La defensa de los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa intentó suspender el desarrollo del juicio en dos oportunidades durante la primera audiencia del debate. Lo hizo mediante la presentación de distintos pedidos de nulidad del proceso, que fueron rechazados unánimemente por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, a cargo del juicio. Desde la querella y la Fiscalía manifestaron que los pedidos formaron parte de una estrategia para "dilatar" y "entorpecer" el debate.
El primero de
los pedidos de nulidad formulado por el abogado Hugo Tomei, que encabeza la
defensa de los acusados, estuvo basado en un requerimiento que el letrado ya
había presentado sin éxito ante la Justicia de primera instancia y ante la
Cámara de Apelaciones. El abogado sostiene que durante las primeras horas
posteriores al crimen no se cumplió con el debido proceso a la hora de imputar
a los acusados. Tomei aseguró durante la jornada del lunes que ese
procedimiento fue una "imputación express" ya que las audiencias
duraron 25 minutos en total para todos los acusados a los que no se les habría
brindado información clara sobre los hechos imputados.
Tras un cuarto
intermedio de cerca de una hora, el TOC finalmente decidió por unanimidad
rechazar el pedido al señalar que la defensora oficial que hasta el momento
estaba a cargo de la representación de los acusados "les informó de forma
clara sobre los hechos atribuidos". Además, sostuvo que los pedidos de
nulidad ya rechazados por dos instancias "no pueden ser reeditados
infinitamente con idénticos argumentos".
Ante esto, Tomei
volvió a la carga y presentó un nuevo pedido de nulidad argumentando en este
caso que en la acusación de premeditación de los hechos "no se dice qué
conducta tuvo cada uno" por lo que "no se puede probar que se
pusieron de acuerdo". Luego de otro cuarto intermedio, el TOC volvió a
rechazar el pedido al asegurar que la acusación plantea "tiempo, modo y
lugar de manera clara y precisa". Entre los dos pedidos de nulidad el
inicio del debate se demoró unas cuatro horas, por lo que el abogado de la
querella, Fabián Améndola, aseguró que se trató de "una manera de
entorpecer el debate y dilatarlo".
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