EN EL PLAZO DE LOS PRÓXIMOS 45 DÍAS | La Policía ordenó a sus efectivos realizar exámenes de salud mental
Desde Jefatura dispusieron la medida después de una serie de hechos de violencia extrema relacionados, presuntamente, a estados de inestabilidad psicológica. Buscan informes de especialistas para determinar la aptitud de quienes componen las filas de la institución.
Los estudios médicos deberán ser presentados en un lapso no mayor a los 45 días a partir de la fecha de ayer, cuando la noticia fue dada a conocer, filas adentro, mediante un memorándum que lleva la refrenda del titular de la fuerza, comisario general Alberto Arnaldo Molina.
Puntualmente, la medida apunta a exámenes que permitan establecer la aptitud psicológica de cada componente de la institución.
"En el marco de las tareas que se vienen llevando adelante para la preservación y cuidado de la salud psicofísica del personal policial de la institución, se hace saber a los titulares de las unidades policiales de toda la provincia, bajo acta al personal que le depende, que deberán presentar estudio médico electroencefalograma con mapeo cerebral, extendido por un médico especialista en psiquiatría, como así también Informe psicodiagnóstico expedidos por licenciados en Psicología ajenos a la institución".
En este sentido remarcan una evaluación del control de impulso y manejo del estrés, entre otros aspectos.
La disposición no tomó tanto de sorpresa a los efectivos. Desde hace más de una semana las versiones indicaban sobre la posibilidad de esta clase de exámenes. Pero como contrapartida representa una erogación de dinero extra que debe correr por cuenta privada.
Los antecedentes más cercanos vinculados a proceder deficiente, irregular o delictivo de parte de uniformados son muchos y causaron alarma evidente, tanto en la propia Policía como en la población en general.
El mes pasado, el oficial David Medina asesinó a tiros al hijo de la fuerza de seguridad, Alfredo Molina, en una casa de la localidad de San Cosme donde lo halló en compañía de su exnovia. Tanto la víctima como victimario eran conocidos y compañeros de trabajo.
Durante la balacera, Bárbara Romero, también oficial, resultó gravemente herida y continúa internada.
Es un antecedente severo, como lo fue el acto de abuso sexual y torturas en perjuicio de un suboficial cometido por otros dos miembros de la Policía en un destacamento de la localidad de Juan Pujol. Ese hecho llevó a la detención, separación de la fuerza e imputación penal de los acusados.
Un caso más en la lista de hechos alarmantes tiene que ver con la denuncia de apremios en contra de un sexagenario que salía de trabajar y circulaba en moto en el capitalino barrio Sapucay.
La víctima fue demorada a cachetazos, nada menos que por un oficial, luego sujetado del cuello y esposado aún cuando no existía causa delictiva probable, sino un simple percance de tránsito. "Te vamos a dejar ir; acá no pasó nada", denunció que le dijeron al hombre mientras lo mantenían privado de la libertad en la Comisaría Décima.
A esto se suman las denuncias de dos mujeres, madre e hija, demoradas por policías en Capital bajo "sospechas" de un delito no constatado. Ambas, dijeron, fueron esposadas y presuntamente golpeadas en sede de la Dirección Metropolitana.
Los escándalos que salpican a la Policía tienen muchos capítulos. Aparte de los actos de violencia física hay otros casos relacionados a miembros de la institución provincial con actividad estrecha a comercio de drogas. Así, por ejemplo, lo destapó una investigación de Policía Federal Argentina.
Cuando la sociedad demanda mayor capacidad, se producen estos hechos que siembran ciertas dudas acerca de la aptitud psicofísica de quienes deben "servir y proteger".
(Epoca)