REBELIÓN EN LA ROSADA POR LA COPARTICIPACIÓN | El empresariado local advierte sobre "la gravedad institucional"

La Federación Económica de Corrientes y la Federación Empresarial de Corrientes expresaron su preocupación por el anuncio del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema en el conflicto por la devolución de coparticipación a CABA.


El mensaje político del presidente, Alberto Fernández, y de los 18 gobernadores aliados a la Casa Rosada de no cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sólo escala en los estrados, sino también en el clima del sector privado. En la provincia, la Federación Económica de Corrientes y la Federación Empresarial de Corrientes dieron a conocer un documento a través del cual expresaron su preocupación por la decisión del Ejecutivo nacional.

"La Federación Económica de Corrientes (FEC) manifiesta su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de no acatar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado al diferendo existente entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de recursos coparticipables", manifestaron desde la entidad que nuclea a sectores productivos de la provincia.

"Sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, la FEC considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional", calificaron a través de un comunicado al anuncio que realizaron el presidente, Alberto Fernández, con respaldo de 18 gobernadores aliados, de no acatar el fallo de la Corte que ordena el pago de 2,9% de Coparticipación Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decisión que se dio a conocer la semana pasada y generó un cimbronazo de cruces políticos desde las provincias cercanas a la Casa Rosada.

De igual modo se pronunciaron desde la Federación Empresarial de Corrientes. "Consideramos que ese eventual incumplimiento, cuando el fallo quede firme, constituirá un hecho de enorme gravedad institucional", expresaron desde la entidad económica provincial.

"Resulta indudable que el posible desconocimiento del fallo va a producir un socavamiento irreparable de los principios rectores de la República, afectando flagrantemente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de defensa en juicio, entre otras", evaluaron desde FECORR.

"Abogamos por el diálogo como método para la solución de controversias, en el convencimiento de que es el mejor camino para su superación. Cuando esa posibilidad se agota, y si fracasan también los intentos de mediación, no queda más alternativa que recurrir a la Justicia y someterse a lo que ella determine. Eso es lo que manda nuestra Constitución y ese es el modo en el que funciona cualquier república que se precie de tal", manifestaron, por su parte, desde la Federación Económica de Corrientes.

"FEC hace un firme llamado en pos del pleno respeto de la Constitución Nacional y de las instituciones de la República, en el convencimiento de que sólo bajo su imperio podremos ser esa nación con desarrollo económico y social a la que los argentinos aspiramos y en la que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados", indicaron desde la entidad correntina.

"Las circunstancias excepcionales que está viviendo el país obliga a todos, Gobierno y oposición, actores políticos, sociales, empresariales y gremiales y demás integrantes de nuestra sociedad a redoblar esfuerzos, en el marco de la Constitución Nacional, para buscar los puntos de encuentro de los que surjan las soluciones necesarias para evitar el ahondamiento que causará una decisión de esa naturaleza, sobre la grave crisis por la que estamos atravesando, superando la grieta que divide tan fuertemente a nuestra comunidad", manifestaron desde FECORR.

Denuncia penal

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, y los diputados nacionales del mismo partido, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet presentaron una denuncia penal contra el presidente, Alberto Fernández y los gobernadores peronistas que lo respaldaron en su rechazo al fallo de la Corte Suprema por la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. En el escrito mencionan los delitos de "sedición" y "traición a la patria".

Se trata de una denuncia que escala en los estrados. La semana pasada se anunció que el Ejecutivo nacional recusará a los miembros de la Corte Suprema y se presentará un pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada.





(Epoca)