El proyecto basado en el documento presentado por el Presidente y 11 gobernadores será suscripto por los y las diputadas del FdT. Hubo reunión de Zoom para la definición de estrategia y consolidar a los 16 integrantes. Cambio de nombres y fecha probable del comienzo prevista para el 23 de enero.
"Los 16
están firmes". La afirmación del diputado oficialista llegó apenas terminó
la primera reunión grupal de toda la tropa frentetodista que integra la
comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. En el encuentro virtual,
la conducción del Frente de Todos comenzó a definir la estrategia frente al
proceso de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y, de paso,
aprovechó para dejar asentado su control sobre la mayoría de la comisión. El proyecto
se presentará hoy jueves y, aunque se basará en el documento firmado por el
presidente y los 11 gobernadores, serán les diputades oficialistas quienes
suscribirán el pedido de destitución. No se descarta, además, que el texto
final incorpore nuevos elementos a la acusación. La verdadera señal de largada,
sin embargo, la dará el Presidente con la convocatoria a extraordinarias, cuya
publicación se terminó retrasando una semana pero se estima que habilitará el
comienzo del debate para el 23 de enero.
"Buena
reunión. Todos presentes. Muy participativa", resumió, instintivamente,
una espada oficialista apenas finalizó el zoom con el resto de les integrantes
de la comisión de Juicio Político. La reunión se había extendido durante más de
dos horas y había funcionado como una primera instancia de trabajo para ordenar
el esquema de actividad de la comisión, discutir lineamientos generales del
proyecto que se presentará hoy y repasar las herramientas disponibles por el
reglamento para ahondar en la investigación sobre el mal desempeño del Máximo
Tribunal. "Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de
toda chicana e interés mezquino", aseguró el bloque oficialista a través
de un comunicado que se publicó horas después del encuentro.
El zoom había
funcionado, a su vez, como una estrategia de consolidación de los 16 votos que
el oficialismo cuenta en la comisión. Y es que con una mayoría ajustada - 16 de
31 -, el FdT no puede correr el riesgo de que algún legislador pegue el faltazo
y haga derrumbar el quórum. El incipiente calendario de trabajo anticipa una
actividad intensa, de dos o tres reuniones por semana que pueden duras horas y
horas. Si un día, une de les legisladores falta por cualquier motivo, las
reuniones de comisión se quedarán sin número, ya que tanto Juntos por el Cambio
- que cuenta con 14 diputades en la comisión - como el "Topo"
Rodríguez - el único diputado del Interbloque Federal en la comisión -
anticiparon que no colaborarían con el quórum.
Por este motivo
es que, durante la reunión, se decidió oficializar el primer (y, por ahora,
único) cambio: el de la diputada santafesina Vanesa Massetani. Si bien
surgieron muchas especulaciones respecto a los motivos de su reemplazo - la
legisladora responde a Sergio Massa, quien aún no ha dicho ni mú sobre el
pedido de juicio político -, en el bloque oficialista aseguraron que el cambio
de nombre tenía que ver con un problema de índole personal de Massetani.
Puntualmente: un familiar de la diputada arrastra un problema de salud que
conlleva un tratamiento que le impedirá dedicarle a la comisión todo el tiempo
que demanda.
El encuentro
virtual sirvió también para terminar de diagramar la presentación del proyecto.
Y es que serán les diputades oficialistas - y no el Ejecutivo - les que
suscribirán el pedido de juicio político para que, entre otros motivos, la
vigencia de la iniciativa pueda extenderse durante tres años (ya que si fuera
presentado por el Ejecutivo tendría solo un año de vigencia). El proyecto
final, a su vez, no será idéntico al firmado por Alberto Fernández y los
gobernadores. Según pudo saber Página12, la conducción de la comisión analiza
incorporar nuevos hechos a la acusación basándose en pedidos de juicio político
presentados en el pasado. Uno de ellos fue presentado por Vanesa Siley en 2020
contra Carlos Rosenkrantz - en esa época era presidente de la Corte - por su
actuación en causas de violación a los derechos humanos. No es el único:
también está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti.
Este fue presentado, curiosamente, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa
Carrió, en 2017 - cuando Lorenzetti aún era presidente de la Corte - y fue
ratificado nuevamente el año pasado. El FdT no perderá oportunidad para traerlo
a colación durante el debate, buscando así meter una cuña en JxC.
La presentación
de hoy jueves contará con la firma de un grupo de diputades oficialistas que no
integran la comisión de Juicio Político. El objetivo es evitar cuestionamientos
a la imparcialidad del proceso de investigación, ya que si bien el rol de la
Cámara de Diputados es acusar - es el Senado el que juzga - el bloque
oficialista ya comenzó a recibir algunas críticas. La última fue el pedido de
apartamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio
Político realizado por el diputado de Evolución Rodrigo De Loredo, quien
denunció que la diputada entrerriana no podía "garantizar la objetividad
del proceso" por declaraciones que había hecho en los medios. Desde el
bloque, rápidamente, salieron a desmentirlo haciéndose eco de jurisprudencia de
la Corte Suprema - firmada por el propio Horacio Rosatti - que rechaza
recusaciones a los integrantes de un órgano de enjuiciamiento.
Todavía a la
espera de la convocatoria de sesiones extraordinarias, el bloque oficialista
especula con que el debate en comisión comenzará la última semana de enero.
Será una actividad intensa para la que se espera que haya muchos invitados:
constitucionalistas, peritos informáticos, especialistas y distintos testigos sobre
el "mal desempeño" de los magistrados. Ya está definido que se
convocará a declarar al (ahora de licencia) ministro de Seguridad porteño,
Marcelo D'Alessandro, y al vocero de Rosatti, Silvio Robles, para que den
cuenta de los chats en los que coordinaban acciones frente a fallos del Máximo
Tribunal (como el de la coparticipación porteña y el juego de sillas del
Consejo de la Magistratura). A diferencia del caso de los jueces de la Corte -
que también será convocados -, a Robles y D'Alessandro la comisión puede
obligarlos a comparecer, por lo que en el FdT hay mucha expectativa sobre las
repercusiones públicas que tendrá el proceso de investigación una vez que
comience.
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