La aprobación de la norma generó rechazos de asociaciones empresarias, alerta de otras provincias mineras y reavivó un debate pendiente en torno a la gestión de este recurso estratégico para el desarrollo económico de la Argentina.
En gran parte
del mundo minero, el término recurso estratégico pareciera haberse convertido
en una mala palabra. La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados
riojana en diciembre del año pasado declaró al litio y sus derivados como
recursos naturales estratégicos. La ley habilita, entre otros puntos, a
suspender los permisos exploratorios y concesiones ya otorgadas. A pesar de que
La Rioja no se encuentra entre las principales provincias con desarrollo de
este mineral, la aprobación de la norma generó rechazos de asociaciones
empresarias, alerta de otras provincias mineras y, sobre todo, reavivó un
debate pendiente en torno a la gestión de este recurso estratégico para el
desarrollo económico de la Argentina.
Son apenas siete
artículos los que componen la ley que fue impulsada por el poder ejecutivo
provincial al mando de Ricardo Quintela, pero con el significante suficiente
para repensar en cómo se va a administrar un recurso que generó 700 millones de
dólares de exportaciones durante 2022 y prevé inversiones por 5.000 millones de
dólares en los próximos años.
La Ley
provincial 10.608 declara al litio como recurso natural estratégico "por
sus contribuciones a la transición energética y aportes al desarrollo socioeconómico
de la provincia" y proclama de interés público provincial el estudio, la
exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados.
Los artículos
tres y cuatro fueron los que hicieron tronar a las entidades empresarias. El
tercero suspende por 120 días los permisos de cateo, prospección, exploración y
concesiones mineras relacionadas al litio en toda la provincia, y le da al
poder ejecutivo la potestad de prorrogar ese mismo plazo por única vez. El
cuarto establece que, en los territorios que el ejecutivo determine como zonas
de interés, "quedarán caducos los permisos que se hubiesen otorgado por la
autoridad minera", y las mismas deberán realizarse con participación de
Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), una empresa pública estatal de
La Rioja para el desarrollo de la actividad minera y energía en la provincia.
Reacciones
Anticipándose al
próximo paso que debe dar la ley para comenzar a regir, su promulgación a
través de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, las cámaras
empresarias de distintos sectores se manifestaron públicamente en contra.
Primero fue la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), luego la Cámara
Argentina de la Construcción (Camarco) y finalmente la Unión Industrial
Argentina (UIA).
En los tres
casos, el discurso gira en torno a los artículos tercero y cuarto, con
argumentos que apelan a un vocabulario conocido frente a otras medidas de
gobierno: inseguridad jurídica, pérdida
de confianza, reglas de juego, daño al futuro del país, afectación de la
estabilidad jurídica. La UIA fue directa en el mensaje a Quintela:
"Resulta indispensable dejar sin efecto esta medida aún no promulgada y
que se encuentra -a tal efecto- a consideración del gobernador de la provincia
de La Rioja, dado que la misma atenta contra el desafío que el país tiene en
materia de desarrollo".
Las asociaciones
empresarias no son las únicas que dudan con el avance de esta ley. En diálogo
con PáginaI12 Gonzalo Castañeda, director del Instituto de Derecho Minero de
Salta, complementa desde el punto de vista jurídico: "En la etapa de
suspensión y caducidad de derechos mineros van a tener múltiples planteos de
inconstitucionalidad. Esto incluso podría demorar el avance de la empresa
estatal sobre dichas zonas".
Victor Delbuono,
investigador de Fundar y ex director de Economía Minera en la Secretaría de
Minería Nacional, abre otro interrogante desde el punto de vista del desarrollo
económico: "Cabe preguntarse en qué medida ello contribuirá al desarrollo
provincial ya que poner en marcha proyectos de litio requiere de importantes
niveles de inversión y es un interrogante si la empresa provincial EMSE cuenta
hoy con los recursos financieros y técnicos necesarios, o si podría haber
alcanzado acuerdos con los actuales concesionarios de las propiedades. Estas
preguntas pueden enriquecer el debate legislativo escuchando también la
experiencia de provincias vecinas donde la actividad ya tiene un importante
grado de desarrollo como Jujuy, Salta y Catamarca", asegura en diálogo con
este diario.
El verdadero
debate
Ante las
consultas de PáginaI12, los despachos oficiales son prudentes en las
respuestas. Desde la Secretaría de Minería aseguran que las provincias,
"tal como indica la Constitución, poseen la potestad sobre sus recursos,
es decir, que pueden decidir la forma que quieren desarrollar la actividad con
total libertad. Desde Nación vamos apoyar y acompañar para que la actividad
progrese en todas las provincias". Daniel Filmus, ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación, complementa este mensaje: "La
Constitución nacional, a partir de la reforma de 1994, es muy precisa respecto
a la propiedad de los recursos naturales por parte de las provincias. Por lo
tanto, La Rioja está haciendo uso de esa atribución".
Es que más allá
de las reacciones por esta ley específica, la controversia se remonta a la
Constitución de 1994 que ratificó el dominio originario de las provincias sobre
los recursos naturales. De esta manera Argentina cuenta con un régimen federal
de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las
provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para
adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que la Nación
recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y
los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.
Con el Estado
Nacional imposibilitado de interferir en este esquema, las tres provincias que
cuentan con la actividad más desarrollada, es decir Salta, Jujuy y Catamarca,
crearon la Región Minera del Litio a través de un Tratado Interprovincial, para
desarrollar conjuntamente los aspectos económico y social derivados de la
investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del
recurso y sus productos y derivados. El objetivo es que las tres provincias
brinden las mismas oportunidades para los que quieran invertir, "con
reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad", aclaró en su momento
el gobernador de Salta Gustavo Sáenz.
Es por este
motivo que el avance de La Rioja genera resquemores también en estas
provincias: "El sector minero es muy sensible, y el miedo que estás
medidas se repliquen o reproduzcan en otras provincias está latente",
concluye Castañeda.
El tratado aún
no tomó forma. Actualmente Jujuy y Catamarca son las únicas dos provincias
donde hay proyectos en fase de producción comercial, y cuentan con regímenes
distintos. Jujuy declaró al litio como recurso estratégico y participa con la
empresa estatal provincial Jemse en las sociedades de los proyectos, con sus
correspondientes utilidades.
Catamarca, en
cambio, no participa societariamente en ningún proyecto de litio. En esta
provincia opera comercialmente el Proyecto Fénix, que está en el Salar del
Hombre Muerto (Catamarca) y pertenece a la compañía Livent Corporation,
subsidiaria del grupo estadounidense FMC. Salta aún no tiene un esquema porque
todavía no tiene ningún proyecto en producción, pero adhirió al Tratado para
fijar un criterio similar en los tres distritos.
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