SE BUSCA VERIFICAR LAS CONTRAPRESTACIONES | El Ministerio de Desarrollo Social avanza en auditar los planes sociales

El gobierno nacional creó unidades de evaluación que verificarán el cumpli­miento de contraprestaciones de los beneficiarios que perciben la ayuda.


El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Ofi­cial una resolución donde afirma que el Ministerio de Desarrollo Social creó las "Unidades de Evaluación" para tener un mayor con­trol sobre los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y verificar si efectivamente realizan la contraprestación laboral de cuatro horas dia­rias a cambio de la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (Smvm).

Esto generó un gran ma­lestar en las organizaciones sociales que apuntan con­tra la vicepresidenta. "Es un ataque de Cristina Kirch­ner", dijeron. 

A través de la Resolución 835/2022, que lleva la firma del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se establece que en el ámbito de este programa "se con­formarán unidades de eva­luación en todo el territorio nacional, pudiendo suscri­birse para ello convenios con universidades nacio­nales".

"La facultad de verifica­ción incluye la evaluación y/o validación de la certifica­ción de la contraprestación que realizan los titulares de acuerdo a los proyectos de tipo socio-productivos, so­cio-laborales, socio- comu­nitarios o de terminalidad educativa que prevén los lineamientos generales del programa", indica la norma recientemente publicada por el Gobierno.

En tanto, "las sedes de dichas unidades serán de­terminadas de acuerdo a las posibilidades vigentes del Ministerio con la excepción de los casos en que se hayan celebrado convenios con universidades nacionales con el objeto de la confor­mación de una unidad de evaluación, caso en el cual, del convenio arribado de­berá surgir la determinación de la misma".

Se podrá disponer además de instancias y puntos de atención directa a los titu­lares del programa y grupos de trabajo en los centros de referencia dispuestos por las instituciones u organismos convenidos. También se conformarán a tales efectos "Centros de Economía Po­pular" que serán integrados por personal de la Secretaría de Economía Social.

Las unidades de evalua­ción proveerán "en forma periódica a la autoridad de aplicación el resultado de las verificaciones efectuadas en relación al cumplimiento de las corresponsabilidades del programa".

Asimismo, las unidades de evaluación promoverán "una planificación de la pro­ducción popular, tendiente a identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar la empleabilidad y forma­ción de los titulares".

Dicha información será provista a la autoridad de aplicación para que "facilite mecanismos de acceso de los titulares, grupos de tra­bajo y unidades de gestión a aquellas prestaciones técni­cas y materiales brindadas por el Estado y/o a la gene­ración de otras que resulten necesarias"’. 

El anuncio se produce se­manas después de que Cris­tina Kirchner arremetiera contra las organizaciones sociales.

"El Estado nacional debe recuperar el control, la au­ditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir terceriza­das", había dicho la ex man­dataria en su acto.

En el Ministerio niegan que el lanzamiento de estas unidades esté vinculado a los dichos de la ex presiden­ta.

Las Unidades de Evalua­ción deberán llevarán a cabo los controles junto a las Uni­versidades Nacionales, con las cuales sellarán acuerdos.

Además de verificar las horas de trabajo, se releva­rán las condiciones en las cuales se hace. En la reso­lución el Gobierno señala que "se busca identificar necesidades de capacita­ción, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar la em­pleabilidad y formación de los titulares".

La puja entre sectores pi­queteros y dirigentes del Gobierno por el manejo de los planes sociales refleja hasta qué punto es la trans­parencia del dinero destina­do teóricamente a paliar la pobreza, que en algunos ca­sos cae en el agujero negro de la corrupción.

Sectores de partidos de izquierda, como el Polo Obrero, reconocieron co­brar un "peaje" del 2% a cada beneficiario de un plan social que opere den­tro de su órbita. Se destinan a financiar tareas como las que se realizan en los me­renderos, aseguran desde esa agrupación, pero las dudas sobre el destino real de esos fondos absorbidos son cada vez mayores.

Igual, lo que más gene­ra tensión en el seno de las agrupaciones piqueteras es el novedoso avance de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre los planes sociales. El Gobierno ya de­cidió sacarles casi 180.000 planes a los piqueteros y se los traspasará a intendentes y gobernadores.

Se estima que la número dos del Gobierno ya tiene injerencia en el 70% del pre­supuesto público.



(Norte)