ESPIONAJE ILEGAL | El macrismo espió las cuentas y bienes de 11.000 políticos, empresarios y famosos para presionarlos y armarles causas falsas
Se investiga un a un grupo especial que utilizaba una sola clave para buscar datos de dirigentes políticos del FdT y Cambiemos, futbolistas y artistas, entre otros. La demanda recayó en el juzgado de Julián Ercolini, el juez del viaje a Lago Escondido.
La Agencia
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la justicia federal que se
registraron casi 40.000 ingresos indebidos al sistema en el que constan todos
los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos. Las personas
a las que se le realizó ese espionaje fiscal, entre el 1 de enero de 2017 y el
24 de octubre de 2019, o sea durante el gobierno de Mauricio Macri, son
dirigentes políticos del Frente de Todos, también de Juntos por el Cambio
distanciados del entonces presidente, empresarios, jueces, renombrados
jugadores de fútbol e integrantes de la farándula. Todo indica que la
información se usó para presionar o “carpetear”, como se dice en la jerga y en
algunos casos para armar causas judiciales.
Un ejemplo es
cómo utilizó otra información el falso abogado Marcelo D’Alessio: “tengo todos
tus viajes, el yate que tenés en Olivos, los gastos de tarjeta que no se
explican”, apretaba D'Alessio. La denuncia por los ingresos indebidos, firmada
por el actual titular de la AFIP, Carlos Castagneto, tiene fecha del 16 de
febrero y recayó en el juez Julián Ercolini. Se ve que el magistrado, uno de
los viajeros a Lago Escondido, no tiene vocación de involucrarse personalmente
en investigar el espionaje fiscal macrista, por lo que tomó la decisión de
delegarle la pesquisa al fiscal Ramiro González.
El truco del
empleado ejemplar
En teoría, el
funcionario de la AFIP que ingresó 56.864 veces al sistema es Vicente Luis
Magnaterra. De ese total, según un informe de auditoría, 35.439 se hicieron sin
justificación alguna. Magnaterra utilizó el usuario u38024 y se hizo desde la
computadora con IP 10.2072.143. Pero es evidente que no fue un solo funcionario
el que hizo los ingresos, ya que es materialmente imposible: la hipótesis obvia
es que se armó una oficina, con 10 o 15 agentes, que utilizaron la misma
computadora y el mismo usuario.
Magnaterra era
parte de la Auditoría de Riesgos, Planificación y Control, que tenía como jefe
al contador Néstor Abelardo Sosa. En la investigación sobre el hostigamiento a
los directivos de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que
estuvieron dos años presos, surgió que los informes originales de la causa, los
números 14/2016 y 15/2016 fueron realizados por Sosa. Aquellas maniobras se
realizaron en tiempos en que el titular de la AFIP era Alberto Abad. Los
ingresos ilegales denunciados por Castagneto son tanto del mandato de Abad como
de la gestión de Leandro Cuccioli.
La lista de las
víctimas
La AFIP no
quiere dar a conocer los nombres de las víctimas del espionaje porque rige el
secreto fiscal. En teoría, lo que debe suceder es que el juez Ercolini debe
levantar el secreto para que la AFIP le informe al propio magistrado a quien se
investigó de manera ilegal. Sin embargo, el fiscal González pidió la lista de
las víctimas del espionaje y sostiene --con razón-- que no está entrando a los
datos de esas personas, sino únicamente a la nómina. Lo que sí se sabe es que
hay aproximadamente 11.000 víctimas y de todos los colores: del peronismo, de
JxC, empresarios, jugadores de fútbol, actores, actrices, personalidades de la
televisión.
El conjunto
variopinto recuerda mucho, muchísimo, a lo hecho por el grupo de espías
autodenominado Super Mario Bros, con Macri en la Casa Rosada: ellos siguieron
al Instituto Patria, pero también a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta,
Emilio Monzó, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; el periodista Hugo
Alconada Mon; Hugo y Pablo Moyano; la diputada Graciela Camaño y hasta la
propia hermana de Mauricio Macri, Florencia. El listado es amplísimo e incluye
macristas que por entonces opinaban que había que buscar otra candidatura
presidencial, no la de Macri.
En la denuncia,
Castagneto graficó la irregularidad de los ingresos. Se pregunta: ¿hay
documentación sobre las razones de la entrada al sistema? ¿Obedece a una
denuncia fundada? ¿el contribuyente figura en la denuncia? A través de esos
tamices es que se llega a la cifra de ingresos indebidos. Sucede que los
funcionarios de la AFIP no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una
razón justificada. No se pueden pasear por el sistema como si fuera un
shopping.
El estado de la
causa
El fiscal Ramiro
González, con fecha 8 de marzo, firmó un escrito en el que impulsó la
investigación. Propuso una serie de medidas. Por ejemplo, que se le entregue
copia de la auditoría que estableció la existencia de los 35.439 ingresos
indebidos; una copia del primer informe que detectó esas entradas; un detalle
del personal que trabajaba en el área desde el cual se ingresó al sistema,
incluyendo las autoridades intermedias y superiores y un listado de los
contribuyentes sobre los cuales se hicieron las consultas presuntamente
ilegales. Todo eso se le pidió a la AFIP.
En realidad, ya
existe una denuncia anterior, formulada por la entonces titular de la AFIP,
Mercedes Marcó del Pont, a raíz del grupo de tareas que existió dentro del
organismo recaudador y que se dedicó a perseguir a quienes entonces eran
personalidades o empresas a los que el macrismo sindicaba como opositores. En
primer lugar, Cristina Kirchner y su familia, pero también los empresarios de
Oil Combustibles o Electroingeniería. Ese expediente también recayó en Julián
Ercolini y no se percibe ningún movimiento. Cuando se le pregunta a quienes le
proveyeron datos a ese grupo de tareas, alegan que lo hicieron “por obediencia
debida”, pero se niegan a contestar de quién fueron las órdenes.
En realidad, la
catarata de accesos indebidos no es sólo de violación del secreto fiscal, sino
que internacionalmente los aprietes de esta naturaleza son considerados
violaciones a los derechos más elementales. Por lo tanto, el listado de delitos
que se imputan por este espionaje ilegal arranca con violación del secreto
fiscal, pero sigue con abuso de autoridad -que es utilizar su posición de poder
para violar las normas y en este caso atropellar el derecho a la privacidad de
las personas-, incumplimiento de los deberes de funcionario público y
encubrimiento agravado por ser funcionario público.
Para el macrismo,
todo servía para espiar
Las denuncias
formuladas desde la AFIP exhiben que el macrismo recurrió a todos los
organismos para llevar adelante la persecución de opositores. No sólo la
justicia y en especial el aparato de Comodoro Py, sino que se utilizaron la
totalidad de las ramas del estado, incluyendo la Agencia Federal de
Inteligencia, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y
muchísimos otros estamentos. El objetivo no fue sólo la oposición al macrismo:
las auditorías de la AFIP exhiben que se indagó en la vida y la economía de
jugadores de fútbol, integrantes de la farándula, empresarios. Es muy probable
que parte de esa información se le haya entregado a privados a cambio de dinero
o se hayan puesto en marcha sugerencias para que la persona haga o no haga
determinados movimientos.
Todo hace
acordar a la causa más antigua sobre espionaje ilegal atribuido a Mauricio
Macri. El expresidente logró ser absuelto achacándole la culpa a su padre,
Franco. Pero en aquellas operaciones protagonizadas por el espía Ciro James
-contratado por el gobierno porteño cuando Macri era el jefe de gobierno- se
investigó ilegalmente a familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA,
a una hermana de Mauricio, Sandra, porque tenía una pareja que no le gustaba al
clan Macri; a Carlos Avila --aquel dueño original de Torneos y Competencias--
porque impulsaba la ruptura del contrato de transmisión de los partidos de
fútbol, y a abogados de algunos supermercados, por otro espionaje relacionado
con negocios.
Algo parecido
surge de la denuncia de la AFIP. La prioridad es la persecución de opositores,
pero en la mira está también quedarse con empresas, con obras públicas,
presionar, carpetear, armar causas falsas.
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