Un total de diez familias recibirán una compensación económica de parte del Gobierno Provincial por el avance de obras de ampliación sobre sus viviendas. Tendrá un plazo de diez días para continuar con los derribos de los que ellos mismos se harán cargo.
El cónclave definitivo se llevó a cabo el viernes a las 15:30 en la casa de uno de los frentistas, en la zona comprendida sobre la Ruta Provincial Nº5, entre Rómulo Artieda y Calle 107. Allí cada familia firmó acuerdos particulares con la DPV, ya que cada una sufrirá pérdidas en distinta proporción con el avance de las obras.
El presidente del Foro de Organizaciones Vecinales (FORVE), Julio Maciel, precisó, en comunicación con época, que los montos compensatorios oscilarán entre $300.000 (trescientos mil pesos) y $3.000.000 (tres millones de pesos) a pagar en dos tramos, un deposito antes del derribo de las propiedades y otro al finalizar. "El Gobierno Provincial se hará cargo del dinero en efectivo", dijo el referente que desde 2020 se hizo cargo de la representación de los residentes.
Maciel destacó que una sola familia perderá la totalidad de su vivienda, mientras que las restantes perderán en promedio unos siete metros. "La zona afectada comprende unos 22 metros si se toma la línea imaginaria desde el medio de la ruta hasta las propiedades de los vecinos", describió.
Cada familia deberá hacerse cargo de la destrucción de la parte de sus hogares, de forma que puedan ver qué materiales pueden ser reutilizados. "Los vecinos tienen diez días (desde el 22 de septiembre) para avanzar con la demolición", acotó.
También existe un compromiso por parte de la DPV para rellenar los terrenos ubicados en la parte trasera de las viviendas, en caso de que algunas de las familias vean muy comprimidos sus espacios.
"En el FORVE estamos muy contentos porque logramos instancias de diálogo que aseguraron que nadie pierda sus hogares", resaltó Maciel. Al mismo tiempo destacó los aportes del vocal de la DPV, Mario Marín, durante toda la negociación.
Vale recordar que a mediados de 2021 llegaron las primeras intimaciones a los frentistas que incluyeron amenazas intempestivas de desalojo. En la zona, el organismo planeaba ejecutar una ampliación del camino, que contempla un área en la que hace unos 25 años se instalaron varias personas beneficiadas con la Ley Provincial Nº6.417, que estableció la regularización dominial de esos terrenos.
El pasado 4 de julio, a una semana de haber recibido un nuevo ultimátum, los residentes se concentraron y cortaron el tránsito sobre esquina 25 de Mayo y Salta, frente a Casa de Gobierno. Tras el reclamo fueron recibidos por autoridades provinciales que reforzaron su compromiso al diálogo tras ver que los frentistas estaban decididos a seguir con los reclamos.
Los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Raúl Nicolini, quien recepcionó las pruebas documentales y se comprometió a gestionar los reclamos ante la DPV, garantizando, desde el lado del Ejecutivo Provincial, que nadie sería desplazado de los terrenos.
¿Qué los ampara?
La Ley N°6.417, del 1 de noviembre de 2017, declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno ubicado en la segunda sección rural y paraje Loma Cuarta. Una superficie de 70.575 metros cuadrados. La norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo y fue aprobada por la Legislatura de Corrientes.
El artículo 2 explica que la expropiación tiene por objeto la división y parcelamiento del inmueble a los fines de su donación a los actuales poseedores o tenedores.
(Epoca)