Declararon "estado de emergencia económica" y no reciben respuesta. El futuro de 2,5 millones estudiantes quedaría en un limbo al interrumpirse sus carreras.
A pocos días del inicio de clases, las universidades nacionales enfrentan
una situación inédita: si el gobierno no dispone un aumento de las partidas y
continúan funcionando con el mismo presupuesto de 2023, en apenas dos meses
podrían cerrar sus puertas. Frente a ello, las autoridades al frente de las
diversas casas de estudio optan por declarar la “emergencia económica” y así
visibilizan la gravedad de la situación. Por el momento, pese a los intentos
individuales y a los reclamos realizados por el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN, espacio que reúne a todos los rectores), los diálogos con la
Secretaría de Educación que administra Carlos Torrendell resultaron
infructuosos.
El acuerdo paritario marcha hacia un rumbo incierto y, para peor, desde el
Ministerio de Capital Humano que gestiona Sandra Pettovello se frenó la
creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha fue dispuesta por
leyes sancionadas en 2023.´
Como si no hubiese inflación
Si el gobierno, como ya adelantó, se limita a entregar el mismo presupuesto
que en 2023, con una inflación que supera el 250 por ciento interanual, será
imposible que las 57 casas de estudio puedan afrontar el pago de salarios y
servicios mínimos e indispensables como la luz, el agua o la limpieza. En la
cuerda floja quedan los programas especiales, los proyectos de infraestructura
y el funcionamiento de los hospitales universitarios. Mantener las aulas
abiertas será todo un desafío en un escenario así. De hecho, la paralización
podría dejar a unos 300 mil trabajadores docentes y no docentes en la calle y a
2 millones y medio de estudiantes en un limbo, sin posibilidad de seguir
cursando las carreras.
Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente
del CIN, detalla a Página/12: “Intentamos entender cuál es la política que
tiene el gobierno en relación a la educación. Tenemos conversaciones con la
secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias. Ellos
se muestran comprensivos de nuestra situación, pero no pueden generar la
sensibilidad en las áreas superiores que deciden sobre el presupuesto de todo
el sector público y expresar el valor estratégico de la educación. Por ahora
nos dicen que no hay plata”.
Un dato a tener en cuenta es que el dinero que destina el Estado a las
universidades nacionales solo corresponde al 2.6 por ciento del presupuesto
total. Más allá de una situación a todas luces insostenible, el gobierno se
mantiene firme y está dispuesto a cortar los canales de diálogo. En esta línea,
con respecto al futuro, el referente universitario comparte: “No hablaría ni de
vía administrativa ni judicial, sino de vía política. Estamos haciendo el mismo
pedido a la Secretaría de Educación, luego vamos para arriba y hablamos con el
Ministerio de Capital Humano. Si no hay respuesta, iremos a Economía, a
Jefatura de Gabinete, al Congreso. Iremos a dónde sea para que el presupuesto
universitario sea garantizado como un derecho”.
Alicia Bohren, rectora de la Universidad de Misiones, apunta: “Teniendo en
cuenta el congelamiento presupuestario y la inflación hemos declarado la
emergencia y estamos trabajando en evaluar las estructuras de costos y observar
aquellos aspectos que aún podemos reducir, aunque siempre fuimos muy austeros.
Lo que más nos preocupa es el sostenimiento de las políticas de inclusión
estudiantil”
Alarmas por todas partes
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UBA informó el “Estado de alerta presupuestaria”. Así, a través de un
comunicado manifestaron “la extrema preocupación por la situación de
congelamiento presupuestario que sufre la Facultad”; y reclaman al gobierno
nacional "una actualización del presupuesto destinado a gastos de
funcionamiento para el presente año, que permita la continuidad de las
actividades”.
Desde la Universidad Nacional de Quilmes hicieron lo propio durante la
tarde del miércoles y declararon la emergencia económica. Desde aquí, sus
autoridades manifestaron que “nunca, en 35 años de existencia, estuvimos tan
cerca de semejante asfixio presupuestario que afecta no solo salarios y
funcionamiento sino también becas, investigación, extensión, cultura y
transferencia”.
El mismo rumbo eligió el Consejo de la Universidad Nacional de San Martín
que alertó: “Nuestros laboratorios pueden dejar de funcionar, nuestras aulas
pueden quedar vacías, si el presupuesto universitario no se actualiza de
acuerdo a los niveles de inflación vigentes y si los salarios quedan casi
congelados”. El comunicado continúa: “Las condiciones económicas y financieras
mínimas para su funcionamiento normal corren serio riesgo de deteriorarse aún
más, poniendo en jaque la continuidad del trabajo de profesores,
investigadores, becarios, trabajadores no docentes y la formación de miles de
estudiantes”.
Otras casas de estudio también compartieron declaraciones de emergencia,
anunciaron recortes en las propuestas educativas y difundieron comunicados que
manifiestan su preocupación ante el contexto actual. Además de la UBA, la UNQ y
la UNSAM se pronunciaron las universidades de Misiones, Luján, General
Sarmiento, Mar del Plata, Hurlingham, La Pampa, Comahue, Río Negro, La Plata y
Rosario.
Al respecto, Greco resume: “Interrumpir los procesos de formación sería una
gran pérdida. Nosotros pedimos sostener la actividad con la actualización del
presupuesto prorrogado. No pedimos plata para carreras nuevas ni para recibir
más estudiantes, solo queremos mantener lo que estamos haciendo. A la fecha,
tenemos un cuarto del presupuesto que deberíamos tener para funcionar y los
salarios perdieron un 50 por ciento de poder adquisitivo, es insostenible. Solo
piensan en pasar la guadaña, pero se podrían cobrar impuestos progresivos a los
que más tienen, por ejemplo”.
No es economía, es política
El ajuste no solo es "justificado" a partir del objetivo de
reducir el déficit fiscal ---así lo explica el Gobierno--: esconde un fin
ideológico subyacente. La gestión actual parece no valorar la función social de
las instituciones de educación superior y, como resultado, el clima en las
universidades está enrarecido: la desazón y la impotencia se mezclan con la
incertidumbre al enfrentar una situación inédita frente a un gobierno que
recién comienza sus funciones.
Las universidades concentran, aproximadamente, el 80 por ciento de las
investigaciones científicas que se realizan en el país. En efecto, limitar la
capacidad de investigación en estos organismos equivale, también, a congelar la
producción del conocimiento autóctono en el país. Asimismo, la Agencia de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, clave
durante la gestión anterior para gestionar el financiamiento del sector, en el
presente está acéfala, es decir, sin autoridades designadas. En paralelo, un
organismo como el Conicet marcha por la misma vía del ajuste presupuestario. En
estos dos meses 49 personas perdieron su empleo allí y 1200 más están en
peligro de correr el mismo camino. Hay institutos que, al no recibir ningún
tipo de fondo, tienen dudas sobre si en las próximas semanas podrán abrir sus
puertas, al no poder afrontar el pago de seguridad, luz y gas.
El caso de las becas es emblemático y enseña, a las claras, por qué el
problema, lejos de ser económico, es político. Para sostener el pago a los 1600
jóvenes investigadores cuyas becas fueron evaluadas y aprobadas, el Estado
debería destinar el equivalente al 0.008 por ciento del PBI. Pero no lo hace y
decide entregar a cuentagotas solo 300 destinadas a finalización del doctorado.
Las paritarias universitarias también están paralizadas. Desde el gobierno
se ofreció un 6 por ciento de incremento para febrero, porcentaje que fue
rechazado por el Frente Sindical Universitario, que nuclea a los principales
gremios del sector. Desde las agrupaciones comunicaron: "La pérdida del
poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por
ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero",
advirtieron.
El Gobierno parte de la premisa de que las universidades públicas son un
gasto y no una inversión a futuro, y lo sustenta con hechos. Como se describe
en esta nota, se frenó la creación de las universidades de las Madres de Plaza
de Mayo, la de Río Tercero, del Delta, Ezeiza y Pilar, que habían sido instituidas
por ley en 2023. A partir de una resolución firmada por la ministra de Capital
Humano, Sandra Pettovello, actualmente se revisa la puesta en marcha de las
actividades académicas, una medida que “implica suspender los nombramientos de
cinco rectores normalizadores nombrados con anterioridad".
Así, podría pensarse que el sistema de vouchers y la privatización de la
educación pública que, durante la campaña, Javier Milei proponía como eje,
podría cumplirse más temprano que tarde. Si las universidades no reciben
fondos, deberán solventarse por su propia cuenta. ¿Qué otra manera de
autosustentarse si no es a través del arancelamiento de los cursos y carreras?
Siguiente pregunta: ¿cuántos estudiantes podrán acceder a la educación pública
de calidad si esta deja de ser gratuita e inclusiva? Penúltima: ¿qué pasará con
los que queden afuera? Última: ¿a quién le interesa?
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