La discusión sobre el estatus jurídico del embrión no implantado abre un nuevo capítulo en la colisión de derechos. Con la excusa del "vacío legal", la Corte busca poner en tela de juicio la IVE. Si el aborto es legal, ¿por qué las familias no podrían disponer con libertad de sus embriones in vitro?
La Corte Suprema
de Justicia de la Nación resolvió llamar a una audiencia pública para resolver
si una expareja podrá o no destruir sus embriones crioconservados en un
laboratorio. De esta manera, hace caso omiso de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo que habilita el aborto hasta la semana número 14 y
busca rediscutir aspectos que ya fueron consensuados previamente. Si una
persona está habilitada a descartar su feto cuando ya está implantado, ¿por qué
no podría disponer con libertad cuando el material genético se haya en un
estadio anterior en una clínica de fertilización? De manera solapada, el máximo
tribunal busca abrir interrogantes que contienen resabios de una discusión ya
saldada sobre cuál es el status legal de un embrión y, de manera subyacente, en
qué momento empieza la vida.
“Esta familia
está solicitando el cese de la crioconservación, y la realidad es que el
descarte de embriones ya está resuelto en Argentina porque hay ley de aborto en
nuestro país. Por eso, lo que está haciendo la Corte es una barbaridad. Podría
no considerar vinculante el fallo de la Corte Interamericana (fallo Artavia
Murillo y otros), pero con nuestra norma queda claro: si uno puede descartar un
embrión hasta la semana 14 de embarazo, cómo no podrá descartarse cuando está
en un laboratorio a 120 grados bajo cero. No tiene sentido y además es
peligrosísimo”, expresa la legisladora Mara Brawer.
Es peligroso,
según Brawer, porque abre la ventana para rediscutir una conquista ya
conseguida y poner en duda un consenso logrado. A partir de un debate lateral y
de manera solapada, se coloca en tela de juicio a la IVE: “Buscan volver a
discutir e implantar un debate donde no lo hay. Llaman a audiencia pública
porque quieren escuchar a los antiderechos otra vez. De nuevo quieren decidir
si el embrión es vida, si es un asesinato. Claramente, es el vericueto que
encontraron para poder dar marcha atrás o al menos poner en discusión derechos
ya conquistados. No quiero pensar qué ocurriría si la Corte no falla
correctamente”.
“Si Argentina
legalizó el aborto, con lo cual una persona puede interrumpir el embarazo, y
prevalece su voluntad antes que el feto, mucho más prevalecerá su voluntad si
se lo compara con un estadio de desarrollo inferior de un embrión”, apunta
Eleonora Lamm, doctora en Derecho (Universidad de Barcelona) y experta en el
área. Después sostiene: “Si ya existe una ley que otorga prevalencia a la
autonomía reproductiva, no se entiende por qué ahora habría que poner en
discusión la entidad que tiene un material genético in vitro, que no es más que
un conjunto de células”.
Marisa Herrera,
doctora en Derecho (UBA) e Investigadora independiente del Conicet, comparte la
postura de Lamm y afirma: “Después de la Ley de IVE queda claro: quien puede lo
más, puede lo menos. Si yo puedo descartar un embrión implantado hasta la
semana 14, ¿cómo no voy a poder hacerlo mucho antes? Realmente no es un caso
para audiencia pública”.
La excusa del
vacío legal
El conflicto
surgió cuando la expareja se presentó al laboratorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el que habían realizado el tratamiento para la criopreservación
de sus embriones, con el fin de solicitar su interrupción. A partir de técnicas
de reproducción asistida, había conseguido tres embriones y quería destruir el
material genético. Como el centro de salud negó esta chance --aludían que se
requería de una orden judicial para poder cumplir con este pedido-- la expareja
inició una demanda.
El antecedente
inmediato es de 2014. Ante problemas de fertilidad, el exmatrimonio había
acudido a la clínica y al año siguiente tuvo a su primera hija. Los otros
embriones fueron criopreservados, por lo que en el presente buscan que la Corte
autorice el descarte, pero el máximo tribunal argumenta la existencia de un
vacío legal.
Si bien en 2015,
con la reforma del Código Civil y Comercial, se preveía una ley que pudiera
legislar sobre estos casos de embriones no implantados, el tema no fue abordado
por el Congreso. Mara Brawer, diputada del Frente de Todos, es autora de un
proyecto legislativo que apunta a regular cómo disponer de los embriones. “En
su momento redacté un proyecto que buscaba echar luz sobre este tipo de
debates. Versaba sobre el acuerdo previo que debía haber entre los donantes de
los embriones para estipular el destino. Uno genera embriones y en muchos casos
no coincide con la cantidad de los que necesita, por eso es tan importante
manifestar la voluntad con respecto al futuro de aquellos que no se implantan.
También refería a la utilización científica del material genético y demás
aristas”.
Para Brawer, entonces,
si bien hace falta regular aspectos generales sobre los embriones, en este caso
puntual no existe un vacío legal que amerite la convocatoria a audiencia
pública. “Jurídicamente, el estado de desarrollo de un embrión en un tubo de
ensayo es menor al que puede presentar un embrión cuando está implantado”,
destaca.
Lamm acuerda con
la legisladora y destaca: “Aunque no haya una ley específica sobre qué hacer
con los embriones no implantados, hay toda una batería de normas --como la ley
de reproducción asistida, la IVE, el Código Civil y Comercial, o bien, la
jurisprudencia de la CIDH-- que establece que a esos embriones in vitro no se
le puede dar la entidad de una persona como se pretende hacer ahora”. En
efecto, según las especialistas, si se realizara una interpretación sistémica
de la legislación, la situación no dejaría lugar a dudas.
El artículo 19
de ese mismo código determina la existencia de la persona desde su concepción,
sin distinguir dónde se encuentra el embrión, dotándolo de protección y
derechos. El fallo “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica” de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, estipula que el derecho a la
vida está protegido una vez que el embrión ya está implantado y no antes.
Un aspecto que
esgrimen quienes están en contra de la destrucción de los embriones es que
antes de destruirlos, la expareja podría donarlos a otra pareja estéril que
desease tenerlos. Pero aquí la discusión se ramifica y abre múltiples ventanas
porque se requiere de la autorización de quienes aportan los gametos para que
ello ocurra. Y, en este caso, a priori, los aportantes no estarían de acuerdo
en esta cesión.
La especulación
de los laboratorios
También es
fundamental advertir el rol que desempeñó la clínica de reproducción asistida
porteña. Se trata de colocar el ojo en la firma del consentimiento informado
porque, precisamente con el fin de evitar estas discusiones futuras, las partes
rubrican este documento. Por intermedio de este instrumento, la institución y
quienes solicitan el servicio se ponen de acuerdo, y se expresan los derechos y
las obligaciones.
En esta línea,
Lamm refiere al accionar de los laboratorios. “En muchos casos, son los centros
de reproducción asistida los que están poniendo algún límite y solicitan una autorización
judicial, cuando en verdad no corresponde una autorización de este tipo. Las
personas que aportaron el material genético tienen potestad para decidir qué
hacer con él”.
Según el
principio de legalidad, todo lo que no está prohibido, está permitido. Por
ende, ante la ausencia de una ley específica que regule qué se puede hacer con
esos embriones, los individuos podrían hacer lo que quisieran. “También es
cierto que los centros se cubren y dilatan el procedimiento porque en el medio
siguen cobrando el servicio de una crioconservación que se abona a partir de un
monto anual”, detalla la experta. Todos los actores que meten la cuchara
especulan y extraen algún rédito bajo el argumento del vacío legal. Chivo
expiatorio de intereses subrepticios.
No obstante,
bien vale destacar: muchos laboratorios no se oponen a dar el material genético
a sus aportantes para que realicen una libre disposición al respecto. “Hay que
ver la cantidad de embriones que se devuelven a sus aportantes mediante
autorización judicial y no llegan a la Corte. Son muchísimos, pero bueno
tampoco hay que olvidar que la comunidad médica es bastante conservadora”,
plantea Herrera.
Maniobra al
descubierto
Aunque la de
ahora parece una puja emergente, lo que se busca con esta convocatoria es
rediscutir leyes como la IVE que en el pasado reciente fueron sancionadas con
consenso jurídico, científico y social. “A mí esta situación no me deja nada
tranquila. No es para nada inocente el hecho de haber puesto en la agenda este
tema por parte de la Corte. Se somete a discusión temas que ya fueron lo
debidamente discutidos en nuestra sociedad. En cualquier caso, lo vinculado a
la regulación de embriones necesita de una ley específica, que es tarea del
Congreso y no de la Justicia”, expresa Nelly Minyersky, abogada y una de las
fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito.
“Este tema es
sensible porque es político. Claramente sabemos cuál es la posición ideológica
de algunos miembros de la Corte Suprema, y está claro el guiño a los sectores
más conservadores. Todo pañuelo celeste está en contra del descarte de
embriones, por lo tanto, este debate se parece mucho al debate que se produjo con
la IVE”, determina Lamm. Luego continúa: “Hacer una audiencia pública sobre
esto para volver a escuchar todos esos argumentos no tiene sentido. En este
caso, ni siquiera está en juego el cuerpo de una persona. Me pregunto: ¿este
conjunto de células crioconservadas, entonces, tendrá una entidad jurídica
mayor que el feto ya implantado en el cuerpo de una persona?”.
La Corte podría
haber expedido una sentencia con el fin de ordenar al Congreso de la Nación que
sancione una ley especial para embriones, pero ese no fue el camino escogido
por los altos magistrados. ¿Por qué? Porque, como dice Lamm, la Corte está
formada por personas que tienen un claro posicionamiento político y “una
estrategia encubierta”. “Pienso que la Corte quiere consustanciarse con la iglesia
y con el sector empresarial. Ya empieza a haber rumores. Nos llega a ir mal y
habrá problemas porque lo que están buscando es invertir la lógica: si se
considerase persona al embrión, cuánto más lo serán los fetos de 14 semanas.
Buscan desacreditar la ley de aborto. No hay que darle más vueltas”.
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