A ocho meses del fusilamiento de Kevin Candia por funcionarios policiales y penitenciarios en la Unidad Penal N 1, no se ha establecido ninguna responsabilidad directa ni política.
Durante la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción 6, se requirieron múltiples informes tanto sobre lo ocurrido como respecto a las normas y protocolos que rigen en casos de situaciones de conflicto intramuros. Tanto las cabezas del Servicio Penitenciario Provincial como de la Policía de Corrientes y sus respectivos grupos especiales, negaron la existencia de protocolo alguno. En las escasas audiencias testimoniales tomadas hasta el momento, los funcionarios penitenciarios mantuvieron la versión de la ausencia de protocolos.
Sin embargo, en los últimos días hábiles fue incorporada al expediente la Resolución Ministerial 0124/17, que no es otra cosa más que el “Protocolo de Primera Respuesta para hipótesis de conflictos con personas privadas de su libertad y alojadas en establecimientos penitenciarios”, que lleva la firma del anterior Ministro de Seguridad, Horacio David Ortega. Esta normativa lleva tres años vigente. Tres años en los que los mismísimos jefes de cada fuerza, no han tomado conocimiento de su existencia.
En un comunicado de la Red de Derechos Humanos hablan de innumerables irregularidades. “Insistimos, no fue motín, no hubo reyerta, a Kevin lo mataron las balas asesinas de las fuerzas de seguridad y penitenciarias en una represión desmedida e irracional ante un conflicto menor que podría ser rápidamente desactivado”.
(Litoral)