ORDEN DEL JUZGADO FEDERAL | Gaucho Gil: desalojarán por la fuerza a los 19 puesteros que se opusieron
El escuadrón de Gendarmería Nacional tendrá desde mañana 48 horas para sacar a los trabajadores. Además, derribarán las casillas del costado de la ruta e instalarán luego un puesto de control en conjunto con Policía de la Provincia. Ayer colocaron un montículo de tierra para evitar el acceso a los negocios.
Desalojarán por la fuerza a los 19 puesteros del predio Gaucho Gil en Mercedes. Hace dos semanas las autoridades ordenaron la salida por voluntad propia y este martes frenaron el avance de las topadoras. Ayer el equipo de Vialidad Nacional colocó un montículo de tierra frente a las casillas de algunos puesteros.
En una resolución firmada por el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, se ordenó el desalojo para mañana desde las 6 de la mañana. En principio, los trabajadores tendrán la posibilidad de salir de forma ordenada o bien el personal de Gendarmería Nacional podrá utilizar la fuerza pública.
Además, la resolución pidió la “desinstalación, destrucción y liberación del espacio público de casillas precarias y construcciones. Además del retiro de la totalidad de los elementos”.
La orden será ejecutada por la jefatura del Escuadrón de Paso de los Libres de la Gendarmería y personal de la Policía de Corrientes. En total, tendrán 48 horas para desalojar a los 19 ocupantes y destruir las construcciones.
Una vez que se concluyan estas actividades, el equipo de fuerza deberá proteger la irrupción de los terrenos. “La fuerza deberá instalar un puesto fijo de guardia por el término de 30 días, destinados a evitar nuevas ocupaciones y asegurar la seguridad vial en la zona”, indicó el expediente.
Asimismo, se solicitó a la Policía de Corrientes “la instalación y refuerzo de la guardia en la zona del predio, con el fin de resguardar la seguridad y orden en toda la zona, debiendo actuar en forma conjunta y coordinada con la Gendarmería Nacional”.
En el documento, Fresneda detalló todo el proceso por el que los trabajadores pasaron frente a la Justicia. En ese sentido, según indicó, todo empezó en el año 2002, pero pasó por muchas etapas de demanda de ambos sectores.
“En esta instancia y habiéndose agotado todas las instancias de mediación, conciliación y solución al conflicto, dentro de un contexto social y cultural especial que se da en la zona, corresponde dictar resolución jurisdiccional de desalojo, para resguardar aquellos intereses públicos que deben ser tutelados constitucionalmente”, admitió el magistrado como uno de los fundamentos para la resolución.
Además destacó que la zona ocupada corresponde a un territorio provincial. “Está fuera de toda duda que las banquinas que integran la zona de seguridad vial de la Ruta Nacional Nº 123, por una extensión que va desde el asfalto hasta los límites de los inmuebles, en un ancho aproximado de 50 metros por cada lado, constituyen inmuebles de dominio público afectados a la utilidad pública, y su ocupación no solo es prohibida a los particulares por el derecho patrimonial que implica, sino porque la ocupación afecta el interés público por el cual deberá estar liberada de toda ocupación u obstáculo”, señaló.
Avances en el desalojo
El martes un grupo de trabajadores, coordinados por Ramona Villalba, antigua coordinadora del predio e investigada por el caso del asesinato del 6 de agosto en Mercedes, frenó el avance de las topadoras.
Por eso, ayer las autoridades de Vialidad Nacional colocaron montículos de tierra en un camino interno con el objetivo de impedir el paso de los ocupantes. “Esa es una antigua orden del Juzgado Federal”, confirmó a El Litoral, Martín Villalba, abogado de los puesteros que ya están reubicados.
“Hay una dársena al costado de la ruta que está a la mano derecha. Es un camino que está al interior del predio y da a varios puestos. Vialidad Nacional realizó ayer un sanjeo con montículos de tierra para que no pueda transitar ningún vehículo ni personas de a pie”, confirmó el interventor Victor Isnardo a El Litoral. “De los 19 que están resistiendo, hay algunos puestos en esa ubicación”, aseguró. De esa forma, no podrán entrar a sus casillas.
“Quienes no quieren salir son 19 trabajadores. El juez me pidió que les otorgue un espacio físico dentro de las carpas pero no lo aceptaron. Les mostré el lugar y les indiqué y no hay caso. Hasta la fecha no hay novedades de desalojo por propia voluntad”, comentó.
El objetivo del desalojo es desocupar la ruta y que todos los trabajadores estén ubicados en las carpas que el Gobierno provincial y nacional prepararon de forma provisoria. Todo esto mientras llevan adelante el proyecto de urbanización que convertirá al santuario del Gaucho Gil en un punto turístico de la provincia de Corrientes.
La decisión se desató tras el doble crimen de Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre Julio “Milton” Canteros, de 64 el 6 de agosto de este año. Por el caso hay 11 personas detenidas y Villalba es investigada por posible lavado de dinero.
(Telam)