Se trata de un terreno ferroviario. Reclaman un techo digno en medio de lo que definen como una "crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires que crece en los barrios populares". La Justicia ordenó desalojar; la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF pidió una "resolución alternativa del conflicto".
En carpas y
casillas armadas con toldos y lonas, unas cien familias sin acceso a la
vivienda mantienen ocupado un terreno ferroviario del Barrio 21-24 rodeado de
fuerzas policiales. Reclaman un techo digno en medio de lo que definen como una
"crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires que crece en los barrios
populares". Al cierre de esta edición, regía un oficio de la Justicia
federal para desalojar "de manera pacífica" el terreno que, según los
vecinos, está abandonado desde hace más de 35 años. El predio es propiedad de
la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional y, según indicaron
desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), el Instituto de Vivienda
de la Ciudad (IVC) planeaba hacer allí una obra de agua potable. La Dirección
de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la suspensión
del desalojo y los vecinos, que reclamaron la apertura de una mesa de
negociación, denunciaron que durante el fin de semana las fuerzas de seguridad
no les permitieron ingresar comida, agua y medicamentos.
Una necesidad
real
"Tenemos una
necesidad real, consecuencia de la crisis habitacional que invade a la Ciudad y
que crece en los barrios populares, como acá en la 21-24". Detrás del muro
que divide al barrio del predio ferroviario tomado, Nahuel Arrieta, elegido en
asamblea como uno de los voceros de la toma, describió así las razones que
llevaron a las familias a ocupar el terreno lindero a la cancha del club
Barracas Central. En aproximadamente 150 metros cuadrados, el paisaje está
poblado de pequeñas casillas levantadas con las carpas, toldos, lonas y tirantes
que las familias llevaron al lugar la semana pasada, cuando no resistieron más
"que nos estén matando de pobreza", indicó Arrieta a Página/12.
"Por más de
35 años este terreno estuvo abandonado y ahora hay familias del barrio. Hay
madres solas con sus hijos que no pudieron pagar más los alquileres de 15 mil
pesos por una pieza diminuta en la que no entran", continuó Arrieta. Según
los vecinos, son alrededor de cien las familias que levantaron sus casillas
dentro el predio, todas provenientes de la zona del barrio conocida como
"Tierra Amarilla".
Uno de los
detonantes de la toma fue la muerte de Luján Sofía Caballero López, de 15 años,
que falleció la semana pasada tras ser atropellada por el tren de cargas de la
empresa Ferrosur que pasa a menos de medio metro de las casas del barrio.
"Cuando decimos que nos matan de pobreza queremos decir que no solamente
hay hambre, también nos puede matar un tren o podemos enfermarnos por no tener
una vivienda digna", dijo el vocero de la toma.
El predio en
cuestión es propiedad de ADIF y, según indicaron a este diario voceros del
GCBA, iba a ser utilizado para que el IVC realizara una obra de agua potable en
convenio con AySA. Sin embargo, los vecinos aseguran que esa obra nunca se
anunció y que el terreno está abandonado desde hace más de 35 años: "Yo
nací y me crié acá y nunca hubo nada, siempre fue un baldío", señaló
Arrieta, que se define como artista callejero y que se encargó de aclarar que
en la toma "no hay ningún partido político ni militamos en ninguna organización".
"Desde que
estoy acá en ese terreno nunca hubo nada. Nosotros venimos luchando desde hace
mucho tiempo para que se urbanice el barrio, que haya cloacas, que haya luz.
Nunca se hizo nada, el GCBA no tiene voluntad de buscar una solución",
indicó por su parte Flavia Romero, vicepresidenta de la Junta Vecinal del
barrio, que apoya a los vecinos de la toma aunque no forma parte de la
ocupación. "Las únicas personas que fueron relocalizadas fueron las
familias del camino de sirga, eso tuvieron que hacerlo porque estaban al lado
del Riachuelo contaminado. Tardaron once años años y todavía hay gente ahí. Los
que no estamos en ese lugar seguimos luchando por la urbanización", añadió
Romero.
Por una mesa de
negociación
"Estamos
resistiendo de manera pacífica, no estamos llamando al enfrentamiento ni vamos
a emplear la violencia. Tenemos todas las intenciones de dialogar, por eso
pedimos la mesa de negociación, que bajen representantes del IVC, de Nación y
del ferrocarril para poder debatir la posibilidad de comprar estos terrenos que
están sin uso o de acceder a otra vivienda", sostuvo Arrieta.
Una de las
posibilidades que señalaron los vecinos es la de abrir un canal de diálogo para
poder acceder a departamentos de los edificios del Plan Procrear ubicados del
otro lado de las vías. "La gran mayoría de los que estamos acá nos
anotamos en el plan pero como tenemos sueldos bajos o directamente en negro no
pudimos acceder. Con ese sueldo tampoco podemos acceder a un alquiler. Hay
mucha pobreza en el barrio, cada vez hay menos oportunidades de trabajo",
advirtió Arrieta.
Por su parte,
Romero indicó que desde la Junta "estamos apoyando para que no repriman y
se busque una solución. Los vecinos fueron a la toma por una situación que es
general, que va más allá de ellos, porque no hay ningún plan para el
barrio", aseveró. El pedido de fondo al IVC es que ponga en marcha un plan
integral de urbanización del barrio. En lo urgente, la Junta también apoyó el
reclamo para abrir una mesa de negociación con los vecinos que ocupan el
predio.
"Desalojo
pacífico"
La toma comenzó
el martes de la semana pasada y el viernes llegaron al lugar los primeros
agentes de la Policía de la Ciudad que cercaron el predio. "No nos dejaban
entrar ni salir, prohibieron el ingreso de alimentos, bebidas y medicamentos
para las personas mayores, no dejaban entrar a los medios de
comunicación", denunció Arrieta sobre lo que sucedió el fin de semana
cuando también llegaron efectivos de las fuerzas nacionales. "Pudimos
torcer esa situación hoy cuando vinieron los medios", aclaró. Finalmente,
este lunes pudieron acceder a los víveres que les acercan los vecinos, pero las
fuerzas policiales aún no dejan volver a entrar a las personas que salen del
lugar, lo que impidió, por ejemplo, que los niños y niñas puedan asistir al
colegio.
Al ser un predio
nacional, la causa judicial por la ocupación quedó finalmente en manos de la
Justicia federal, y este lunes el juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en
lo Correccional y Criminal N°3, emitió un oficio para instar al Ministerio de
Seguridad nacional a desalojar el predio "de manera pacífica y sin la
utilización de violencia, atento a la presencia de niños". Fuentes
judiciales indicaron a este diario que el oficio insta a actuar "mediante
la persuasión y el diálogo" e hicieron hincapié en que "no importa
que se demore un tiempo más el desalojo".
Por la tarde del
lunes, Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF,
solicitó a Rafecas "el cese del desalojo y de toda medida que pueda
implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de
resolución alternativa del conflicto". En su pedido, la Dirección, que
realizó un informe sobre lo que sucede en el predio, indicó que allí se observa
una "vulneración de derechos histórica y persistente de las personas involucradas".
En el informe se detalla, entre otras cosas, que dentro del predio hay cuatro
niños con "discapacidad o enfermedad crónica que requieren de
medicación", dos mujeres embarazadas, un adulto mayor con asma y otro con
diabetes.
Desde la cartera
de Seguridad nacional también remarcaron a Página/12 que el operativo debe
realizarse de manera pacífica y sin violencia, e informaron que este martes a
las 11 de la mañana está pautada una reunión entre las partes involucradas de
Nación, Ciudad y el ferrocarril, tal como lo solicitó Rafecas en su oficio.
Desde el predio, los vecinos insistieron en que se mantendrán en el lugar de
manera pacífica: "Si la Policía quiere avanzar vamos a resistir de manera
pacífica, siempre y cuando las fuerzas de seguridad estén de manera pacífica.
Haremos un cordón humano para intentar detenerlos, pero no vamos a usar la
violencia", señaló Arrieta.
(Pagina 12)