Aseguran que la actual titular de la entidad cometió graves irregularidades por decisiones para las cuales no tenía atribuciones.
El viernes 23 de abril vence el noveno decreto de intervención del Centro de Jubilados de la Provincia de Corrientes. Un grupo de afiliados reclamó que no se renueve la intervención y denunció que hay serias irregularidades en la administración a cargo de Julia Fernández, que tras cinco años de gestión “dejó abandonadas a las filiales del interior al punto que no prestan más servicios”.
Ana María Maciel abogada y socia de la entidad describió a época que “Fernández fue designada con el sólo propósito de llamar a elecciones y normalizar la vida institucional del Centro de Jubilados”.
Agregó que desde 2016 a la fecha Fernández no demostró intenciones de normalizar al Centro de Jubilado, ni de ordenar el proceso electoral que devuelva la administración de la entidad a “sus legítimos propietarios que son los afiliados”.
Maciel recordó que Fernández fue designada por decreto el 12 de octubre de 2016 como propuesta de solución oficial a las irregularidades en el fallido proceso electoral de ese año. Luego de cinco años de gestión avalados por ocho decretos más, seis de los cuales incluían la cláusula de remoción por incumplimiento en “la misión específica de llamar a elecciones y normalizar el Centro de Jubilados”.
En un manuscrito acercado a época Maciel expresó que “el Gobierno ha renovado sistemáticamente a Fernández con argumentos inexactos, sin consistencia, sin analizar o considerar nuestras permanentes denuncias de manejos irregulares de fondos, sin control alguno”.
Agregó que se cometieron otras irregularidades como “despidos sin justa causa de 20 empleados generando juicios indemnizatorios, ejemplo la farmacéutica Treyer con sentencia de $2.500.000 de pagos resarcitorios y otros juicios más”.
Maciel también enumeró que “se dejó de coparticipar fondos a todas las delegaciones del interior que les impiden brindar servicios de médicos, podólogos, etcétera”.
La afiliada afirmó que hay “un constante destrato y persecución al personal, de gastos superfluos e innecesarios de construcción, remodelación en desmedro de insumos del área de salud y de material de oficina”.
También denunció que “hubo remoción arbitraria de delegados que solicitaban elecciones y la sustitución por personas que no reúnen los requisitos para ser jubilados y socios de la entidad”.
Otros puntos que expuso Maciel son “el excesivo gasto en publicidad y muchas otras irregularidades por arrogarse facultades que no posee como interventora de la entidad”.
Por esos motivos es que reclama “el cese inmediato de Julia Fernández por violación de normativas vigentes respecto a intervenciones, del reiterado incumplimiento de los decretos que la conminaban al llamado a elecciones e incluso algunos de ellos con cláusula de remoción en caso de su incumplimiento”.
Afirmó además que otro motivo de cese son “los informes falaces, inciertos e incomprobables de desórdenes administrativos y financieros al momento de disponerse la intervención y así justificar las sucesivas prórrogas y su permanencia indefinida, lo cual, además de constituir una violación del Estatuto Social y de lo enunciado, plasmado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y de toda la normativa protectora del adulto mayor”.
(Época)