El TOF 2 dio a conocer los fundamentos del veredicto que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ahora todas las partes pueden apelar. CFK hablará este viernes en Río Negro.
El Tribunal Oral
Federal 2 dio a conocer los fundamentos del fallo que condenó a Cristina
Kirchner en la causa Vialidad y a través del cual se la pretende proscribir de
la vida política argentina. Este hecho da inicio al plazo de la defensa de la
vicepresidenta para presentar su apelación ante la Cámara Federal, a fin de
rebatir las acusaciones que, tal como lo planteó, carecen de material
probatorio. En tanto, se espera que este viernes CFK aluda al tema en su
aparición pública prevista para mañana en Río Negro.
Los polémicos
argumentos de la extensa sentencia fueron firmados por el juez Rodrigo Giménez
Uriburu, denunciado por sus vínculos con el fiscal Diego Luciani, con quien
jugaba al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri; por Jorge
Gorini, cuestionado por haber mantenido varias reuniones con Patricia Bullrich
cuando era ministra de Seguridad; y Andrés Basso.
Los fundamentos
del fallo que proscribe a CFK
El texto de poco
más de 1600 carillas fue difundido mediante el sistema informático Lex 100, por
el cual tramitan los expedientes y entregarán copias en formato digital a las
partes. Debido a su extensión fue entregado en dos archivos, uno es solo un
índice de los temas y otro el desarrollo.
Como se sabía,
el Tribunal descartó la figura de la asociación ilícita, presentada por la
fiscalía y le dice a Luciani que la referencia a otras causas cerradas, Hotesur
y Los Sauces, no es suficiente para probar esa figura.
En otro tramo
pone el acento en el cuestionado peritaje de las obras que fueron parte de la
acusación. De las 51 obras que se realizaron, el peritaje se detuvo solo en
cinco. Sin embargo, en su argumentación, los jueces tomaron tres.
Según los
fundamentos del fallo, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que entre 2003 y
2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal
fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial
controlado por Lázaro Báez".
Los jueces
afirmaron también que no existe especulación electoral en su fallo y acusaron a
CFK de realizar “una defensa mediática y extrajudicial” y definen al lawfare
como “una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de
Derecho”.
El fallo de la
causa Vialidad
El fallo condenó
a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos
públicos. Se la señala como la principal responsable de un sistema que
adjudicaba obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, y de haber
recibido “beneficios económicos” por ello.
En su acusación,
el fiscal Luciani presentó una serie de hechos que no probaron la relación
directa entre la vicepresidenta y los puntos denunciados, y que además fueron
desbaratados uno a uno por inexistentes y tergiversados.
Sin embargo, el
fallo insiste en que hubo una maniobra fraudulenta para favorecer a Báez, a
través de la cual se "perjudicó los intereses de la administración
pública".
El fallo es
apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, también
ante la Corte Suprema de Justicia, de modo tal que la decisión fundamentada hoy
aún no tiene fuerza de cosa juzgada.
La reacción de
Cristina Kirchner al fallo
La propia
vicepresidenta denunció públicamente esos vínculos. “Más que un tribunal del
lawfare es un pelotón de fusilamiento”, advirtió y dejó claro que su sentencia
en contra tiene “hechos inventados, ocultamiento de otros, tergiversaciones y
mentiras”.
Puntualizó que
los jueces y el fiscal “no pudieron replicar ni desmentir” los argumentos de su
abogado Carlos Beraldi, que echa por tierra las acusaciones, y dejó claro que
“ese pelotón de fusilamiento tuvo por objeto estigmatizar a un espacio político
y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese
espacio”.
Sin embargo,
esas relaciones entre los magistrados y los máximos exponentes de Juntos por el
Cambio fueron motivo de recusaciones varias por parte de la defensa, que fueron
sistemáticamente rechazadas a pesar de estar probadas.
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