Las cooperadoras escolares salieron a responder al "sincericidio" de la ministra de Educación porteña. Denuncian que cumplen funciones de gestión con fondos insuficientes, y piden "que se termine el discurso de odio".
"En esas comunidades donde
las familias son muy fuertes y tienen un perfil ideológico determinado, las
conducciones necesitan más acompañamiento del ministerio. Tratamos de
acompañarlas para que puedan ir poniendo los límites". La que habló, y
quedó registrado en un video que trascendió, fue Soledad Acuña. Un actor que
distingue a la escuela pública es el que eligió la ministra de Educación
porteña como blanco de su crítica macartista: las cooperadoras. A las que acusó
de "gestionar por sí mismas como si fuesen los gerentes o los dueños de la
escuela", como "cuando se dieron las situaciones de toma de escuela,
o de los alacranes", tomando como ejemplo el Lengüitas. Tiene un plan de
acción, dijo, para limitar esa mala influencia: "Mandar comunicaciones
directas a las familias", como un modo saltear a estas cooperadoras --y,
de paso, a las conducciones--. Desde los colectivos que nuclean a esas
cooperadoras que funcionan completamente ad honorem --y hoy son básicamente las
que sostienen las escuelas, pagando desde el papel higiénico hasta los aires
acondicionados para enfrentar la ola de calor-- salieron a responder: "No somos
el enemigo". "Las cooperadoras estamos trabajando incansablemente
para que todo sea mejor. Si las escuelas no se caen a pedazos, es porque
nosotros estamos sosteniéndolas", denunciaron.
Además contrapusieron tres
reclamos concretos: Que se revea la nueva Ley de Cooperadoras aprobada en
diciembre pasado (que limita y entorpece, justamente, la participación de las
familias, además de prohibir aquello que denote "actos político
partidarios o cualquiera que implique conflicto de intereses" (sic). Que
se mejore el monto del FUDE (el fondo que envía el ministerio para el
funcionamiento de las escuelas, y que hoy cubre un porcentaje mínimo de los
gastos totales). Y en este estado de cosas, que se termine el discurso de odio.
Esa costumbre de criminalizar
Los dichos de Acuña van contra
toda idea de construcción de comunidad educativa, de inclusión de las familias
y estudiantes, de pluralidad de voces, de resolución de problemas incorporando
y no negando la mirada crítica de esa comunidad y, finalmente, de escuela
pública. Sus palabras son graves por lo que implican, pero aún más por los
antecedentes que viene sembrando el gobierno porteño desde este área, tal vez
con la idea de proyectar cada gesto ante un electorado que considera
derechizado.
Algunos de esos antecedentes: La
criminalización y persecución a las familias de estudiantes que tomaron
colegios, a las que Acuña les mandó patrulleros en plena noche con intimaciones
penales. La total negativa a rever o mejorar las "prácticas
laborales" no rentadas en trabajos que sirven más a las empresas que a los
estudiantes (repositore">repositor de supermercado, venta de pochoclos
en cines, entre otros). La intervención de la cooperadora de la escuela Alvarez
Thomas, que se distinguía por ser de las poquísimas en la Ciudad que gestionaba
su comedor --sin entrar en el denunciado sistema de viandas--, y arrastraba un
conflicto con el ministerio por la gestión de la pileta de natación que posee
la escuela.
La ministra se sintió cómoda para
hacer esas apreciaciones en una reunión de vecinos en Barrio Norte, esos
espacios a los que los funcionarios porteños suelen invitar a "tomar un
café" a los vecinos, filtrando previamente los invitados a la mesa. No es
la primera vez que muestra su honestidad brutal en confianza: ya había opinado
por Zoom que quienes quieren ser maestros son “cada vez más grandes de edad, y
eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado
en otras carreras”, que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos y que “en términos
de capital cultural” tienen menos para ofrecer en el aula. Además de invitar a
las familias a denunciar supuestos casos de “bajada de línea” en las aulas.
"Estos nuevos dichos de la
ministra cayeron muy mal, ya superan el cinismo. La verdad, hartan. Estamos
poniendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, cubrimos todos los
baches que dejan en las escuelas, porque creemos en el derecho a la educación.
¿Y viene a atacar de esta manera? ¿En nombre de qué, qué le hicimos?". La
que pregunta esto, siguiendo esa lógica de enfrentamiento que es la que
plantean los dichos de Acuña, es Ani Meizoso, integrante de la cooperadora de
la Escuela Juan Pedro Esnaola, y delegada de Cooperadoras de la Comuna 12.
"Lo que ella llama
'ideología' es el reclamo lógico que surge cuando el ministerio no cumple con
su función de garantizar ese derecho a la educación. Es un reclamo
genuino", asegura. ¿En qué consiste ese reclamo? Los balances de las
cooperadoras --una de las muchas funciones que por estatuto están obligadas a
hacer, llevar una exhaustiva contabilidad de ingresos y egresos-- acercan una
respuesta. En el caso del Esnaola, que al ser una escuela de música necesita,
lógicamente, comprar y mantener instrumentos, los fondos que envía el
ministerio alcanzan para cubrir sólo un diez por ciento de esos gastos.
Incluyendo el envío de un piano que, excepcionalmente, llegó el año pasado. El
otro 90 por ciento --instrumentos de cuerdas, vientos, percusión, atriles,
micrófonos, consolas de sonido, parlantes, resmas de hojas para la impresión de
cuadernillos, todo lo que necesita una escuela de música-- lo solventa la
cooperadora.
"También compramos papel
higiénico, artículos de limpieza --que mandan, pero no alcanzan--, libros de
secretaría, boletines, sellos, artículos de librería, arreglamos el mobiliario
que se rompe", enumera Meizoso, y el testimonio coicide con los de otras
escuelas. Con tres niveles y turnos, el Esnaola recibió el año pasado un FUDE
(Fondo Unico Descentralizado de Educación, transferido por el ministerio) de
371 pesos por alumno para todo el año.
Otro ejemplo es el de los
balances que mostró la escuela Lugones, de Villa Pueyrredón, a las familias: lo
que alcanza a cubrir ese fondo también ronda el 10 por ciento de los gastos. Se
muestra además, la evolución (o involución) de las partidas, que alcanzaban a
cubrir cerca de un 30 por ciento en 2019, decreciendo año a año.
Tiempo donado
"Cada vez asignan menos para
educación, bajando los presupuestos y sub ejecutándolos. Cada vez maltratan más
a todxs lxs actores de la comunidad educativa, desgastando a la totalidad que
la conforma", denuncia el texto de las cooperadoras. "¿Cómo lo hacen?
Precarizando los puestos de trabajo de docentes. Creando la idea de que la
escuela pública no se elige. Obligando a las cooperadoras a asumir cada vez más
funciones y obligaciones".
Recuerdan, además, que las
cooperadoras están integradas por familias que donan su tiempo y saberes, y que
ese tiempo es mucho, dependiendo de las funciones asumidas. "¿Podemos decir
que hay personas que trabajan full-time y otras part-time en defensa de la
escuela pública? Sí, podemos. Y entonces, ¿Son aliados o enemigos del gobierno
de turno?", preguntan.
"Hay funciones de la
cooperadora que son realmente muy complicadas en términos administrativos. No
somos contadores, y hay que aprender a hacer un balance, un ingreso contable, a
identificar qué factura vale cuál no, saber hacer una conciliación. O hay que
contratar un contador, y pagarle de nuestros ingresos. Además el gobierno antes
tenía un asesor que se encargaba de hacer los trámites ante la AFIP, por
ejemplo, que son muchos. Ahora te capacitan para que lo hagas vos. Es muchísimo
tiempo, estás manejando recursos y es una responsabilidad grande, demanda una
atención constante", describe su trabajo de tesorera en la cooperadora de
la escuela Lugones Natacha Koss.
Gestión política
Camilo Fernández es cooperador
desde hace 16 años; actualmente es presidente de la cooperadora de la Escuela
Primera Junta de Caballito, y delegado de la comuna 6. También habla de la
insuficiencia absoluta de los fondos recibidos. Las escuelas que no tienen
cooperadoras bien organizadas y activas, claramente, la pasan peor.
"A las cooperadoras, por un
lado, se nos desautoriza y ningunea, ahora directamente se nos ataca. Y por el
otro, se nos delegan funciones de gestión que no debemos ni queremos
asumir", lamenta. "No tendríamos que estar comprando la lavandina que
falta, el alcohol y los barbijos en la pandemia, pagando los arreglos de
mantenimiento, inventando modos de llegar con la plata. Tendríamos que
dedicarnos exclusivamente a sumar actividades recreativas, lúdicas, lo que la
conducción considere necesario en lo pedagógico. No inventando formas de
recaudar más".
El aporte de las familias en
concepto de cuota social es voluntario. Lo fija cada comisión directiva y se
vota en asamblea, dependiendo las posibilidades de cada comunidad, y ronda los
700 pesos mensuales. Es fundamental --además de los bonos, ferias del plato,
ingresos por buffet en las fiestas y mil maneras creativas de recaudar-- para
llegar a completar los gastos que insume la escuela. Ni hablar si se plantea un
gasto extra como el de los aires acondicionados, que con el calor extremo dejan
de ser un bien suntuario para pasar a ser una necesidad.
Fernández pide mayores espacios
de trabajo conjunto y escucha a las cooperadoras. Y un cambio de lógica que
deje de lado iniciativas como "Cooperar en Comunidad", el nuevo
programa que en lugar de destinar fondos directamente para las necesidades de
las escuelas, propone a las cooperadoras que presenten "proyectos
innovadores" en una suerte de concurso, algunos de los cuales son
seleccionados sin que quede demasiado claro en base a qué parámetros. "Nos
pone a las cooperadoras a competir entre nosotras. Si hay fondos debieran ser
para todos, o para el que los necesita", reclama.
"Es curioso cómo los
políticos denostan la palabra 'política'", concluye el cooperador. Cuando
las familias reclamamos, 'hacemos política', y cuando ellos chicanean, hacen
'gestión'". En el medio, están los chicos y la necesidad concreta de las
escuelas de seguir funcionando.
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