A pesar de que la recuperación económica se ubica por encima del promedio de los últimos siete años y que las mujeres alcanzaron una tasa de actividad histórica, la brecha con los varones se amplió. Tienen mayores tasas de desocupación y, cuando acceden a un trabajo, es de menor calidad y peor pago que el de los hombres. Las herramientas presupuestarias para avanzar hacia la igualdad.
Pese a que la
recuperación económica que se reflejó en el tercer trimestre de 2022 se ubica
por encima del promedio de los últimos 7 años, y que las mujeres alcanzaron una
tasa de actividad trimestral récord desde 2016 (llegaron al 51,1%), "la
brecha con los varones se amplió". A pocos días del 8M, un informe del
Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala
que en términos generales “las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad,
mayor desocupación, y cuando acceden al trabajo, lo hacen en empleos de menor
calidad y en sectores de menor ingreso”. Y en el caso de las personas jóvenes,
las mujeres “presentan una tasa de desocupación de 16,6 por ciento contra 14,3
por ciento en los varones”.
Los números
muestran que ante las desigualdades estructurales las brechas de género se
mantienen, pero se observa una tendencia a revertir los procesos, a partir de
las políticas públicas activas que tienen como eje rector al Ministerio
nacional de Mujeres y Diversidades. El informe incorpora la perspectiva de
género al análisis económico, bajo el título de “El 8M en perspectiva
económica: de las brechas de género como desafío estructural, a las
herramientas presupuestarias como forma de avanzar (2019-2022)”.
Con un marco de
recuperación económica sostenida, observada en las variables “producción y
empleo” --después del período signado por la crisis del gobierno de Cambiemos
(hoy Juntos por el Cambio) y por la pandemia--, este 8M ofrece la posibilidad
de analizar “las desigualdades estructurales que imponen las brechas de
género”, y su relación con las políticas públicas destinadas a subsanarlas: hay
al menos cincuenta programas y políticas activas en este sentido, afirma el
CEPA.
Como rasgo
distintivo presenta un abordaje de “la política presupuestaria con perspectiva
de género”, como “eje transversal y reflejo económico de los avances
realizados”. Hay avances, afirman, aun con las limitaciones propias de todo
inicio, en un proceso de transformación estructural. Para evidenciarlo
sistematizan las políticas públicas que son “un avance en la
institucionalización creciente de la perspectiva”. La creación del Ministerio
de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se ubica como la “máxima
expresión de esa voluntad” por jerarquizar las políticas de género.
La recuperación
económica, la caída de la desocupación y una mayor informalidad signan el
período según este basado en datos del INDEC y de la Encuesta Permanente de
Hogares. Y para un panorama preciso de “las desigualdades estructurales que nos
atraviesan por razones de género”, describe el impacto que generan en “la
calidad de vida de mujeres y diversidades”, los instrumentos de Estado
destinados a atravesar las brechas de género “en el ámbito laboral, de ingresos
y patrimonial”. A la par, aborda los datos “de la primera encuesta nacional de
uso del tiempo”, y analiza las principales “brechas de tiempo de cuidado entre
varones y mujeres”.
Dato por dato
El informe
consigna –respecto al tercer trimestre de 2022--, que: “la recuperación
económica se ubica por encima del promedio de los últimos 7 años. Y las mujeres
alcanzaron una tasa de actividad histórica para un tercer trimestre desde 2016,
llegando a 51,1 por ciento. Sin embargo, la brecha con los varones, se amplió”.
En términos generales “las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad,
mayor desocupación, y cuando acceden al trabajo, lo hacen en empleos de menor
calidad y en sectores de menor ingreso”. Y en el caso de las personas jóvenes,
las mujeres “presentan una tasa de desocupación de 16,6 por ciento contra 14,3
por ciento en los varones”.
Creció la
informalidad “que se ubicó en el 37,4 por ciento”, y como “una constante: son
mujeres las que tienen mayor participación en los trabajos informales”. Esta
situación redunda en una asimetría en los ingresos: “para el tercer trimestre
del 2022, los varones percibieron un 24,6 por ciento más de ingresos personales
y un 22,8 por ciento más de ingresos por ocupación principal que las mujeres”.
El informe analiza
también “cómo se resuelven las necesidades de cuidado” ya que esto impacta
"en la posibilidad de insertarse (o no) en el mercado de trabajo". Y
se referencia en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) de 2021 “que
arrojó --como en 2013--, a las mujeres dedicadas a trabajo no remunerado un
promedio seis horas y media diarias en comparación a las tres horas y media de
los varones”. Esta brecha de casi tres horas se profundiza “en sectores
socioeconómicos de mayor vulnerabilidad que no pueden contratar servicios de
cuidado, lo que reduce a su vez las posibilidades de insertarse en el mercado
laboral”.
“La distribución
desigual en el acceso al mercado laboral y a los ingresos entre varones y
mujeres tiene como correlato la brecha patrimonial. El análisis de los
impuestos directos sobre la riqueza da cuenta de que la misma se encuentra
fuertemente masculinizada”. Dicho de otro modo, afirma el informe del CEPA:
“Las mujeres ganan menos, poseen menos riqueza y destinan mayor porcentaje de
sus ingresos a impuestos indirectos --y regresivos-- como el IVA”.
Las líneas de
abordaje
Se analiza con
datos del mundo del trabajo y los ingresos, la evolución por género de las
tasas de “actividad, desocupación, desocupación joven, informalidad”. En
materia de ingresos “medimos las brechas generales pero también entre
trabajadoras/es formales e informales” explica el informe. Se aborda además “el
lado ‘b’ de la feminización de la pobreza: la subrrepresentación de las mujeres
en los impuestos que gravan la riqueza”.
Por otro lado,
aborda las políticas públicas destinadas a “erradicar las desigualdades y las
violencias por motivos de género”. Y analiza “las políticas de gestión para la
igualdad” y las que garantizan el acceso a la salud. Asimismo, presenta una
línea de trabajo en la política presupuestaria “con perspectiva de género” como
eje transversal y reflejo económico de los avances realizados en estos tres
años de gestión del Frente de Todos.
“Desde CEPA
entendemos que la herramienta de los presupuestos con perspectiva de género
constituye un instrumento fundamental” y deben ir acompañados de recursos,
define el informe que lleva la firma de Amy Paladín, Agostina Beveraggi, Aldana
Denis, Carolina Berardi, Dolores Castellá, Julia Strada, Mariana Iñiguez, Maria
Ruiz Elvira, Martina Lopez, y Valentina Burke.
50 políticas de
transformación
A más de tres
años de gestión del Frente de Todos, en el marco de las políticas públicas con
perspectiva de género del Estado Nacional “se han relevado, sistematizado y
agrupado cincuenta políticas, programas y medidas que se han llevado a cabo,
organizadas en seis categorías, de acuerdo al objetivo que persiguen. Entre
ellas, enumera:
-Políticas para
prevenir, erradicar y abordar las violencias por motivos de género: Programa
Acompañar y Programa Acompañar Derechos (PAD).
-Políticas para
reducir, redistribuir y reconocer las tareas de cuidado: reconocimiento de años
de aporte para mujeres con hijas/os y moratorias previsionales, la más reciente
aprobada por el Congreso el 28 de febrero de este año.
-Políticas para
reforzar los ingresos de mujeres y diversidades: Tarjeta Alimentar y Bonos para
quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas, dado que las dos terceras partes
de quienes perciben la jubilación mínima, son mujeres.
-Políticas para
mejorar la inserción laboral de mujeres y diversidades: Cupo Laboral
Travesti-Trans para el Sector Público Nacional.
-Políticas de
gestión para la igualdad: Ley Micaela y Ley de Equidad de género en servicios
de comunicación.
-Políticas para
garantizar el acceso a la salud de mujeres y diversidades: Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
Presupuesto con
Perspectiva de Género
Pensar en una
organización presupuestaria con perspectiva de género “permite cuantificar el
esfuerzo que realizan los gobiernos a los fines de erradicar las desigualdades
y las violencias por motivos de género” define el informe. Y precisa que con
Presupuestos con Perspectiva de Género (PPG) “en 2023 se etiquetaron 49
programas que ejecutan 25 organismos del Estado pertenecientes a 16
ministerios. Ello implicará una inversión anual de $ 4,2 billones de pesos, que
representa el 14,7 por ciento del presupuesto total del Estado Nacional”.
La metodología
implementada “clasifica a las políticas etiquetadas en función de las brechas
de género que aportan a cerrar: Brecha Laboral, Brecha de Ingresos, Brecha de
Violencia (Erradicación de la Violencia de Género), Brecha de Tiempo y Cuidados
y Brecha en Salud y Autonomía Física y Reproductiva.
“El punto de
partida del PPG --afirma el trabajo-- es reconocer que los presupuestos no son
neutrales al género. Dadas las desigualdades estructurales que existen entre
varones y mujeres y LGTBI+, el impacto de las políticas públicas no resulta
indiferente. Si pasamos por alto estas brechas, lo más probable es que las
estemos reproduciendo, o incluso agravando la desigualdad. En cambio, proponer
presupuestos sensibles al género implica preguntarnos: esta política pública
determinada, este crédito asignado para este programa, ¿contribuye a reducir
las brechas de desigualdad de género? ¿O por el contrario, mantiene el status
quo?”
“De este modo,
podemos valorizar -monetariamente- cuánto gasta el Estado para aportar a la
igualdad de género. Así, se traduce en dinero el compromiso político asumido de
construir un mundo más justo e igualitario en materia de género” concluye.
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