación del fiscal y
el pedido de nulidad de todo este expediente es el camino más evidente, a
riesgo de caer en una encerrona en la justicia provincial. También un amparo
colectivo para proteger a las infancias (las que acuden a los merenderos).
Perder la libertad es uno de los fantasmas más temidos y es a lo que apuesta el
gobierno provincial, con el ejemplo palpable de Sala en el centro de la escena.
"En Jujuy todos estamos en libertad condicional, Morales aniquiló el pacto
democrático. Este expediente es otro experimento procesal: te denuncian,
aparecen testigos anónimos, te allanan, secuestran bienes y te dicen que no
estás imputado", explica con desazón Luis Paz. "Ya no me alcanza con
pensar en la intervención del Poder Judicial de Jujuy, se necesita --concluye--
la intervención federal de la provincia para restablecer la democracia y la
división de poderes".
La urgencia de una intervención
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos
Humanos viajó a Jujuy la semana pasada con la idea de evitar detenciones y se
encontró, además, con un vendaval de pedidos de ayuda y denuncias hasta de
torturas y despojos de tierras. Sus integrantes pidieron reuniones, lograron
ver al ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín, y estuvieron en la fiscalía.
La respuesta de tinte represivo que los dejó perplejos fue que en los
allanamientos "pudo haber excesos". Es, a la vez, la forma de negar
la sistematicidad de la persecución.
"Queremos dejar clara la urgencia y necesidad de la intervención del
Poder Judicial de Jujuy, sea por la vía del Congreso o por decreto y que luego
el Congreso lo reafirme. Se están violando cuestiones básicas de la vida
democrática y el régimen republicano, no es solo la persecución a Milagro Sala
sino a todas las organizaciones", le dijo a Página/12 Sergio Job, de la
UTEP de Córdoba y uno de los integrantes de la delegación.
Uno de los logros de la visita fue que después de reunirse con el fiscal
Diego Funes, éste les dio finalmente acceso al expediente a abogados y abogadas
que se presentaron en representación de las personas que habían sido allanadas.
Un pedido asombroso que escucharon en la fiscalía es que "garanticen que
los denunciantes no sufran ningún apriete", cuando quedó claro que la
causa no tiene denunciantes y que las víctimas fueron todas las personas
allanadas.
La Comisión nació después del golpe de Estado en Bolivia, en 2019. Un grupo
de militantes viajó entonces para relevar y visibilizar las violaciones a los
derechos humanos del gobierno de facto de Jeanine Añez. Luego tuvieron misiones
a otros países. Habían estado en Jujuy también. Esta vez fueron con apoyo y
participación de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso
a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que
mandó representantes de distintas zonas del país. También estuvieron María José
Cano de ATE-CTA Nacional, la diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho,
Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la
Matanza, Lisa Cabral, abogada del MTE, entre otros.
Entre las denuncias más inesperadas e impactantes que recibió el grupo,
estuvo la de una familia entera (madre, padre, hijo e hija) que fue torturada en abril después de la
represión en una movilización donde pedían alimentos para comedores y
merenderos que se replicó en varios lugares de la provincia. Los tuvieron seis
días detenidos, descalzos, bajo torturas y amenazas, primero en una comisaría y
luego en la cárcel de Gorriti. Les atribuían un corte en la ruta 14 que, para
peor, ni siquiera se llegó a consumar. Allí los habían emboscado desde debajo
de un puente. También les quemaron el auto. Hasta ahora no se había animado a
denunciar el horror vivido.
La Comisión recibió además 17 reclamos por despojos territoriales a
comunidades indígenas o rurales que habitan esos lugares hace años. Una mujer
de 35 años contó que es hija y nieta de pobladores ancestrales en Perico que
produce protos, choclo y frutales. Después que murió el terrateniente a quien
le habían adjudicado las tierras de la comunidad Churumata, una empresa
administradora comenzó a arrasar los cultivos y amenazarla para que firmara
contratos de arriendo, igual que a otros seis vecinos. Ella inició una acción
para regularizar la situación y desde el año pasado quieren desalojarla. Fueron
con policías con armas largas y cascos y hombres que se presentaron como
funcionarios. La presencia de funcionarios en los desalojos es un denominador
común en las denuncias, que suelen ser impulsadas por empresas ligadas a
negocios publicitados por el gobierno de Morales: uno es un campo lindero a la
producción de cannabis, los otros son proyectos mineros de hierro, oro, litio e
hidrocarburíferos.
El resto de las denuncias de las que tomó nota el grupo están ligadas a la
violencia en los allanamientos del 6 de julio, relatadas por Página/12, como el
caso del padre y el hijo a quienes tuvieron esposados durante cuatro horas boca
abajo mientras un ejército de policías revolvía la casa y les decía que buscaba
papel carbónico para hacer el acta. La Comisión hizo notar dos coincidencias
relevantes: el inicio del expediente el día del discurso de Gerardo Moreales en
la apertura de sesiones y los allanamientos el día que se hacía una marcha por
la persecución de dos jóvenes militantes de AJI-20 falsamente acusadas de
amenazas contra el gobernador por un grafiti de cuya autoría no existe ni una
sola prueba.
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