LA JUSTICIA DIO LA RAZÓN A CUESTIONAMIENTOS DE CIUDADANOS | Ganan juicio ambiental por el polémico dragado del Riachuelo
Es por el daño al medioambiente que generó el millonario excavado y con el desmonte del arroyo. El fallo se conoció el 1 de septiembre último.
"Luchar contra los delitos ambientales en Corrientes, sirve", señalaban el jueves pasado el movimiento de ciudadanos correntinos, ambientalistas, guardaparques y biólogos que fueron a la Justicia para cuestionar el millonario dragado del Riachuelo, el que provocó un daño importante al medioambiente.
A través de las redes sociales los correntinos nucleados en "El Riachuelo se defiende", confirmaron que después de cuatro años se conoció el fallo del juez Mario Fernández Corona, del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de esta capital, en el que reconoce "la falta de estudio de impacto ambiental del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa)", a la par que "ordena, en un plazo de 40 días, informar sobre si existió la recomposición del daño al ambiente por parte de la empresa contratista Ecodyma", e "insta a ejecutarla mediante un plan de gestión".
En el dictamen el magistrado también expresa "que el Estado correntino es el principal responsable de no cumplir la ley general del ambiente, N.º 25.675", y también "incita al Icaa a tomar mayor responsabilidad en su accionar en materia ambiental".
Pese a lo positivo de un fallo en materia ambiental, los demandantes cuestionan algunos puntos de la sentencia, que -según especificaron- les dejan un sabor amargo de inconformidad.
En ese sentido, concluyeron: "Necesitamos más jueces idóneos en materia ambiental en los tiempos actuales; que los delitos ambientales necesitan celeridad en la resolución, ya que los daños muchas veces son irreparables; que denunciar y llegar hasta las últimas consecuencias sirve y que somos los ciudadanos los que debemos exigir que se cumplan las leyes, porque para eso están".
Vale recordar, que la causa fue iniciada por ciudadanos y grupos ecologistas, debido al impacto causado al ambiente a raíz de la realización de obras en el arroyo Riachuelo, con el propósito, señalaron, de evitar inundaciones.
La demanda se sustentó no sólo en el daño generado al ambiente, sino también en el incumplimiento de numerosas normativas ambientales que no fueron tenidas en cuenta en la autorización y concreción del proyecto de dragado.
Las cuales demandaron una inversión provincial, en su momento, de $180 millones, y se iniciaron en julio de 2017; además, las dos etapas finalizaron en diciembre de 2018, completando el tramo hasta la confluencia con el Riachuelito.
Las obras
Las obras de dragado del arroyo Riachuelo se encararon en el marco de la ley de emergencia Nº 6.408 de abril de 2017, tras las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar, con el objetivo de disminuir el tiempo de permanencia de los excedentes hídricos o desbordes del arroyo. En su momento se informó que "se buscó mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados por las inundaciones, sin afectar al ambiente en forma permanente". Los trabajos realizados consistieron en el retiro de los sedimentos del cauce, para conformar un ancho uniforme en el mismo y dar una pendiente adecuada para una autolimpieza, y a la vez que no sea una velocidad erosiva que destruya sus taludes.
La obra fue encarada en dos etapas, con financiamiento del Gobierno provincial por más de $180 millones, la primera iniciada en agosto de 2017 hasta el puente Pexoa, y la segunda realizada por licitación pública, cuya apertura de sobres se realizó el 29 de mayo de 2019, con el objeto de ayudar a desaguar la cuenca, aguas arriba, que nunca tuvo una intervención, con avances de vegetación en algunos lugares en el mismo cauce, como en la zona de Paso Martínez. El dragado del Riachuelo se completó hasta la confluencia con el arroyo Riachuelito, pero no llegó a San Luis del Palmar.
(Norte)