Convalidó una condena de un juicio plagado de irregularidades | La Corte Suprema hizo otro aporte a la persecución de Milagro Sala
El máximo tribunal ratificó el fallo de la justicia de Jujuy en la causa conocida como "Pibes Villeros", que condenó a la líder social a 13 años de prisión. Los cuatro cortesanos coincidieron la resolución, que va en sintonía con lo que había dictaminado el procurador Eduardo Casal. La Tupac Amaru repudió la decisión judicial y convocó a una conferencia de prensa para este viernes.
La Corte Suprema
se escondió detrás de un formalismo para dejar firme una condena contra Milagro
Sala a trece años de prisión en lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación denunció como la “convalidación del lawfare” contra la dirigente social.
Minutos después de conocido el fallo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales,
celebró en Twitter y anunció que pedirá que la líder de la Túpac Amaru pase a
cumplir la pena en cárcel común.
En 2019, un
tribunal de Jujuy condenó a Sala a trece años de prisión por encontrarla
culpable de liderar una asociación ilícita, defraudar al Estado y extorsionar
en una causa que se conoce como “Pibes Villeros” por el nombre de una
cooperativa dedicada a la construcción de viviendas sociales. La justicia
provincial jujeña, alineada y moldeada por el propio Morales, convalidó todas
las decisiones del tribunal.
En marzo de
2020, la defensa de Milagro Sala presentó un recurso ante la Corte Suprema con
la esperanza de que enderezara un proceso que estaba plagado de irregularidades
y en el que se habían afectado los derechos constitucionales de la dirigente
social. Entre otras cuestiones, los abogados de Sala habían planteado que el
tribunal la expulsó durante 60 días, por lo que ella no pudo controlar prueba
clave que se producía en las audiencias y que no permitió que declararan
testigos que podrían explicar cómo funcionaba la Tupac para ahuyentar las teorías
de que era una asociación ilícita.
La defensa
también dijo que el tribunal no quiso hacer un peritaje para ver qué obras se
habían hecho o no –una maniobra similar a la que se dio en el juicio contra
Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad– y que el juicio
prácticamente no fue público: solamente un número muy reducido de personas eran
habilitadas a ingresar a la sala de audiencias y los periodistas que asistían
no podían publicar lo que sucedía. Los letrados también habían pedido la nulidad
de la sentencia porque los fundamentos se dieron a conocer fuera de término y
porque la acusación era difusa.
En febrero, el
procurador interino Eduardo Casal pidió hacer caso omiso a los planteos de
Milagro que apuntaban a una violación flagrante del debido proceso. En esa
línea se pronunciaron los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El argumento
central de los cortesanos para rechazar la queja de Sala fue que la sentencia
ya había sido revisada por el tribunal superior de Jujuy y que la defensa no
había podido demostrar que hubiese una lesión a un derecho de raigambre federal
o que fuera una sentencia arbitraria, lo que habilitaría la intervención de la
Corte Suprema federal.
“Se advierte que
la defensa no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los
tribunales locales para desestimar los agravios de la parte referidos a la
presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de
parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y
la infracción del principio de congruencia, falencia que obsta de modo decisivo
a la procedencia de su impugnación en orden a dichas cuestiones”, escribieron.
Con algún dejo
de provocación, la Corte rechazó los argumentos sobre la publicidad del juicio
al compararlo con las pautas de difusión que estableció la Cámara Federal para
el Juicio a las Juntas.
A los minutos de
conocida la sentencia, Morales aprovechó para tuitear una “carta abierta al
kirchnerismo” y anunciar que pedirá a la Fiscalía de Estado, que es querellante
en la causa, que Sala pase a cumplir la pena en cárcel común. Sala está presa
desde enero de 2016. Inicialmente la detuvieron por una protesta contra el
gobierno de Morales y luego fueron sumando causas. El reclamo por su prisión
llegó a los organismos internacionales. Durante el macrismo, la Corte convalidó
la prisión preventiva de la dirigente social pero ordenó que se establecieran
las medidas alternativas que había dispuesto la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, por lo que fue enviada a prisión domiciliaria.
Reacciones
“No me sorprende
nada de lo que pasó en la Corte”, dijo Sala en una entrevista con El Destape
Radio tras conocerse el fallo. “Esta sentencia ya la tenían y estaban viendo el
momento justo para largarla”, sostuvo la líder de la Tupac.
En efecto, unos
meses atrás, voceros del máximo tribunal instalaron que podría salir el fallo
antes de fin de año. Rápidos, los cuatro supremos estamparon su firma este
martes en el primer acuerdo que llevaron adelante después de que el Tribunal
Oral Federal (TOF) 2 condenara a Fernández de Kirchner a seis años de prisión.
“La única esperanza que tenemos es Cristina. Yo ya estoy presa, pero, si viene
la derecha, va a venir por lo poco que queda”, agregó Sala.
Desde la
Secretaría de Derechos Humanos, apuntaron que la Corte usó argumentos
formalistas para convalidar la persecución contra Sala. “No sorprende, pero no
deja de indignar que la Corte Suprema vuelva a demostrar su falta de compromiso
institucional con la Constitución Nacional”, dijo el organismo que dirige
Horacio Pietragalla Corti. “El verdadero objetivo era la proscripción política
y la desmovilización social, y no la lucha contra la corrupción”.
Por su parte, el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que se presentó como amicus
curiae en este expediente– remarcó que los tuits de Morales muestran el
ensañamiento del gobernador, que el organismo denunció el año pasado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a la Corte, la
organización sostuvo que el tribunal decidió no analizar la violación de garantías
constitucionales. “La Corte rechazó el recurso por problemas técnicos. El rol
de una corte federal es precisamente asegurar la vigencia de las garantías
constitucionales, entre ellas, el debido proceso. Y, en este caso, bajo el
argumento de no afectar la autonomía provincial no lo hizo”, denunció el CELS.
La Tupac Amaru
reclamó un indulto urgente para Sala y realizará este viernes a las 16 una
conferencia de prensa. Para la organización, el fallo de la Corte es
escandaloso en términos políticos y jurídicos, ya que consagra un margen de
arbitrariedad a los tribunales provinciales.
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