ESTADO DE DERECHO VULNERADO | Desobediencia a la Corte: desde Ejecutivo nacional al STJ correntino

Un fallo del máximo tribu­nal no es cum­plido por eL STJ correntino.


 La definición -luego revo­cada- del presidente Alberto Fernández sobre el fallo que determinó la restitución de fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires (Caba), quitados hace dos años para destinar­los a la provincia de Buenos Aires, generó nuevamente una ola de posturas a favor y en contra, sobre el cum­plimiento de los fallos judi­ciales. Queda claro que sea a favor o en contra, del gusto de los actores o no, el fallo es de cumplimiento efectivo, en el respeto a la república y al estado de derecho.

Así, por caso, se dieron si­tuaciones similares, como lo ocurrido en Corrientes con la orden del máximo tribu­nal del país sobre un fallo correntino contra el ex go­bernador Tato Romero Feris.

Fue el líder nuevista quien alertó sobre esta situación, y recordó lo ocurrido, a través de sus cuentas en redes so­ciales. 

"Mientras algunos en Corrientes se rasgan las vestiduras por la supuesta desobediencia al fallo de la Corte en el tema de la co­participación a la Ciudad de Buenos Aires, solo quiero recordar que aquí en Co­rrientes, a la Corte Suprema se la viene desobedeciendo sistemáticamente por par­te del Superior Tribunal de Justicia, primero en lo atinente a la orden dada de dividir el Ministerio Público como lo establece la Consti­tución de la Provincia", dijo Tato.

En el escrito recordó que "el 27 de noviembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia ordenó, con un severo lla­mado de atención, reanudar el proceso para designar el defensor general y el ase­sor general, que había sido suspendido en la Cámara de Senadores. Es decir, convali­dó la división del Ministerio Público. En el fallo la Corte Suprema dijo que el Supe­rior Tribunal de Corrientes se arrogó la representación del pueblo correntino para modificar la Constitución. Pese al tiempo transcurrido, el fallo nunca se cumplió".

En la explicación del líder nuevista remarca que "en la sentencia dictada en mi contra condenándome ar­bitrariamente, para sacarme de la cancha política, con la Causa Santa Catalina, en la que me inhiben y me sacan del padrón, y a cumplir pri­sión injustamente, quitán­dome años de mi libertad. La Corte Suprema el 20 de febrero de 2018, hace casi cinco años, ordenó a la Jus­ticia de Corrientes a dictar nueva sentencia. Aún hoy seguimos esperando que se cumpla tal orden".

El estado de derecho y la república exigen el respeto a los poderes, cuestión que desde la Justicia correntina no se cumple, y se oculta deliberadamente.



(Norte)