Ante los miles de hogares sin electricidad, elaboran un proyecto de ley para que el servicio quede en manos del Estado. El debate internos. La denuncia penal por "malversación de fondos, fraude y abandono de personas".
Decenas de miles
de hogares sin luz hace días, denuncias que florecen con furia en municipios y
organismos públicos, escuelas que tienen que evacuar a las apuradas porque se
incendian transformadores: la crisis social desatada por la deficiencia del
servicio de Edesur obliga al gobierno nacional a enfrentarse, por estas horas,
a la disyuntiva de si quitarle o no la concesión del suministro eléctrico. Ya
hubo una denuncia penal oficial y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) avanza en un informe que de cuenta de cómo la empresa no está cumpliendo
con los servicios básicos. Pero para un importante sector del Frente de Todos
aquello no es suficiente: hay que ir por la estatización de Edesur. Son cada
vez más las voces oficialistas que presionan dentro del gobierno nacional para
que avance en esa línea e, incluso, Máximo Kirchner y algunas espadas
kirchneristas ya comenzaron a diseñar un borrador de un proyecto de ley en esa
línea. De un lado a otro de la grita (interna) la conclusión, sin embargo, es
la misma: la situación así no da para más.
Hace más de dos
semanas que la ola de calor infernal que golpea el Área Metropolitana de Buenos
Aires tiene sumida en la bronca y la incertidumbre a una media de 100 mil
usuarios por día que, ocasional o ininterrumpidamente, se encuentran sin
energía. La lluvia trajo algo de alivio, pero el jueves todavía había unos
62.600 usuarios de Edesur que estaban sin luz. La excusa todoterreno de la
distribuidora es que las inversiones están atadas a las tarifas y que, por lo
tanto, hay que subirlas si se quiere que haya mejoras en la infraestructura.
Sin embargo, un informe del ENRE demostró que durante el gobierno de Mauricio
Macri (2016-2019), cuando las tarifas aumentaron entre un 1600 y 2100 por
ciento, las inversiones eléctricas disminuyeron con respecto a 2015. Es más,
según un informe de CEPA, las inversiones en relación con la facturación se
redujeron a la mitad durante el gobierno de Cambiemos.
El caso de
Esteban Echeverría, municipio que ayer denunció penalmente a las autoridades de
Edesur, funciona como claro ejemplo de lo que viene sucediendo en el conurbano
sur desde que en los 90' la italiana Enel se hizo cargo de la concesión.
"Siempre se quejan de que las tarifas no les alcanzan. Cuando comenzó el
gobierno de Macri firmamos un convenio en el que Edesur se comprometía, en un
plazo de cinco años, a invertir en una subestación en Luis Guillón. En ese
tiempo hubo un alza tarifaria a niveles internacionales, pero Edesur nunca hizo
las obras", se quejó el intendente Fernando Gray, que se jacta de haberle
ganado ya varias denuncias judiciales a la distribuidora en los últimos 15
años. "El Estado tiene que rescindirles la concesión. Con todos los
incumplimientos que tiene esa empresa no puede seguir brindado un
servicio", remató.
No es el único
que lo piensa. En las últimas 24 horas no pararon de brotar dirigentes que
insisten en que la situación no da para más y que llegó el momento de quitarle
la concesión a Edesur. "EDESUR factura millones y no invierte. Lxs vecinxs
se organizan y no hay respuesta. Si no cumple con su obligación el camino es
quitarle la concesión", advirtió la diputada de La Cámpora, Paula Penacca.
"Hay quitarle ya la concesión a Edesur, no podemos seguir esperando",
sumó la senadora bonaerense Teresa García. Algunes, incluso, buscaron subir la
apuesta y empezaron a hablar ya de estatización.
Los reclamos
resuenan en Casa Rosada, cuya primera reacción fue avanzar en una denuncia
penal contra el directorio de Edesur por "malversación de fondos, fraude
en perjuicio de la administración pública y abandono de persona". El
gobierno nacional también instruyó al ENRE a que realizara una auditoría del
desempeño de la prestación de distribución de electricidad por Edesur, la cual
deberá ser elevada al Congreso de la Nación. "Se está avanzado con un informe
que pone de manifiesto todos los puntos que sean causales para que se le quite
la concesión a Edesur y que se está haciendo con el debido cuidado con los
organismos correspondiente para proteger los intereses del Estado
argentino", detalló la propia portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en
una conferencia de prensa. ¿Por qué tanto cuidado? El gobierno no quiere dejar
ningún flanco abierto ante una eventual demanda judicial de la empresa ante el
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
El contrato con Enel es por unos 60 años más y la empresa - que ya anunció que
a fin de año se quiere ir del país - ya contrató a un estudio de abogados para
litigar ante el CIADI en el caso de una rescisión, de modo de poder pedir un
suculento resarcimiento.
"Hay que rescindir la concesión porque
los incumplimientos y la desidia de la empresa así lo ameritan. Pero lo último
que queremos es que la empresa, luego de haber afectado a millones de usuarios,
tenga la posibilidad de cobrar dinero", señaló el defensor del Pueblo de
la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien también presentó una
denuncia penal contra Edesur.
Un proyecto para
la estatización
"No es una
cuestión de 'Estado sí o Estado no', sino de que el usuario tenga el servicio
que deba tener", señaló Cerruti en la conferencia de prensa. Sin embargo,
para un sector del Frente de Todos el debate cada vez tiene más que ver con
"Estado sí". Un grupo de diputades kirchneristas, incluso, está
comenzando a diseñar un proyecto de ley que plantee la estatización o la compra
de algunas acciones de Edesur por parte del Estado. "La situación así no
da para más. Lo que está haciendo la empresa es una estafa, y tenemos que
encontrar una solución integral entre el Poder Legislativo y el
Ejecutivo", explicó Santiago Igón, presidente de la comisión de Energía y
uno de los diputados de La Cámpora que está trabajando, junto a Máximo Kirchner
y otres legisladores, en la iniciativa.
Ya hay
experiencias previas. El Frente de Izquierda y los Trabajadores presentó en
marzo un proyecto que propone la expropiación y estatización de todas las
empresas de energía eléctrica. El bloque provincial Juntos Somos Río Negro, por
otro lado, presentó el año pasado un proyecto para transferirle Edenor y Edesur
al gobierno bonaerense y porteño. En este último caso el objetivo era que
Nación dejara de subsidiar las tarifas del AMBA, sin embargo no son pocos los
intendentes bonaerenses que hace tiempo vienen reclamando algo similar.
"Los municipios tenemos que ser parte de la solución. Hay que armar un
consorcio donde haya participación de los municipios y el gobierno provincial,
en materia accionaria y también para ser parte de la mesa de planificación de
la inversión", explicó el intendente de San Vicente (municipio también muy
golpeado por los cortes de luz), Nicolás Mantegazza.
El proyecto del
kirchnerismo, mientras tanto, es aún incipiente. Y, si bien se está trabajando
en un texto de ley, representa más que nada un mensaje interno al presidente
Alberto Fernández para que tome cartas en el asunto. "No alcanza con una
denuncia penal, es un chiste eso", cuestionó una diputada kirchnerista. La
realidad es que la paridad de fuerzas en la Cámara de Diputados vuelve
prácticamente imposible la aprobación de un proyecto de este tipo - dado que
Juntos por el Cambio no está de acuerdo -, por lo que la iniciativa es más bien
una advertencia al gobierno nacional. Y un mensaje, a su vez, para el propio
FMI: "Si hay algo que tiene que tiene que quedar en claro es que nosotros
no podemos no darle una respuesta a millones a nuestros vecinos y vecinas
porque el Fondo nos tiene atados de manos. Eso es inaceptable", afirmó un
dirigente de La Cámpora.
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