PRESENTARAN UN PETITORIO A LA COMUNA | Los vecinos de La Tosquera buscan la regularización en el asentamiento
Un grupo de familias manifestó que entregarán un petitorio para que se adjudiquen los títulos de propiedad a los residentes. Exigen que el Fideicomiso deje de supervisar la zona.
Los vecinos de La Tosquera entregarán un petitorio a la Comuna para que entreguen los lotes a cada familia que reside en el barrio. Además exigen que el Fideicomiso Santa Catalina no continúe custodiando el barrio.
En estas últimas semanas se reunieron en reiteradas ocasiones para realizar un censo a la población que habita en el lugar para que se les otorgue los títulos de propiedad.
Continúan con las reuniones vecinales para llevar adelante esta iniciativa porque consideran que el barrio se encuentra constituido hace años. Aclararon que antes de avanzar con una movilización van a presentar notas para que desde la Municipalidad estén al tanto y puedan hacer algo al respecto.
Estefanía, vecina del barrio, dijo a El Litoral: “La zona Tosquera es un barrio hecho, está implementado hace más de 45 años. Si quieren urbanizar, nosotros no nos oponemos, pero no queremos irregularidad”.
Hace un mes atrás, en el barrio de La Tosquera, sucedieron varios hechos alarmantes, como la destrucción de algunas casas precarias, la quita de las pertenencias de algunos vecinos y seis familias habían sido desalojadas. Sin embargo, días después las personas fueron restituidas a sus tierras y se les devolvieron los elementos que fueron sustraídos en los desalojos.
Este grupo de familias se había integrado tiempo después y fueron denunciados por usurpación, y aunque los vecinos pidieron que se dejaran sin efecto esas causas penales, aún continúa en fiscalía, según afirmaron.
Estefanía contó a El Litoral que: “La jueza dijo que no puede desestimar las causas porque ya están en curso, desde el Juzgado querían hacer un acuerdo, pero los vecinos no aceptaron firmar”.
En el mes de mayo tuvieron una reunión en la que se pidió por las familias que fueron desalojadas, y según los vecinos, desde la Comuna se habían comprometido a desestimar las causas. Sin embargo, el caso sigue adelante y es llevado por la jueza Andrea González a cargo de la fiscalía correccional N° 2 de Corrientes.
El subsecretario de Derechos Humanos Manuel Cuevas había dicho a El Litoral: “El barrio en el que residen eran terrenos de la Municipalidad y hace años las familias viven en condiciones precarias. Buscamos hacer un plan de urbanización. Se buscará avanzar de la manera más ágil y ordenada posible para que los vecinos puedan vivir en condiciones dignas”.
Desde la Municipalidad se comprometieron a presentar un proyecto de ley para la donación de los terrenos usurpados una vez que se termine el relevamiento, pero los vecinos aún no tienen confirmaciones al respecto.
De esta manera, aseguraron que van a esperar la respuesta al petitorio y luego tomarán otras medidas, de ser necesario.
El conflicto comenzó a principios de marzo, cuando algunos de los vecinos accedieron al programa “Mi pieza” en el que el Gobierno nacional otorga entre 100.000 y 240.000 pesos para comprar los materiales para realizar mejoras en sus hogares.
Aunque 170 familias eran beneficiarias del programa, no pudieron realizar los arreglos debido a la prohibición de una empresa de seguros contratada por el Fideicomiso de Santa Catalina.
(Litoral)