Las sanciones por los faltantes alcanzan a supermercados y alimenticias. Las empresas se desentienden de su responsabilidad al acusar a otros eslabones de la cadena y buscan no pagar las multas.
La Secretaría de
Comercio aplicó solo la semana pasada 779 multas por un total de 800 millones
de pesos a supermercados y empresas alimenticias por incumplimiento al programa
Precios Justos. A su vez, el fin de semana se realizaron operativos simultáneos
en hipermercados de Morón, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Malvinas
Argentinas para verificar el cumplimiento del programa en el sector de la
carne. De este modo, el gobierno endurece su postura para tratar de ponerle
freno a la inflación. “Se terminó la paciencia”, aseguró el viernes el
secretario de Comercio, Matías Tombolini. Las empresas, por su parte, se
desentienden de la responsabilidad por los faltantes al acusar a otros
eslabones de la cadena y resisten el pago de las multas apelando a diferentes
maniobras administrativas y judiciales.
Las multas son
actas por “presunta infracción” que dan lugar a un descargo del lado del
imputado. Fuentes del sector informaron que “los supermercados suelen presentar
pruebas que verifican los faltantes en depósitos, los cuales muchas veces
obedecen a una deficiente entrega por parte de los proveedores”. Las faltas se
notifican mediante el sistema de alertas tempranas de la app o por comunicación
directa con la secretaría, en algunos casos pueden enviarse inspectores a los
depósitos para constatar las denuncias.
El procedimiento
administrativo continúa con un cruce de datos con los listados de reposición
que tiene Comercio, si el desvío se constata se procede a imputar a la empresa
proveedora. La misma suele aducir que fue el supermercado quién modificó el
listado y está pidiendo más abastecimiento para estoquearse y beneficiarse
luego con una suba de precios: “venían pidiendo siete envases y ahora demandan
diez, para estoquearse y denunciar faltante”, esgrimen las alimenticias. El
gobierno debe constatar una y otra denuncia y la posibilidad de descargo de las
empresas siempre está abierta. El proceso de la sanción es largo hasta que, por
lo general, finalmente la posibilidad de cobrar la multa se disuade. Hasta el
momento, no se informó del pago de alguna de estas denuncias.
Desde el sector
supermercadista, a su vez, objetan que los operativos públicos son poco
prolijos. Por ejemplo “ir a buscar faltantes a las 21 horas, es decir una hora
antes del cierre, en el tercer día de un fin de semana largo donde sin mediar
operación logística obviamente se encontrarán huecos”.
Los mayoristas
–Diarco, Macro, Maxiconsumo o Vital- tienen incentivos para acatar el programa
y captar mayores ventas, compiten por precio con los supermercados, saben que
los comerciantes y consumidores sino terminarán abasteciéndose en los hiper o
supermercado. "Si se tiene en cuenta toda la cadena de suministro, el
problema acaba siendo el comportamiento de las grandes alimenticias",
aseguran expertos con acceso a información de primera mano sobre los acuerdos
de precios.
El gobierno
presiona a las alimenticias con el acceso a las divisas necesarias para
importar, insumos industriales o bienes de capital. Aquí, reconocen los
expertos, la pelea es sector por sector, empresa por empresa: "hay casos
donde se importó más de lo requerido en 2022 y se estoquearon para aprovechar
la brecha cambiaria, ahí el gobierno tiene margen para no entregar
dólares".
La Ley de
Abastecimiento es otra herramienta para presionar detrás de los acuerdos de
precios, la ley habilita al Ejecutivo “a establecer en cualquier etapa del
proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos
y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas” y aplica a quienes
“eleven artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o
productos, discontinúen el abastecimiento normal y habitual sin causa
justificada y destruyan bienes o impidan la prestación de servicios”.
El caso de Jumbo
La semana pasada
se conoció de la clausura de un local del hipermercado Jumbo en la localidad
bonaerense de San Martín, ante infracciones en normativas municipales e
irregularidades en el cumplimiento de Precios Justos. Estas fueron detectadas
mediante la app del programa que informó de repetidos casos de denuncias por
faltantes de mercadería o señalética, representantes de la secretaría de
Comercio de la Nación y de la subsecretaría de Defensa del Consumidor del
Municipio se presentaron en el establecimiento para proceder a la inspección y
posterior clausura del local. “Recibimos cinco alertas en un periodo muy corto
de tiempo. Esto indica un faltante severo que luego se verificó, desplegándose
sobre las horas de la noche un operativo donde encontramos 32 productos que
directamente no tenían stock y más de 14 productos que presentaban un
faltante”, había relatado el secretario de Comercio, Matías Tombolini.
La visión del
consumidor
Desde las
organizaciones de defensa de los consumidores coinciden en señalar que esas
multas no son efectivamente pagadas porque se suelen apelar, “si ante un
faltante del producto el supermercado demuestra que no está siendo abastecido
por su proveedor la sanción queda suspendida” sostuvieron desde Deuco, donde
identifican dos situaciones características: faltantes de productos porque los
productos de Precios Justos no están siendo abastecidos o bien ocultamiento de
mercadería por parte de los supermercados. En todo caso, “esa mercadería está
siendo fabricada en el país, pero los productos no aparecen”, enfatizan. La
variedad de mercadería que ofrece el programa es lo suficientemente amplia,
cualquiera puede constatarlo de manera sencilla ingresando a la app, pero esa
no es la situación que se observa en las góndolas.
Militantes,
sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de defensa del consumidor
muchas veces realizan sus propios relevamientos. Así, desde Deuco informaron
que “en el último estudio realizado con sondeos en 15 supermercados del
distrito de La Matanza se detectó que de las 21 marcas de aceite de girasol que
ofrece el programa y de las 20 de aceite de mezcla durante todo enero la
presencia en góndolas no llegó a cumplir con un 5 por ciento” y además
recuerdan que “una situación similar se había dado con el azúcar durante la
campaña de Precios Cuidados, que durante todo el segundo semestre de 2022 se
habían registrado importantes faltantes y cuando consultábamos a los
repositores nos decían que no la estaban recibiendo, lo cual podía ser una
verdad o una verdad a medias”.
Desde el lado
del consumidor lo importante es que los productos de en Precios Justos estén en
las góndolas. De nada sirve para la economía de las familias que una empresa
sea sancionada y siga habiendo el faltante, pues lo que termina ocurriendo en
esos casos es que las compras se realizan en los comercios de cercanía donde el
diferencial de precios es muy grande, “para el caso puntual del aceite de
girasol encontramos que las marcas que forman parte del programa –como
Cañuelas, Natura o Molinos- tienen la botella de 1,5 litros alrededor de 495 pesos,
pero fuera del supermercado se está vendiendo casi a 1.200 pesos la botella”.
Los autoservicios o comercios de cercanía no acceden a esos productos a precios
subsidiados, los mayoristas se lo venden más caro que a las cadenas de
supermercados y esto no está sancionado.
Desde la
Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc) reconocen que el
sistema de denuncias que implementa la secretaría de comercio "es rápido y
ágil, permite advertir irregularidades en cuanto a la diferencia de precio en
góndola y en caja (las menos usuales) y los faltantes de stock (las más
habituales), donde se detectan más de un incumplimiento, se hacen las
inspecciones y se labran las actas con sanciones de inmediato", pero
también señalan como falencia que las empresas no toman este hecho en cuenta
para no repetirlo, sino que los problemas vuelven a surgir y en ese sentido no
se atiende al verdadero problema de los consumidores. Las multas podrían
perfeccionarse y ser progresivas, con penalidades que aumenten si son reiteradas
o nuevos poderes de policía para el Estado en otros establecimientos de la
cadena, etc.
Para Adduc el
Estado también tiene otras herramientas legales que podría utilizar para
ampliar las sanciones, por ejemplo "la ley antimonopolio o de Defensa de
la Competencia, la ley de abastecimiento o la de Defensa del Consumidor que fue
recientemente mejorada en el Presupuesto 2023, se modificó el límite máximo
para las multas de 5 a 360 millones de pesos (esto es el equivalente a la
canasta de consumo de tipo 3 de Indec) y además la pueden aplicar los
municipios porque es una ley nacional". Otra herramienta que estas
organizaciones demandan es el Observatorio de precios que reúne a
representantes de empresas, organizaciones civiles y del Estado para avanzar en
el análisis de las cadenas de valor, los trabajos en esta dirección se
encuentran estancados.
(Pagina 12)