El próximo lunes se conocerán las sentencias, luego de haberse escuchado ayer los pedidos del Fiscal, de las querellas y de las defensas. El acusador oficial solicitó cuatro años de prisión e inhabilitación para el jefe de la obra, Marcelo Mayer y tres años en suspenso para el ingeniero Walter Bruquetas. Y pidió la absolución del capataz Carlos Valenzuela. El querellante que más pena pidió fue de 20 años para los profesionales juzgados. Las defensas reclamaron la absolución de todos los acusados, entendiendo que nadie fue responsable de nada.
Se realizó ayer la ronda de alegatos en el juicio por la muerte de ocho trabajadores de la construcción, que perdieron la vida en 2012 como consecuencia de un derrumbe en la obra de un edificio que se ejecutaba sobre calle San Martín al 600, en la ciudad de Corrientes.
Durante la audiencia, el fiscal del juicio Jorge Omar Semhan solicitó cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación profesional para el jefe de obra, Marcelo Mayer; tres años en suspenso para el ingeniero Walter Bruquetas y la absolución para Carlos Valenzuela, que se desempeñaba como capataz.
Una de las querellas de los familiares de las víctimas desistió de acusar a Mayer y pidió cinco años de prisión para Bruquetas y Valenzuela.
La segunda querella pidió cinco años de prisión para Valenzuela y 20 años para Mayer y Brusquetas.
El pedido del Fiscal causó malestar entre los familiares de las víctimas, ya que de cumplirse significaría que uno solo de los acusados iría a la cárcel después del proceso en el que se juzga la causa caratulada como «supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona».
El Tribunal, compuesto por Raúl Juan Carlos Guerín, Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo, determinó un cuarto intermedio hasta el lunes, a las 17, momento en el que se escucharán las palabras finales de los imputados y se conocerán las sentencias.
EL HECHO
El 22 de marzo de 2012, 11 obreros se encontraban trabajando en las alturas del edificio en construcción, más precisamente en el hormigonado de una escalera ubicada debajo de un tanque de agua que se derrumbó sobre ellos, provocando el aplastamiento de algunos, mientras otros cayeron al vacío.
Como consecuencia del derrumbe, perdieron la vida Diego Hernán Rodríguez, Marcos Ramón Ricardo González, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Ramón Valentín Zacarías, Enrique Eduardo Fabián Sosa, y Paulo Alejandro Medina.
En la jornada de ayer, el Tribunal Oral Penal N° 1 cerró el período probatorio con la incorporación de informes y luego se dio la palabra a los querellantes, fiscal, asesora de Menores y defensas que harían sus alegatos finales sin máximo de tiempo establecido.
El juicio comenzó a principios de año y a lo largo de las numerosas audiencias declararon más de 50 testigos. «El Tribunal decidió que habrá un cuarto intermedio y estimamos que la sentencia quedará para el lunes. Hoy fue una jornada agotadora. Los jueces han decidido que los imputados sean oídos el lunes y luego de eso estimamos que se producirá la sentencia», expresó el doctor Juan Manuel Cubilla Podestá.
INFORME OFICIAL
El área de comunicación del Poder Judicial de la Provincia informó ayer oficialmente que en la denominada Causa Derrumbe concluyeron los alegatos y el lunes 17 se dictará sentencia.
Detalló que los imputados son Marcelo Mayer, Walter Bruquetas y Carlos Valenzuela por el delito de «Supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona».
El tribunal está integrado por los doctores Raúl Juan Carlos Guerín como presidente y Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo como vocales.
«Son responsables porque tanto Mayer como Brusquetas, podían haber parado la obra tras advertir que las condiciones no estaban dadas para hacer el trabajo que luego terminó en el hecho fatal», sostuvo el doctor Semhan durante sus conclusiones.
También solicitó que se los inhabilite parcialmente para que ejerzan la profesión. Que no se les permita dirigir obras.
En el aspecto civil, las querellas solicitaron distintos montos indemnizatorios.
Una de las querellas, ejercida por los doctores Rubén David Leiva y Jonás Gómez Jaime en representación de Haydeé Riveros, su hijo menor de edad, Ramona Báez y Alicia Ojeda solicitó para Mayer y Bruquetas 20 años de prisión e inhabilitación por el mismo tiempo en el ejercicio de la profesión y su inmediata detención por el delito previsto y penado en el artículo 187 del Código Penal.
Sostuvo que ambos profesionales renunciaron a la posibilidad de estar en la obra y evitar lo sucedido.
Coincidencias en los argumentos
Durante los alegatos, las partes querellantes coincidieron en que se está juzgando la mayor tragedia en obras de construcción de Corrientes.
Sostuvieron que el hecho se produjo por causas que se podrían haber evitado, ya que los encargados de la obra, y ahora imputados incumplieron todas las reglas de construcción vigente.
Señalaron especialmente que nunca se tomaron las medidas necesarias para la seguridad de los obreros y que no tenían elementos para trabajar en altura.
Además consideraron que el hecho que se produjera una tormenta influyó para que no estén dadas las condiciones para hacer el hormigón.
Dijeron que se utilizaron para hacer el encofrado maderas que estaban en mal estado y húmedas y que existían defectos en el encofrado, deficiencias técnicas en su armado. «Esto provocó el colapso y caída al vacío del tanque de agua que se estaba hormigoneando», indicaron.
En este marco consideraron que el resultado era esperable por la falta de supervisión y el marco general de irregularidades en que se desarrollaba esta obra.
Aseguraron que se presentaron planos inexactos para ahorrar recursos.
Explicaron cuestiones técnicas de cómo, por ganar más dinero, se aceleraron los tiempos, sin control, incumpliendo normas de seguridad.
Por su parte, todos los defensores solicitaron la absolución de sus defendidos porque consideraron que no se les puede atribuir la responsabilidad del hecho.
Uno de ellos refirió que diferentes testigos afirmaron que su defendido, el ingeniero Bruquetas iba frecuentemente a la obra. Y como cierre y alegando orfandad probatoria, solicitó que se lo absuelva.
Por su parte, el doctor José Nicolás Báez, defensor Oficial Penal N° 1 que representa a Carlos Valenzuela, sostuvo que éste no actuaba ni como capataz, ni responsable de la obra y por tanto no se lo puede imputar de ningún delito, porque no ejercía esa función.
«Carlos Valenzuela no es maestro mayor de obras, por lo que no tiene la calidad técnica que la ley requiere para supervisar una obra», subrayó el doctor Báez y agregó que en ese momento el imputado estaba trabajando en otra construcción.
Por último, alegó el doctor Mario Roberto Gabardini en representación de la empresa Dotrhe SRL accionada civilmente y a la cual los damnificados le solicitaron un resarcimiento económico. En sus alegatos, el abogado pidió que se exima del pago a su representada porque no le cabe responsabilidad en lo sucedido.
(Ctes. Hoy)