CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES | El futuro de las universidades, entre el apoyo social y el desprecio del gobierno
La movilización masiva no fue una más y la administración libertaria acusó el revés. La postura confrontativa cede lugar a una más dialoguista y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se prepara para asumir un rol protagónico. El horizonte del reclamo, desde la perspectiva de los rectores.
Tras la megamarcha universitaria del 23 de abril, el presidente Javier
Milei redobló ayer la apuesta con sus formas agresivas habituales: "¿Y
quién no quiere ser auditado? Y, los ladrones no quieren ser auditados, si los
números fueran transparentes podrían ser auditados. No quieren porque
roban", espetó. Hoy y mañana serán días claves: hoy la ministra Sandra
Pettovello, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibirán al
rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y mañana al comité del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN). En paralelo en el Congreso se buscará debatir un proyecto
legislativo para asegurar el financiamiento. Para hoy, mientras tanto, la
comunidad científica llama a marchar frente al Congreso, a las 17, en contra de
la Ley Bases, en una convocatoria lanzada por la Red de Autoridades de
Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).
En la entrevista radial que dio ayer (ver nota aparte) Milei se refirió a
la histórica marcha como expresión de "un curro, algo turbio, un tufo de
la política, de los enemigos del progreso y del bienestar". Y desglosó
otro de los nuevos contraargumentos frente a la masividad de la marcha, a la
que impugnan por la presencia de "políticos": "Toman una causa
noble y la prostituyen con un objetivo político. Se ve en las caras de la
marcha. La foto es el tren fantasma", acusó. Dio un par de pasos más:
Aseguró que había gente "contratatada como actores para que den esos
testimonios" (lo vio en las redes sociales, explicó). Y acusó, sin poder
precisar dónde: "En algunas facultades odian nuestro pensamiento
(libertario), nos censuran y bloquean la entrada, son bastante
totalitarios".
Lejos de reflexionar sobre la masividad y transversalidad de su
composición, para el Presidente el millón de personas en la calle
"demostró lo grande que soy". "Si tienen que juntarse todos esos
para pelearse conmigo, ¡vaya si soy grande! Es un triunfo político maravilloso
de La Libertad Avanza. En algunas encuestas, mi imagen subió. Los deja en
evidencia, que son delincuentes. Ahí estaban los enemigos de la libertad",
argumentó.
El clamor oficial por auditar
“Los gritos, las injurias y la violencia de Milei… no pueden tapar la
realidad”, respondió el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, consultado
por Página/12 sobre los dichos del Presidente. Sus palabras resumen, de algún
modo, las observaciones de los rectores consultados, que responden al remanido
latiguillo de "auditar".
“Queremos que el gobierno reconozca que nosotros estamos auditados desde
siempre. No solo de forma interna, o bien como dicta la ley a través de la
Auditoría General de la Nación, sino también por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) en lo que hace a nuestras
actividades sustantivas", advierte Carlos Greco, rector de la Universidad
Nacional de San Martín. "Como si fuera poco, hay un conjunto de
universidades que desde hace tiempo hemos acordado con la SIGEN (Sindicatura
General de la Nación) convenios específicos para avanzar en programas de
auditoría de manera coordinada. También tenemos portales de acceso a la
información, informes de gestión periódicos que están visibles en nuestra
página. La evaluación tiene que ver con la esencia de las universidades. Milei
no puede decir que hacemos un manejo discrecional de los fondos”.
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, detalla:
“Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, tenemos un doble control: la auditoría
interna y la externa realizada por la AGN. Tenemos publicados mediante sistema
todas las contrataciones, compras y expedientes que realizamos. No se trata de
una tradición política, las universidades son controladas por ley. Que el
Ejecutivo refuerce esta idea es una manera de volver a decirle a la sociedad
que las universidades despilfarramos el dinero”. "Siempre decimos que
nosotros somos la solución y no el problema, pero el gobierno insiste en lo contrario.
Nos ha elegido como enemigos y no quiere sacarnos de ese lugar”, concluye.
Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, cuenta lo
que pasa en esta casa de estudios: “Además del control de la AGN, en la UNQ
tenemos una auditoría interna que funciona de manera absolutamente transparente
e independiente desde hace más de 20 años. Contamos con un Portal de
transparencia en donde se pueden ver las declaraciones juradas de las máximas
autoridades; cuántos estudiantes, docentes y no docentes tenemos; cuánto
gastamos en obras y todos los datos que se quieran averiguar. Están las
memorias de todo lo que se hizo en la Universidad desde 2004 a la fecha”,
detalla. Además, según relata, todos los años hay una asamblea ordinaria de
balance y cuentas de inversión, de la que pueden participar todos aquellos que
lo deseen. “No tenemos problemas en ser auditados todas las veces que sea
necesario”, remata el rector.
Obligados a negociar
Más allá de las bravuconadas presidenciales, la marcha obligó al Gobierno a
sentarse a negociar. Por otra parte, hizo que Carlos Torrendell, el actual
secretario de Educación, asumiera otro rol en el conflicto. Hasta el momento,
el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, era quien se
encargaba de protagonizar la negociación con los rectores y como consecuencia
de la movilización todo indica que su rol quedará en segundo plano. Así, una
figura con una posición “más amable” reemplaza a una “más combativa”.
“Como siempre, haremos todo lo posible para generar condiciones de diálogo,
para conseguir acuerdos y soluciones. La expectativa de la próxima reunión
tiene que ver con poder avanzar en ese sentido; pero sabemos que para dialogar
se necesita que las dos partes quieran hacerlo”, sostiene Carlos Greco.
Alfredo Alfonso concentra su diagnóstico en un hecho clave que llegó con la
marcha: no solo fueron las universidades las que se expresaron, fue toda la
ciudadanía. “En muchas ciudades del país fue la primera vez que se juntó tanta
gente por una causa. La pulseada estará en ver cómo a partir de la movilización
el gobierno presenta una nueva propuesta que permita que las instituciones
universitarias sigan su rumbo como corresponde”. Y continúa: “Aunque en su
dialéctica aseguran que quieren defender a la universidad, en lo concreto
menoscaban las acciones que desarrollamos los universitarios. Claramente
necesitan un cambio de estrategia", recomienda.
Consultado sobre si sabía algo al respecto del cambio del interlocutor
dispuesto, Greco dice: “No sabemos cuál va a ser la actitud. Al momento, todas
las decisiones que el gobierno toma son unilaterales, hay un autoritarismo muy
marcado. Nosotros proponemos previsibilidad, la posibilidad de contar con un
plan a largo plazo para formar correctamente a nuestros estudiantes, para
avanzar en programas de investigación, para nuestros desarrollos científicos.
Por eso, entendemos que querer resolver esta situación mes a mes no es viable.
Estamos funcionando con un cuarto del presupuesto que deberíamos tener, tenemos
muchas restricciones y eso nos complica. Así vamos a terminar por defraudar a
la sociedad que espera que nuestros graduados sean de los mejores a nivel
nacional e internacional”.
Si bien Torrendell parece haber ganado protagonista como interlocutor luego
de la marcha, su estreno en la TV (en un programa de Nación+) no fue el mejor
de todos, desde la perspectiva de los rectores. Así lo manifestaron en un
comunicado del CIN. “Repudiamos profundamente que el secretario de Educación,
Carlos Torrendell, convalide en medios de comunicación calificaciones
infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no solo la
honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que
conducen. En lugar de buscar respuestas a un problema de financiamiento
acuciante que las autoridades nacionales saben que es real y existe, pareciera
perseguirse el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar nuestras
instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento”.
Cambio de fondo
Los gastos de funcionamiento para las universidades se incrementaron un 70
por ciento en marzo y lo harán un 70 por ciento más en mayo. Se trata de
aumentos insuficientes si se tiene en cuenta una inflación interanual de 280
por ciento. Hay que tener en cuenta que dicho presupuesto –destinado a
funciones básicas como luz, agua, gas y seguridad– apenas representa el 10 por
ciento del total de fondos del que disponen las universidades, ya que el resto
corresponde a salarios. Los incrementos de las paritarias para docentes y
personal administrativo y de servicios fue de apenas un 18 por ciento en los
primeros meses del año.
Si bien el gobierno se apuró a señalar que la situación con las
universidades “ya estaba saldada”, desde las instituciones universitarias
plantean que la realidad es otra. Gentile lo ejemplifica con números concretos
para la Universidad del Comahue. “En enero tuvimos un déficit de 120 millones.
Sin contar la inflación de febrero, marzo y abril, cuando aplican el 70 por
ciento de incremento lo único que nos están dando son 80 millones más. Estamos
poniendo dinero de un remanente que nos quedó del ejercicio anterior, así que
los aumentos propuestos de ninguna manera nos alcanzan”. Después completa: “No
sé cuánto tiempo más muchos docentes y no docentes aceptarán tener salarios por
debajo de la línea de pobreza. Tampoco sé cómo se imaginan el futuro de aquí en
adelante desde el gobierno”.
Se desprestigian las casas de estudio y la educación pública con el
objetivo de desfinanciarlas. Luego de desfinanciarlas emergen alternativas
disparatadas como “fusionarlas” para poder reducir su número y así los gastos.
La estrategia no es nueva; de hecho, responde al enfoque mercantil que impregna
el pulso de las administraciones neoliberales. Aquello que no da ganancias debe
descartarse.
Más allá de los matices, en algo acuerdan rectores, docentes, estudiantes y
toda la comunidad educativa: "esta lucha recién comienza". En las
calles y en las aulas también.
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