Flávio Dino, el ministro de Justicia, anunció que los atacantes a las sedes de los tres poderes del Estado se exponen a sanciones penales y también civiles. Hay tres líneas de investigación.
La investigación
sobre los ataques del neofascismo en Brasilia empieza a arrojar datos concretos
sobre la trama que los provocó, las consecuencias judiciales que alcanzarán a
sus ejecutores y ciertos cómplices de uniforme. Unos 1.500 golpistas fueron detenidos,
sus campamentos cuarteleros desmontados y las pesquisas se extienden ahora a
sus financistas y sostenes políticos.
Militares
retirados
Flávio Dino, el
ministro de Justicia, anunció que los bolsonaristas arrestados se exponen a
sanciones penales y también civiles por los delitos que cometieron en las sedes
de los tres poderes del Estado. Entre quienes invadieron o acompañaron el
ingreso violento al Congreso, el Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF)
había militares retirados de alta jerarquía. Uno es el ex director de Logística
del ministerio de Salud, general de reserva Ridauto Lúcio Fernandes. Fue
funcionario durante la gestión del negacionista Eduardo Pazuello entre julio de
2021 y el último día del gobierno del expresidente Bolsonaro. Otro es el
coronel (R) Adriano Camargo Testoni, quien según el diario O Globo “se graduó
de la Academia Militar de Agulhas Negras, y actualmente trabaja en el Hospital
de las Fuerzas Armadas como asesor de la División de Coordinación
Administrativa y Financiera”. Pero no solo integrantes del Ejército se
involucraron en los hechos. También un oficial de la Marina de Guerra, el
capitán retirado, Vilmar José Fortuna, ex asesor de la cartera de Defensa desde
2013 y en la que ya no trabajaba. Se fotografió el domingo en el lugar de los
hechos con el desparpajo de un sedicioso que se siente impune.
“Tenemos el
delito de golpe de estado, así se denomina en el Código Penal; el intento de
abolición violenta del estado democrático de derecho; el delito de daño
calificado; la asociación delictiva; lesiones corporales, incluso en relación
con los profesionales de la prensa” informó Dino en una conferencia durante la
que precisó varios detalles de la investigación.
Su ministerio
dio a conocer un correo (denuncia@mj.gov.br) para que la gente envíe
informaciones sobre los hechos del 8 de enero. Hasta ahora se habían recibido
unos 13 mil mensajes que están analizando empleados de la cartera de Justicia.
Para Dino, exgobernador del estado de Maranhão y aliado de Lula desde cuando
integraba el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), esos emails permitirán “que
lleguemos a los financistas y organizadores”.
El ministro dijo
además que en uno de los vehículos utilizado por los golpistas se encontró un
arma de fuego y eso “lamentablemente muestra una preparación para cometer actos
de violencia”. Al menos cuarenta ómnibus fueron incautados por la Policía
Federal de Carreteras, en varios de los cuales se movilizaron los bolsonaristas
a Brasilia. El sábado 7 a la noche, un centenar de estos autobuses que llevaron
a unos 4 mil ultraderechistas, llegaron a la capital. Así pudieron sumarse al
campamento frente al cuartel general del Ejército en el Distrito Federal.
Acompañando a la
turba estaba Camargo Testoni, un irascible coronel que se dejó filmar a los
gritos, totalmente fuera de sí, insultando al generalato. “Manada de hijos de
puta. Todos se van a cagar. Vanguardias de mierda. Cobardes. Mira lo que nos
pasa. Nuestro ejército es una mierda”, vociferaba contra la cúpula militar
mientras se lo veía afectado por los gases lacrimógenos y acompañado por su
esposa en el ataque al centro del poder político.
Dino adelantó
que las pericias dimensionando los daños y perjuicios “serán enviadas al
Ministerio Público para cubrir los indemnización de daños materiales perpetuos,
algunos irreparables en relación con las edificaciones y el patrimonio
histórico que allí se albergan”. Un repaso a las imágenes que circularon en las
redes sociales desde el domingo hasta hoy, permitió comprobar escenas
escatológicas.
En un video se
ve como un hombre usó como baño una sala del STJ para defecar y orinar en
público. Otros neofascistas se dedicaron a destrozar cuadros de la pinacoteca
del Planalto, el palacio presidencial o utilizaron la mesa de trabajo del
expresidente Juscelino Kubitscheck como barricada. Los actos violentos dejaron
un saldo cuantioso. Solo el cuadro vandalizado del célebre pintor Di Cavalcanti
As Mulatas vale más de 1,5 millones de dólares.
La agencia de
noticias Terra Brasil informó que se siguen tres caminos en la investigación
sobre el intento de golpe en Brasilia. “La identificación masiva de invasores,
el mapeando de la red de financiación de estos grupos y las posibles
connivencias de agentes públicos”. Las redes sociales bolsonaristas son la
radiografía perfecta de cómo se preparó la convocatoria para converger sobre la
capital y voltear al gobierno de Lula con el esperado respaldo de las fuerzas
armadas que no se produjo, al menos desde el plano institucional.
“Todos los
gastos pagos. Agua, desayuno, almuerzo y cena. Y acamparán en el Planalto”,
prometía un mensaje en Telegram enviado por los golpistas nostálgicos del
expresidente y de la extensa dictadura brasileña (1964-1985). Para terminar con
ese tipo de convocatorias, la empresa Meta anunció que bloquearía “contenido
pro-invasión en Brasilia de las redes sociales”.
Con la situación
medianamente controlada, el ministro Dino dejó un mensaje aleccionador 24 horas
después de los ataques: “Cualquiera que financie el crimen es un delincuente.
Ya hemos recogido todos los buses, de dónde vinieron, quién pagó. Tenemos la
lista de pasajeros y vamos a pedir a la policía judicial, tanto a la PF como a
la Policía Civil, las medidas apropiadas”.
Una caricatura
de lo que en apariencia fue, desprestigiado y en franco declive, el exministro
de Justicia de Bolsonaro, el senador y exjuez Sergio Moro, dejó una frase sobre
los hechos que delata el sentimiento golpista. Criticó al presidente Lula, su
condenado sin pruebas, por “reprimir” lo que llamó “protestas”.
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