CRIMENES DE LESA HUMANIDAD | Murió Carlos Blaquier, emblema de los empresarios cómplices de la dictadura
No llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por los secuestros de las "Noches del Apagón" en Jujuy gracias a que la Corte y la Casación dilataron durante casi ochos años la investigación.
Carlos Pedro
Tadeo Blaquier murió a los 95 años. Impune como solo pueden los poderosos. Pese
a que fue procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser
juzgado por los secuestros ocurridos en plena dictadura en la zona de
influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. Para evitar sentarse
en el banquillo de los acusados, el dueño de una de las empresas
agroindustriales más importantes de la región contó con la inestimable ayuda de
los más altos tribunales del país: la Cámara Federal de Casación Penal y la
Corte Suprema, que demoraron el proceso durante casi ocho años. Su impunidad
fue repudiada por organismos de derechos humanos mientras que el expresidente
Mauricio Macri lo despidió en las redes, obviando su prontuario en materia de
delitos aberrantes, y mandó su “cariño” a la familia Blaquier.
Blaquier pasó el
último mes internado, según informaron desde la empresa a la que él le dedicó
60 años de su vida. Doctor en derecho y con un título en Filosofía, Blaquier
fue algo más que un empresario comprometido con el terrorismo de Estado, fue
uno de los civiles que le dieron carnadura al plan económico de la dictadura.
Su ligazón con
el ingenio Ledesma quedó sellada cuando contrajo matrimonio con Nelly Arrieta,
cuyos padres eran los dueños de las instalaciones dedicadas a la producción de
azúcar. El joven abogado –heredero de los Álzaga– se incorporó a la empresa en
1952. Para entonces, se habían mudado con su esposa a Jujuy. Con ella tuvo
cinco hijos. Su suegro, Herminio Arrieta, lo dejó al frente del ingenio en
febrero de 1970 y él lo convirtió en un emporio –eso, sí, manchado con sangre–.
Antes del golpe,
Blaquier prestaba un palacete ubicado en la calle Azcuénaga a un grupo de
intelectuales y grandes empresarios que pasaron a llamarse el “Grupo Perriaux”
en alusión al abogado Jaime Perriaux. Como sostienen en el informe
Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Blaquier, de esa
forma, colaboró con quienes diseñaron el plan económico que después iba a
ejecutar José Martínez de Hoz.
El 24 de marzo
de 1976, comenzaron los secuestros en Jujuy. Una de las víctimas fue Luis
Arédez, quien, como médico del ingenio, había importunado a sus dueños tratando
de darles acceso a tratamientos de calidad a quienes enfermaban. Lo mismo había
hecho Arédez cuando fue intendente municipal de Libertador General San Martín.
Para llevar
adelante esos secuestros, las fuerzas contaron con vehículos que había
proporcionado la misma empresa. Para entonces, Ledesma también producía listas
negras de trabajadores. En julio de 1976, la metodología se perfeccionó. Las
localidades que rodean al ingenio se vieron envueltas en un gran corte de
suministro eléctrico que posibilitó que las fuerzas salieran a secuestrar bajo
el total anonimato. En lo que se conoció como las Noches del Apagón, fueron
raptadas decenas de personas. Todas ellas fueron llevadas a la hostería de Guerrero,
que funcionaba como centro de torturas, y luego trasladadas.
La denuncia
sobre los crímenes de Ledesma se inició en plena dictadura. Este año, la marcha
del apagón cumplirá 40 años –tantos como la democracia–. Olga Márquez, la
esposa de Arédez, fue uno de los emblemas de esa denuncia. Su hijo Ricardo
todavía está conmocionado por la noticia del deceso de Blaquier después de
tantos años de esperar verlo en el banquillo. “Ha sido una lucha tremenda y en
el feudo de Blaquier. Allá no cambió nada. Se convive con el que entregó
listas”, le dice a Página/12.
Historia de una
demora
Lograr que
avanzara una investigación contra Blaquier en Jujuy fue casi una proeza. Debió
ir un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña, para llamarlo a indagatoria y
procesarlo. En las calles, el reclamo de los familiares recibió el apoyo
multitudinario de la Túpac Amaru de Milagro Sala.
En 2012, Poviña
lo procesó en dos causas: la de los secuestros posteriores al golpe y la de las
Noches del Apagón. En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los
procesamientos. En ese momento, Blaquier todavía ocupaba la presidencia del
directorio de Ledesma. La dejó mientras avanzaba la causa en su contra. En ese
entonces, todavía frecuentaba la sede de la Escuela de Yoga Buenos Aires
(EYBA), la secta VIP donde mujeres jóvenes eran reducidas a la servidumbre
sexual. Blaquier era el visitante más asiduo del edificio de Estado de Israel,
según se reconstruyó en una investigación penal.
En marzo de
2015, cuando se avecinaban vientos de cambios políticos y Macri ya prometía
terminar con el “curro de los derechos humanos”, la Casación hizo algo atípico:
revocó los procesamientos y, de esa forma, impidió que Blaquier siguiera su
camino hacia el juicio oral. Contra esa decisión, se pronunciaron las querellas
y el fiscal Javier de Luca. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó pidió
que dejaran continuar el proceso.
La Corte cajoneó
casi seis años el expediente. En el Palacio, le atribuían responsabilidad a
Carlos Rosenkrantz por la demora. El supremo tenía vínculos con Ledesma a
través de su esposa y de la Universidad de San Andrés que dirigía antes de que
Macri lo nominara para el máximo tribunal. Recién en julio de 2021, Horacio
Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton dejaron sin efecto el fallo de
Casación y acusaron a los camaristas de haber obstaculizado indebidamente el
avance de una de las causas emblema de la responsabilidad empresarial en
crímenes de lesa humanidad. Nada dijeron de su propia demora.
Después de eso,
la defensa de Blaquier –encabezada por el excamarista del Juicio a las Juntas
Jorge Valerga Aráoz– dijo que el empresario no estaba en condiciones de
afrontar un proceso penal. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo dejó
fuera del juicio, pero Casación ordenó que se le realizaran nuevos estudios. En
eso estaban cuando Blaquier murió.
Ejemplo de una
justicia injusta
“Estuvimos 40 y
pico de años esperando el juicio a Blaquier, pero no ocurrió por el pase de
pelota entre Casación, la Corte y la justicia de Jujuy”, se lamenta Arédez, que
sigue reclamando que la política se esmere en horadar la impunidad que sigue
vigente en esa provincia.
“Ésta es una
nueva muestra de que los juicios de lesa deben ser una prioridad en las agendas
de todos los tribunales. Llegamos a este punto por la demora judicial”, le dice
a este diario la fiscal Ángeles Ramos, que lidera la Procuraduría de Crímenes
Contra la Humanidad (PCCH).
"La
posibilidad del trámite extenso del recurso estuvo dado porque Casación lo
abrió por fuera de las normas legales. Eso lo reconoció la Corte, que no dejó
de formar parte de ese trámite extenso porque se tomó seis años para
resolver", apunta Pablo Pelazzo, exfiscal del caso. "Es una forma de
haber posibilitado la impunidad biológica de Blaquier o de haber imposibilitado
que se llevara adelante el juicio".
Para la
historiadora Victoria Basualdo, el desenlace de la causa Ledesma muestra cuán
difícil es hacer justicia con los poderosos. “La muerte de Blaquier es un duro
y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a
los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el
terrorismo de Estado, y de la impunidad que se garantizó a estos sectores de
poder económico”, explica a este medio.
“Cuando Casación
dictó el sobreseimiento, nosotros dijimos que era sellar la impunidad de
Blaquier porque no había forma de que ese fallo pudiera sostenerse”, recuerda
María José Castillo, abogada de HIJOS Jujuy. “Lo que hizo Blaquier tiene una
condena social. Nadie duda que los hechos fueron ideados y puestos en marcha
por la empresa Ledesma. Nosotros vamos a trabajar para que la empresa reconozca
su responsabilidad de otra manera”.
Para que se haga
el juicio
La Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, denunció
que Blaquier murió impune como consecuencia del accionar del Poder Judicial y
reclamó que se avance en llevar a juicio a Alberto Lemos, el administrador del
ingenio Ledesma durante la dictadura, que también está procesado por los mismos
hechos.
"Tenemos
que buscar que en la historia quede escrito que el ingenio Ledesma, con el
poder que tuvo la familia Blaquier, fue responsable del apagón y cómplice de la
dictadura que secuestró a trabajadores organizados y a referentes de Calilegua
y Libertador General San Martín", le dijo Pietragalla Corti a Página/12.
"Sabemos que estamos a contrarreloj para que no gane la impunidad
biológica".
El Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que las demoras en los juicios de
lesa constituyen un "grave problema", que se profundiza en los casos
de responsabilidad empresarial.
La Asociación
Madres de Plaza de Mayo sostuvo que es "inaceptable" que continúen en
sus cargos los ministros de la Corte o los camaristas que nunca avanzaron
siquiera en hacer sentar en el banquillo de los acusados a Blaquier. Desde
H.I.J.O.S Capital lo llamaron el "civil del horror" y recordaron que
murió sin condena judicial, pero con el repudio popular.
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