LA RESPUESTA FRENTE AL AJUSTE, EL MENSAJE AL CONGRESO Y LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO | Javier Milei enfrenta su primer paro general por la ley ómnibus y el megaDNU
La protesta convocada por la CGT y las dos CTA, junto a los movimientos sociales, es el primer test importante del plan económico libertario. La concentración principal será en la plaza del Congreso, donde se reclamará a diputados y senadores que pongan un freno a la prepotencia oficial.
Javier Milei batirá hoy un récord. El Presidente enfrentará su primer paro
general a tan solo 45 días de haber asumido. Romperá, así, la marca de tres
meses que ostentaba Fernando de la Rúa. La aplicación, a toda velocidad, del
feroz programa de ajuste tendrá como contracara una huelga de 12 horas y
movilizaciones en las calles de todo el país. La CGT, las dos CTA, los
movimientos sociales, dirigentes peronistas, agrupaciones de izquierda,
referentes de la cultura y el deporte y organismos de derechos humanos se
reunirán, todos, frente al Congreso de la Nación para coronar la jornada de
protesta. Será una masiva demostración de fuerza en la antesala al debate
legislativo por la ley ómnibus; un mensaje directo y contundente al gobierno
nacional, pero también a los diputados que deliberarán el megaproyecto en el
recinto. La Casa Rosada, en tanto, espera la marcha con aprietes y amenazas:
promete descontarle el día de paro a los trabajadores, presentar denuncias en
la Justicia por considerarlo “ilegal” y hacer cumplir el “protocolo
antipiquete”, aunque implique reprimir.
Amplia convocatoria
"La gente tiene bronca porque hay decepción”, describió Héctor Daer.
El cotitular de la CGT aseguró que el paro tendrá una gran adhesión porque
"trasciende" al movimiento obrero y alcanza a diversos sectores de la
sociedad como "las pymes, la cultura, los científicos, el deporte y muchos
argentinos que tienen diversas miradas políticas e ideológicas, pero que
quieren una Argentina diferente". “Va a ser incontrolable por la cantidad
de laburantes movilizados”, agregó su par, Pablo Moyano. “No vamos a caminar
obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno”, advirtió el titular de
ATE, Rodolfo Aguiar. En la cumbre del miércoles pasado, todas las
organizaciones sindicales y sociales acordaron armar una sola columna sobre
Avenida de Mayo para marchar –al mediodía– juntos hacia el Congreso. Se estima
que el acto central será entre las 15 y las 16 horas. Los sindicatos del
transporte adherirán al paro a partir de las 19 para facilitar la movilidad a
quienes participen de la protesta. Camioneros, la UOCRA, UPCN, La Bancaria y
SMATA, algunos de los sindicatos con mayor poder de fuego, estarán al frente de
la convocatoria que lleva el lema “La Patria no se vende”.
El peronismo bonaerense también será protagonista. Si bien el titular del
PJ local, Máximo Kirchner, aún no confirmó asistencia, el partido y La Cámpora
convocaron a la movilización. El excandidato presidencial Sergio Massa no será
de la partida. Seguirá la jornada desde sus oficinas en la Avenida del
Libertador; sí habrá dirigentes del Frente Renovador como la diputada Cecilia
Moreau y otros integrantes del bloque. Aunque no será orador ni encabezará
ninguna columna, Axel Kicillof se llevará todas las miradas. El gobernador,
apuntado constantemente por Milei, se mostrará en la marcha, acompañado por un
conjunto de jefes y jefas comunales como Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge
Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón) Mariel Fernández (Moreno) y Andrés
Watson (Florencio Varela), entre otros. El PJ porteño, por su parte, adosó su
respaldo a la medida, al señalar que la ley ómnibus y el megaDNU significan
"el achicamiento del Estado y la pérdida de miles de empleos".
Organizaciones y partidos de izquierda se sumarán en una columna
multisectorial e independiente para exigir que se profundicen las acciones de
resistencia. “Nos movilizaremos con un gran cartel reclamando la continuidad de
las medidas de fuerzas con paros escalonados y un plan de lucha hasta derrotar
la ley ómnibus, el DNU y el protocolo represivo de este gobierno ajustador y
autoritario", señaló el dirigente del MST en el FIT-Unidad, Alejandro
Bodart.
Las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la
Economía Popular (UTEP) prometen reunir a unas cincuenta mil personas. Tras
realizar una serie de asambleas y ollas populares en distintos puntos del país,
el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, MTE, Corriente Clasista y Combativa
(CCC), Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Misioneros de Francisco
definieron acompañar la iniciativa de la CGT. “Va a ser la protesta más importante
que hayamos visto en la Argentina. Si sumamos a todas las que van a haber en
cada provincia se van a movilizar millones de personas”, indicó el líder del
Evita, Emilio Pérsico. En principio, la idea de las organizaciones es
trasladarse en transporte público para gambetear el show mediático que el
gobierno busca instalar con el denominado protocolo antipiquetes.
De aprietes y amenazas
En la previa de la marcha, el Ministerio de Seguridad, conducido por
Patricia Bullrich, emitió un comunicado para recordar que el protocolo "se
encuentra plenamente vigente" y que está "absolutamente prohibido
realizar corte de artería o vía de circulación". Asimismo, ratificó que se
harán controles en micros y estaciones de trenes. "Es una aberración
unilateral que ya está hasta en queja por el Comisionado de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Eso de subir y filmar a la gente que viene arriba de un
micro solamente lo encontramos en la dictadura", opinó Daer. “¿Me llevo a
upa a 40 mil camioneros que vamos a movilizar?”, ironizó esta semana Pablo
Moyano. “Que los lleve a upa, pero el protocolo lo vamos a cumplir”, respondió
ayer Bullrich. En medio de los cruces, el juez federal de La Plata Ernesto
Kreplak ordenó a las autoridades nacionales a que se abstengan de emitir
disposiciones para que las fuerzas federales filmen o intercepten personas en
transportes públicos (ver aparte).
El listado de medidas antiprotesta del Ejecutivo es extenso e insólito.
Días atrás, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona advirtió que podría
declarar ilegal el paro y accionar legalmente contra quienes participen de la
movilización. Bullrich además habilitó la línea 134 para recibir denuncias de
supuestas “extorsiones” a empresarios o trabajadores independientes, y aseguró
que están llamando 1.000 personas por día para informar "aprietes".
En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que descontarán los
días a los trabajadores estatales nacionales que adhieran a la medida. “Quien
no trabaja es razonable que no cobre”, apuntó. La respuesta de los estatales
fue contundente: “Las amenazas solo profundizan el plan de lucha”.
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