A última hora, el Ejecutivo le envió a la oposición amigable, sus aliados legislativos, nuevas modificaciones. Los números todavía no dan por más que hayan sacado el capítulo fiscal y buscan evitar el fracaso total. Mañana se sabrá si el martes hay sesión.
A última hora del domingo el gobierno envió a los bloques amigables una
nueva "versión" del proyecto de Ley Ómnibus ya sin lo que el ministro
de Economía, Luis Caputo, había anunciado que eliminaría y con algunas
modificaciones que pedían tanto la UCR como el bloque que lidera Miguel Ángel
Pichetto y los gobernadores. Uno de los cambios más relevante que se puede ver
en el nuevo borrador es que bajarían el número de las emergencias de nueve a
siete y que el plazo para las facultades delegadas seguiría siendo, como en la
versión anterior, por un año con la posibilidad de un año más de prórroga. Algo
que había sido puesto en duda este fin de semana porque el presidente del
bloque de LLA, Oscar Zago, había insinuado que volverían a pedir que sean dos
años con la posibilidad de extenderlo por dos más. También habría cambios en el
apartado para la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se
eliminarían las reformas electorales. Seguiría en pie, sin modificaciones, el
artículo de privatizaciones --que no acompañarían desde la oposición
amigable--, entre otros. Todavía no hay un llamado oficial a la sesión del
martes. Este lunes habrá reuniones de todos los bloques para analizar la nueva
propuesta del gobierno y ver cómo seguir.
El gobierno estaría dispuesto a reducir las emergencias sacando del listado
la previsional y la de salud. Es decir, quedarían las emergencias económica,
financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta
el 31 de diciembre de 2024. Y, en el borrador, hacen la aclaración de que dicho
plazo "podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo
máximo de UN (1) año".
En este nuevo escrito que el gobierno puso a disposición de los bloques
amigables para que lo puedan analizar, eliminó del artículo tres (el de
delegaciones) una frase que decía que "todas las disposiciones que no son
de emergencia, son permanentes y no caducan", y también un párrafo que
agregaba: "Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán
permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter
transitorio y así se lo disponga en forma expresa". Además, añadió uno
nuevo que expresa: "El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar
mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la
aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y
resultados obtenidos".
Otro de los cambios sería sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En
el borrador no figura más el artículo que permitía la transferencia de activos
del FGS al Tesoro. Los gobernadores pedían la transferencia de los activos del
FGS al Tesoro Nacional y que el traspaso se haga compensando las deudas de las
provincias con el FGS y que los flujos permitan hacer frente a las
compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas. En la nueva
versión, en tanto, sólo se permitiría la consolidación de deuda.
Por otra parte, si bien el gobierno anunció que eliminaría el capítulo
fiscal --que era el número V en el dictamen de mayoría-- aún persistiría en la
nueva propuesta la parte de impuestos internos, transparencia fiscal y otras
medidas fiscales como la asignación específica del impuesto País. Una nueva
modificación estaría vinculada al artículo de fondos fiduciarios energéticos
para incluir zona fría, un pedido de los gobernadores patagónicos.
En el borrador figura también la exclusión de las facultades de disolución
del artículo 5, --vinculado a la reorganización administrativa-- a las empresas
públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley
24156 (INTA, CONICET). Y se quitarían de esos artículos las facultades de
modificar asignaciones específicas. Se eliminaría, por otra parte, la facultad
delegada amplia del exartículo 13 vinculada a la competencia y se modificarían
y limitarían las facultades sobre prórroga de jurisdicción y rescisión de
contratos.
Otro dato importante es que en esta nueva versión se eliminarían todas las
reformas electorales. Un apartado muy cuestionado por todos los bloques
opositores. En la versión anterior persistía un artículo vinculado al
financiamiento de los partidos políticos por parte de privados que, según
analizaban desde la UCR y HCF, iba a permitir el ingreso de, por ejemplo,
fondos del narcotráfico para financiar campañas políticas. Por último, se
retirarían las modificaciones al Código Civil en conceptos de fondo como mora o
teoría de la imprevisión, pero quedarían las modificaciones al divorcio,
sucesiones, y contratos comerciales.
Tal como anunció Caputo en la conferencia de prensa que dio el viernes en
Casa Rosada, quedarán fuera el aumento de las retenciones, el nuevo mecanismo
de actualización de las jubilaciones, el blanqueo de capitales, los cambios en
el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria, pero LLA intentará avanzar
para conseguir otra serie de desregulaciones. Todavía persisten: el pedido de
facultades delegadas --con 7 emergencias--, la venta del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, la toma de deuda sin pasar por el Congreso, la privatización
de las empresas públicas, reformas en seguridad que avalan el gatillo fácil y
prohíben la protesta y cientos de reformas en áreas de cultura, ambiente,
turismo y educación, entre otras.
La oposición "dialoguista" será clave para que el gobierno logre
o no su cometido. Este lunes todos tendrán reunión de bloque. Sin la ayuda de
los bloques "amigos" el oficialismo no podrá ir muy lejos. LLA tiene
solo 38 bancas propias y necesita 129 diputados para lograr el quórum. El
martes deberán tener mayoría para aprobar el tratamiento de la ley en general
en el recinto y después empezará el debate tema por tema en el que habrá
discusiones encarnizadas.
El Pro acompañará casi a ciegas al gobierno nacional. Así lo anunció este
domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que no era
necesario "mirar tanto la letra chica de una ley" (ver aparte), y
también el diputado de ese espacio, Diego Santilli, que remarcó que "hay
que darle herramientas al presidente para que pueda gobernar". La postura,
sin embargo, no es la misma en el resto de los bloques amigos. Los radicales,
HCF e Innovación Federal son más cautelosos.
Ellos estarían dispuestos a votar las facultades delegadas --por un año con
la posibilidad de extenderlo otro más con la aprobación del Congreso y con las
siete emergencias--, pero no la privatización de todas las empresas públicas
sin pasar los pliegos uno por uno por el Congreso. "Hay puntos que sabemos
no van a cambiar, pero que no estamos de acuerdo y no votaremos. Es el caso de
las privatizaciones en masa", remarcan desde los bloques negociadores en
diálogo con este diario. Tampoco estarían dispuestos a acompañar tal como está
el capítulo de seguridad. "Ahí también tienen que venir modificaciones. Lo
de manifestaciones hay quienes tienen voluntad de acompañar, si hay cambios, y
quienes no. Atentado a la autoridad y legítima defensa no", subrayan.
Al cierre de esta edición todavía no había un llamado oficial a la sesión y
tampoco se sabía si el lunes habría o no plenario de labor parlamentaria, para
organizar cómo será el trabajo en el recinto el martes. Eso podría quedar para
el mismo día de la sesión. Las negociaciones siguen frenéticas, mal que le pese
al Presidente.
Bullrich
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich está apurada por que la ley de
Bases se apruebe en la cámara de Diputados y se muestra ofuscada con los
radicales y el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto porque hacen objeciones
al gobierno que necesita de sus votos para avanzar en el plan de desregular la economía
y destruir el estado. "Hay veces que no hay que mirar tanto la letra chica
de una ley, sino las circunstancias generales de la Argentina", disparó en
declaraciones con Radio Mitre y aprovechó la ocasión para apurar a los
legisladores: "hay que hacer un cambio rápido porque el tiempo es
directamente proporcional a la posibilidad de fracaso del plan, cuanto más
demores, más posibilidades hay de fracasar", dijo y finalizó: "Veo un
Congreso donde todo el mundo se aprovecha de la debilidad de un Gobierno que
tiene pocos diputados, en vez de pensar cómo se hace para lograr que el
instrumento salga. Cada vez avanzan más y más sobre los detalles y los temas,
finalmente lo único que se logra es que la ley se deforme".
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