El juez Sebastián Casanello le solicitó a la ministra de Seguridad un informe pormenorizado que explique con qué fundamentos jurídicos se elaboró el protocolo antipiquetes, si hubo dictámenes previos de organismos especializados y qué entidades nacionales e internacionales fueron consultadas. El magistrado también quiere saber si la normativa se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos, después de que tres relatorías especiales de Naciones Unidas advirtieran que no es compatible. Mientras, Bullrich lanzó una nueva ofensiva para que las organizaciones políticas y sociales paguen los operativos.
La primera denuncia judicial contra el protocolo anti-protestas de Patricia
Bullrich, que había sido presentada el 18 de diciembre por el MST (Movimiento
Socialista de los Trabajadores), encontró al fin un juez después de chocarse
con ocho resoluciones previas de incompetencia (o sea, nadie quería meterse con
el tema). El juzgado que se hará cargo es el de Sebastián Casanello, quien le
dio 72 horas al Ministerio de Seguridad para que le entregue un informe donde
explique en detalle con qué fundamentos jurídicos se confeccionó esa norma, si
tuvo dictámenes previos de áreas especializadas y qué entidades nacionales e
internacionales fueron consultadas. Quiere saber "si existió un examen de
adecuación a las normas internacionales de derechos humanos" y si ya hubo
denuncias por la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
Este lunes, de hecho, el coordinador del Programa contra la Violencia
Institucional de la Defensoría General de la Nación, Luciano Hazan,
responsabilizó a la Policía Federal por vejaciones y lesiones graves, como en
el caso de Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos
Humanos (CeProDH) que recibió un balazo de goma en el ojo izquierdo y debió ser
operado. Esta causa le tocó a Julián Ercolini.
Casanello tramita el expediente como un habeas corpus y analiza si otorgará
una medida cautelar para suspender el protocolo anti-manifestaciones y evaluar
su constitucionalidad. Eso fue lo que pidió en un comienzo la legisladora
porteña Celeste Fierro (MST en el Frente de Izquierda Unidad), quien advirtió
en una acción declarativa de inconstitucionalidad la violación al derecho de
reunión, asociación, de peticionar ante las autoridades, de asociación y de
libre expresión, entre otros. Una vez que Bullrich conteste, el juez convocará
a las partes a una audiencia. En enero, Fierro amplió la denuncia cuando la
agrupación recibió la carta documento del Ministerio de Seguridad que pretendía
hacerles pagar los gastos de los operativos policiales del 20 y 27 de diciembre
por más de 62 millones de pesos en un caso y 40 millones en el otro, al igual
que a otras fuerzas, sindicatos y organizaciones. Todos rechazaron esas cartas.
La ofensiva de la ministra
Bullrich dobló la apuesta este lunes y pidió a la Fiscalía penal
contravencional y de faltas 17 que identifique a "organizaciones" y
supuestos "responsables" y se les exija "solventar los costos
del operativo desplegado por las fuerzas federales" ante las
manifestaciones los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. La
realidad es que no eran solo agrupaciones; era visible la participación de
jubilados/as y gente suelta, que iban a protestar al Congreso contra la Ley
Ómnibus que debatía la Cámara de Diputados. La ministra eligió la Justicia
porteña, a pesar de que las fuerzas que dirige y que mandó a reprimir son
federales. Descuenta que allí tendrá aliados. En redes sociales posteó que los
gastos totales de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA fueron de
134.486.038,09 pesos.
En cada una de las movilizaciones que hubo hasta ahora, el lema de Bullrich
fue "voy a hacer cumplir el protocolo", en sus términos, despejar la
calle. Porque lo que su normativa hace es considerar que cualquier protesta que
ocupe calles, puentes, rutas es delito, aunque exista espacio para la circulación,
y autoriza a actuar a las fuerzas de seguridad sin orden judicial. Apunta a los
organizadores y autoriza a filmar a los manifestantes. Lo delirante es que sus
agentes fueron los que terminaron cortando las avenidas, Entre Ríos en este
caso, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen que rodean la Plaza Congreso. Desde
diciembre la violencia de las fuerzas de seguridad fue en aumento. La semana
pasada hubo 25 personas detenidas, con las típicas imputaciones penales
(atentado y resistencia a la autoridad) que el Gobierno quiere agravar en uno
de los capítulos de la Ley Ómnibus.
Lo que busca es legalizar el protocolo e incluso introducir cambios en el
Código Penal. Todo con el objetivo de limitar y criminalizar el derecho a la
protesta frente al ajustazo del gobierno de Javier Milei. Desde el vamos,
plantea elevar la pena por cortes (que hoy es de tres meses dos años) al rango
de un año a tres años y seis meses, con lo que puede ser de cumplimiento
efectivo.
La Comisión Provincial por la Memoria (como integrante del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura) difundió un informe que señala que en el operativo
de tres días, además de detenciones arbitrarias, hubo 285 personas lesionadas
por tonfas, postas de goma y gases lanzados "indiscriminadamente contra
manifestantes"; "al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos
humanos sufrieron agresiones policiales". Le pidió medidas a la Cámara de
Diputados para "evitar la reiteración de estos hechos" y que se rechacen
las modificaciones propuestas en base al protocolo, el aumento de penas para
consolidar "restricciones severas al derecho a la protesta social" y
más atribuciones para las fuerzas. El Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CeProDH y la
Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) pidieron a la Comisión Interamericana
que tome medidas de protección para trabajadores de prensa, defensores de
derechos humanos y manifestantes.
La causa de Casanello
"Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara de los fueros
electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el
protocolo represivo", celebró la legisladora Fierro. Luego señaló medidas
que pidió el juez. Por empezar, que el ministerio de Bullrich explique en tres
días "pormenorizadamente el procedimiento que precedió" a la
publicación del "Protocolo para el mantenimiento del orden público".
"Si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el
Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si
fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil
y/u organismos internacionales". Le requiere los "fundamentos
jurídicos para adoptar los lineamientos incluidos", si hubo modificaciones
posteriores y "si existió un examen de adecuación a las normas
internacionales de derechos humanos".
Es público que hubo pronunciamientos internacionales que advierten sobre
los peligros del Protocolo. Tres relatorías especiales de Naciones Unidas
enviaron una nota al Gobierno diciendo que ni el protocolo ni el capítulo sobre
seguridad de la Ley Ómnibus son compatibles con el derecho internacional de los
derechos humanos. Casanello, de hecho, le pregunta a la ministra si respondió.
Los relatores señalaron la criminalización de la protesta social a través del
derecho penal y que el Estado debe garantizar el derecho de reunión y todos los
ligados a contextos de manifestaciones. Dijeron que los cortes no constituyen
violencia y que no habilitan la intervención de fuerzas de seguridad, que están
para cuidar a los manifestantes, no para controlar y poner orden. También
cuestionaron el cobro de los operativos y que los manifestantes deban pedir
autorización para protestar. Esto fue respuesta a una denuncia de las centrales
obreras, gremios, organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas. La
Comisión Interamericana posteó el viernes sobre Argentina: "La protesta
social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado
debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de
expresión y reunión pacífica conforme los estándares interamericanos de
Derechos Humanos".
Más denuncias
El juez Casanello le pidió a Bullrich que le detalle si hay otros planteos
judiciales contra el protocolo (los hay), qué trámite les dio, en qué estado
están y si hubo algún acto administrativo. Le pregunta si recibieron denuncias
"en orden a los excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales
y de seguridad federales" a raíz de la normativa cuestionada y qué medidas
tomó.
La denuncia que hizo Hazan, coordinador que se ocupa de violencia
institucional en la Defensoría, debería ser punto de partida de una
investigación relevante. Recibió el testimonio de Guillermo Ermili, que estaba
junto al abogado Aufieri cuando le dispararon en el ojo. Describió al detalle
cómo la policía motorizada (algo que se vio en imágenes) comenzó a desplazarse
en círculo por la avenida Entre Ríos. En cada moto iban dos efectivos: el de
atrás disparaba a mansalva hacia la gente, a la parte superior del cuerpo, o
tiraba gases que lastiman la piel. Dijo que en algunas fotos se ven armas de
fuego. Hazan sugirió medidas: cámaras del Congreso, de la Ciudad y de comercios,
nómina de los policías motorizados, qué armas usaron, cuántos cartuchos y quién
dio las órdenes. Pidió que se evite la participación de la Federal en la causa.
Y las constancias de atención a Aufieri, que aún no sabe si recuperará la
visión.
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