CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | La renuncia de Elena Highton de Nolasco y un terremoto en la Corte Suprema
En medio de fuertes tensiones entre los miembros del máximo tribunal, la jueza Highton de Nolasco renunció a su cargo a partir del 1 de noviembre. El complejo escenario que se abre para el Gobierno y para la Justicia.
Highton, que hoy
tiene 78 años, fue la primera mujer en asumir en la Corte Suprema en
democracia. Su única lejana antecesora, Margarita Argúas, había sido nombrada
por el gobierno de facto de Roberto Levingston, en 1963. Después de impulsar la
renovación de la vieja Corte de la mayoría automática menemista, Néstor
Kirchner promovió su nombramiento y el de la fallecida Carmen Argibay, quien
tardó un tiempo más en asumir porque integraba el Tribunal Criminal que juzgaba
los crímenes en la exYugoslavia en La Haya y debía terminar esa tarea. Por esas
paradojas de la vida, el nombre de Highton fue propuesto por Alberto Fernández,
que era jefe de Gabinete, había sido alumno de ella, y ahora es el destinatario
de su renuncia. Quien insistía en aquel entonces para su designación era
Marcela Losardo, que fue secretaria de Justicia, también ministra del actual
gobierno, y comparte con Highton la cátedra de Derechos Reales de la UBA,
además de una larga amistad.
Dos versiones
La renuncia de la
jueza tiene fecha 30 de septiembre, cuando todavía era vicepresidenta de la
Corte (de hecho su sello en la carta lo dice), pero esperó para hacerles el
anuncio a sus colegas en medio del acuerdo. La noticia y el modo de darla en el
Zoom, descolocó a todos. De cómo fueron los hechos, hay dos versiones con
sutiles diferencias. Una dice que Highton, en medio de la reunión dijo que
debía apartarse un momento por un llamado telefónico, que Rosatti se indignó y
exclamó: "¡Qué falta de respeto interrumpir el acuerdo!" Cuando
volvió les anunció a los jueces que acababa de hablar con Alberto Fernández
porque le había mandado su renuncia, y así se enteraron. Según la otra versión,
Highton anunció su renuncia en el plenario y le preguntó a Rosatti qué pasos
formales debía seguir. La respuesta, en este relato, fue: "Notificar al
Presidente de la Nación y también al de la Corte", o sea, a él. Entonces,
en medio de la charla, una mano apareció en la imagen de la jueza suprema
alcanzándole un teléfono. Se puso a hablar con Fernández en ese momento y ahí
Rosatti se mostró molesto. Después --y en esto coinciden los relatos-- lxs
supremxs siguieron analizando un tema de gran sensibilidad interna: un
"informe de supervisión" muy negativo sobre la Obra Social del Poder
Judicial, que derivó en la decisión de ordenar una auditoría.
Escenario
complejo
La salida de
Highton abre un escenario complejo e intrigante en varios planos. Por un lado,
el gobierno nacional tiene la posibilidad de (y debería) promover a su
reemplazante, pero la dificultad de conseguir dos tercios en el Senado para
nombrar un/a Procurador/a ya mostró que estas designaciones de alto voltaje no
tienen un camino fácil, más bien improbable; el oficialismo no ha logrado
negociar ni ese nombramiento, ni las reformas judiciales y ahora tiene una
situación compleja para avanzar incluso con ternas claves en el Consejo de la
Magistratura (para la Cámara Federal y juzgados de Comodoro Py, entre otros).
Hay quienes creen que quizá se inaugure una oportunidad para debatir la
ampliación de la Corte Suprema ya que abriría la posibilidad de negociar más
cargos, pero parece algo realmente complejo, y más con las elecciones en el
horizonte y una oposición negada al diálogo.
Otra cuestión es
que la nueva designación debería ser de una mujer, de acuerdo al decreto
222/2003 --el que firmó Néstor Kirchner y cambió los criterios a la hora de
nombrar a lxs supremxs-- que establece la composición cortesana debe contemplar
"diversidades de género". En el Gobierno no deslizan nombres por el
momento, pero afirman que cumplirán con esa premisa. Quien marcó un rumbo en
cuanto a políticas con perspectiva de género para el sistema de justicia fue
Argibay. Highton, con luces y sombras, fue la continuadora obligada. Siempre
estuvo a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica e implementó, por ejemplo,
por primera vez, un registro formal de femicidios en función de datos
originados en las causas judiciales.
Fractura interna
La otra gran
cuestión es qué pasará dentro de la Corte, que quedó en un estado de fractura
evidente después de la elección de autoridades. Aunque Lorenzetti diga, como
hizo en ciertos medios, que el tribunal seguirá funcionando con total
normalidad, eso no sucederá por el propio peso de las circunstancias: los
supremos serán cuatro y para sacar fallos hacen falta tres votos. No existe una
mayoría consolidada ni estable dentro de la Corte. Carlos Rosenkrantz pocas
veces sintoniza jurídicamente con el resto. En algún tiempo funcionó lo que el
macrismo llamó con desprecio "la mayoría peronista", con Lorenzetti,
Rosatti y Juan Carlos Maqueda, pero tampoco se tradujo en votos/sentencias de
manera lineal y constante.
Hoy, además,
Lorenzetti apenas cruza palabra con sus compañeros. El supuesto detonante de
este quiebre fue el llamado de Rosenkrantz a un acuerdo extraordinario para
elegir presidente y vice, frente a lo cual Lorenzetti --que ya se sabía
perdedor-- intentó boicotear la votación con el argumento de que tenía el mismo
día una reunión del Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado) y no podía estar presente. Ahí fue cuando Highton pidió una
postergación y el resto dijo que no, que Lorenzetti no había pedido licencia,
que primero está su función como juez, y que en el evento tampoco representaba
a la Corte. El resultado es conocido: Highton y Lorenzetti no votaron. La
fórmula Rosatti-Rosenkrantz fue propuesta por Maqueda y se autovotó.
Desde entonces, y
antes también, circulan a granel denuncias contra unxs y otrxs supremxs, lo que
tampoco favorece el clima palaciego. Highton de Nolasco se va con el argumento
del "fin de ciclo", del que se hace eco la vocalía de Lorenzetti, y
que puede tener algo de cierto en tanto es evidente que así el tribunal no es
una promesa de fluidez, eficacia y credibilidad. Highton en particular aparece
en una denuncia por su continuidad después de los 75 años, facilitada por el
gobierno de Mauricio Macri, con Germán Garavano en el Ministerio de Justicia,
que no apeló el amparo a favor de la jueza para permitir que siguiera en el
cargo. A la par, ella sabía que sus colegas en la Corte estaban por resolver un
caso análogo al suyo, con el que darían vuelta la llamada doctrina Fayt --por
Carlos Fayt, el juez que fue supremo hasta los 97 años-- ante un reclamo del
camarista Leopoldo Schiffrin. Más allá de esto, Highton también había sido
intimada por la Anses para elegir si seguía en el cargo o se jubilaba, lo mismo
que hizo el organismo con otrxs juecxs que habían tramitado la jubilación en
forma anticipada.
Los cambios del
tribunal
Elena Highton de
Nolasco fue, en sus primeros años en la Corte, protagonista de un gran cambio
en el tribunal junto con sus otrxs compañerxs. Participó de una gran
transformación institucional y de fallos con sello histórico, desde los que
hicieron de los juicios de lesa humanidad una política de Estado tras declarar
inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, hasta los que
ampliaron derechos de mujeres, trabajadorxs, privadxs de la libertad, entre
muchos otros. Con la llegada de Macri al poder fue una de las que claramente
cambió de rumbo: votó el 2x1 a favor de los genocidas y tuvo una postura
regresiva en derechos de lxs trabajadorxs, por citar ejemplos. Siempre fue coherente,
sí, en la idea de que lxs cortesanxs sólo debían meterse en forma excepcional
en los juicios contra el Estado.
En algún rincón
del Palacio de Justicia en este momento dicen apostar a consolidar "una
Corte autónoma". El viernes último, el tribunal firmó dos acordadas que
pasaron inadvertidas pero que implican guiños a sectores de la corporación:
dispuso un suplemento salarial (transitorio) para lxs juecxs que queden
comprometidxs en casos que estén regidos por el nuevo Código Procesal Penal
--una implementación que en su momento Lorenzetti desalentó como presidente
supremo-- y también se estableció una actualización del valor de la Unidad
Media Arancelaria (UMA), que se usa para calcular los honorarios de lxs
abogadxs. Días antes se había decidido pasar a manos de la Secretaría de
Administración, a cargo de Daniel Marchi, viejo aliado de Lorenzetti, el
funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial, que antes estaba bajo la
órbita de Juan Carlos Maqueda, aunque quien la manejaba directamente era Aldo
Tonón, denunciado en "la previa" de la renovación de autoridades.
Esto respondió a denuncias concretas y en el acuerdo de ayer Marchi presentó un
primer informe alarmante donde habla de
un sistema informático obsoleto y en alto riesgo de pérdida de información
y afectación de las prestaciones, falta de herramientas de gestión, más riesgo
de confiabilidad e integridad de la información, entre otras cosas.
La Corte en su
mínima expresión actual, intenta sacarse estas sombras de encima e ir
mostrándose en acción. Está por verse si lo logran, y si pueden (y quieren)
dictar sentencias en una situación de tanta precariedad. Es un contexto que, a
la vez, debería operar como campo fértil para promover cambios desde la
política, que también tiene su gran cuota de desafío.
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