SIGUE EL REVUELO EN VIRASORO | El Comité Contra la Tortura planteó que la muerte en hogar fue "un homicidio"

El organismo estatal se presentó como querellante y aguarda la anuen­cia de la jueza. Ampliarán la acusación contra la ex directora detenida.

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura (Cppt) se presentó como querellante en la causa por la muerte de C.F., el adoles­cente institucionalizado en el hogar de Menores de Vi­rasoro que destapó anterio­res casos de abuso sexual y maltrato a niñas y niños. El dato significativo es que el organismo estatal sostiene que se trató de un homici­dio, lo que suma gravedad a todo lo que desde fines de febrero pasado ha ve­nido sucediendo en la lo­calidad -la de mayor tasa de violencia de la provin­cia- y que el viernes de la semana pasada había dado su última gran nove­dad con la prisión domi­ciliaria de la ex directora, Sonia Prystupczuk, que la noche anterior recibió un escrache que incluyó pintadas con consignas como "abusadora" y "ase­sina". El secretario ejecu­tivo del Cppt, Jorge Isetta, informó ayer que se pre­sentó como querellante en el expediente Nº 15.499/22 que tiene como delito prin­cipal la muerte del menor el pasado 22 de febrero, hecho por el cual no hay deteni­dos pero que podría tener novedades en lo que queda de la semana debido a que se aguardan los resultados de la reautopsia a cargo de peritos del Instituto Médico Forense. "Para nosotros se trató de un homicidio", ase­guró Isetta en declaracio­nes radiales. Ahora deberá aguardar la resolución de la magistrada a cargo del caso Silvia Benítez, que debe aceptar o rechazar su pre­sentación y de hacerlo haría agudizar más la ya en crisis hipótesis del suicidio que ya había sido cuestionada por el fiscal del caso, Julio Caz­zaré, quien solicitó la exhu­mación del cadáver luego de recolectar testimonios que suscitaron sospechas res­pecto a la versión dada por los cuidadores del hogar y subalternos de Prystrupc­zuk. 

Isetta anticipó que de ser avalados por la jueza de Garantías de Virasoro presentará cargos contra la ex directora por los pre­suntos delitos de "tortura, encubrimiento, facilitación de corrupción de menores e incumplimiento de los deberes de funcionario pú­blico". De hechos por esos mismos ilícitos recibió la semana pasada por orden de su señoría la detención en su vivienda -debido a la falta de alojamiento idó­neo en la comisaría de la localidad- en una acusa­ción promovida tanto por el Ministerio Público como por el abogado particular, en representación de varios denunciantes de los distin­tos delitos (además de los hermanos mayores de C.F.), Eduardo Etchegaray.

En este sentido, el letrado y concejal (mandato cumpli­do) de Santo Tomé, dio a co­nocer ayer que presentó un pedido formal solicitando "se investigue la adopción que realizó Sonia Prystup­czuk". El abogado comentó que "al estar presente en la audiencia el viernes pasa­do ella afirmó que tiene en adopción al niño A, quien vivía en el hogar de niños". A entender del patrocinan­te de los acusadores par­ticulares, y "teniendo en cuenta varios artículos del Código Civil y Comercial" la otrora funcionaria "pudo haber incurrido en varios delitos como por ejemplo una apropiación ilegal". La solicitud fue reenviada a la fiscalía para que su titular tome postura al respecto e impulse o no una nueva pesquisa en derredor de la cuestionada mujer, quien fue separada de su cargo y tiempo después también los orientadores que se encon­traban prestando servicios en el hogar a instancias y dependencias suyas y que por estos días están en el centro de la escena.

De dar crédito a la hipótesis homicida quedaría débil la versión primera de los custodios. 

Menores: cambió ministerio

A través de un decreto, el Gobierno de la Provincia transfirió de ministerio las competencias y facultades sobre el cuidado de menores de edad institucionaliza­dos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial luego del escándalo en el hogar de niñas y niños de Viraso­ro, vía decreto 1015, de fecha 2 de mayo, relocalizando la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia, la Coordinación Interministerial y el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Justicia de Derechos Hu­manos, a cargo del doctor Juan José López Desimoni, hasta ahora estaban bajo órbita del Ministerio de De­sarrollo Social, cuyo actual titular es Adán Gaya. Su an­tecesor es Diógenes González, hoy senador y miembro por el oficialismo del Comité Contra la Tortura.

(Norte)