Por iniciativa de la
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido
Desaparecido.
Según la Declaración
sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,
proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre
de 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que:
"Se arreste, detenga o
traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su
libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o
nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del
Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento,
y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a
reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndoles así la protección
de la ley".
La desaparición forzada se usa
a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La
sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes
próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la
sociedad.
Las desapariciones forzadas,
que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares,
pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno,
especialmente como método de represión política de los oponentes.
Las víctimas, muchas veces
torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la
familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas
emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando,
a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Al habérselas separado
del ámbito protector de la ley y al haber "desaparecido" de la
sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de
sus aprehensores.
Las graves privaciones
económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia
a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de
la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia, como el
ejemplo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Tanto el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como
la Convención Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU
el 20 de diciembre de 2006, establecen que cuando, como parte de un ataque
generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una "desaparición forzada", ésta se calificará como un crimen de “lesa humanidad”
y, por tanto, no prescribirá ¡Nunca más!
Por Cachito Seoane.