DECISIÓN DE LA CÁMARA DEL TRABAJO | La justicia habilitó la feria para tratar el amparo de la CGT contra el DNU de Milei
La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo definió este martes habilitar el receso judicial para tratar el recurso que presentó la CGT contra el decreto 70/2023 de Javier Milei. La central obrera pidió que se declare la inconstitucionalidad y se deje sin efecto la aplicación del "Título IV Trabajo" que busca desregular las condiciones laborales de los trabajadores.
La Cámara Nacional del Trabajo habilitó la feria para tratar los planteos
de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei –con el que el gobierno de La Libertad
Avanza (LLA) pretende regular la economía y el mundo laboral en beneficio de
los grandes grupos económicos.
Después de una presentación del triunviro Héctor Daer con el patrocinio del
abogado Pablo Topet, la sala de feria de la Cámara del Trabajo –integrada por
los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera– resolvió que los
planteos se analicen durante el receso de enero. “Frente a las particularidades
del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de
la feria solicitada”, escribieron los camaristas del fuero del trabajo.
El 27 de diciembre pasado, la CGT mostró en sociedad la que será su táctica
frente al DNU de Milei: la impugnación judicial y la movilización en las calles
--que tendrá su máxima expresión el próximo 24 de enero con un paro general. El
miércoles último, la CGT presentó un amparo que quedó radicado en el juzgado de
José Ignacio Ramonet. En la presentación, la CGT pedía que se declarara la
inconstitucionalidad del DNU y que se dictara una medida cautelar para impedir
que sus efectos empezaran a golpear a los trabajadores.
El juez Ramonet aceptó la competencia del fuero laboral, pero dijo que no
podía dictar una cautelar porque entendía que el DNU no estaba en vigencia –en
efecto, entró el 29 de diciembre. El magistrado, además, emplazó al Poder
Ejecutivo a responder en un plazo de tres días a los planteos de la CGT.
La central obrera criticó a Ramonet por no haber dictado la cautelar.
"Si hay un grupo 'socialmente vulnerable', claramente son los trabajadores
y no parecería dudarse de esta circunstancia, cuando la propia Constitución
Nacional impone al legislador un mandato de tutela intensa, específica y
preferente en su artículo 14 bis", dice la presentación.
La CGT, además, sostiene que Milei buscó saltarse el Congreso con su DNU.
En esa línea, la central sindical insiste con que el DNU pretende introducir modificaciones
permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal. "No se trata de
implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro
motivo de invalidez".
La CTA, que conduce Hugo Yasky, también consiguió que la justicia laboral
habilite la feria para tratar su amparo contra el DNU de Milei.
La pelea con el fuero contencioso administrativo
El gobierno de Milei, consciente de que el fuero laboral no es un terreno
que vaya a favorecerlo, quiere que rápidamente todos los planteos se concentren
en los tribunales en lo contencioso administrativo --donde se dirimen las
acciones contra el Estado. En esa línea, le pidió al juez Esteban Furnari –el
primer magistrado que aceptó tramitar el amparo colectivo que presentaron el
economista Claudio Lozano (Unidad Popular), la CTA Autónoma, ATE y el
Observatorio por el Derecho a la Ciudad– que atraiga todos los cuestionamientos
que se impulsaron judicialmente contra el DNU.
La CGT recurrió tanto la decisión de no dictar una cautelar contra el DNU
como el pedido de Furnari para que le manden también esa causa a su juzgado. El
tema se dirimirá durante la feria.
Horas después de que la Cámara del Trabajo le corriera vista, el fiscal
general interino Juan Manuel Domínguez dijo que le corresponde a la Cámara en
lo Contencioso Administrativo resolver quién se queda con las causas. Con el
dictamen de Domínguez, la Cámara del Trabajo quedó habilitada para fallar.
Es probable que los jueces de la Cámara del Trabajo se pronuncien durante
el miércoles. Incluso reconociendo que no es competente, el tribunal podría
dictar una cautelar que suspenda al DNU si entiende que está ante un planteo de
sectores socialmente vulnerables o si comprende que está comprometida la vida
digna según la define la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o
la alimentación. Así lo establece la Ley
26.854, que regula las cautelares contra el Estado.
El DNU --según denuncian organismos de derechos humanos como el Centro de
Estudios Legales y Sociales-- empeorará la vida de millones. Solo en materia
laboral estirará el período de prueba de tres a ocho meses, facilitará los
despidos de quienes participen en medidas de fuerza y limitará el derecho a
huelga.
No hay que pasar el verano
En el primer día laboral del año, hubo mucha actividad en los tribunales.
En distintos fueros y en distintas jurisdicciones hubo jueces que decidieron
habilitar la feria para tratar presentaciones relativas al DNU 70/23 de Milei.
La justicia de San Juan y la de Lomas de Zamora decidió enviar los planteos que
tenían al juzgado de Furnari para que se acumulen en el proceso colectivo que
iniciaron el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Lozano, la CTA Autónoma y
ATE.
En las últimas horas, el abogado Jorge Rizzo –expresidente del Colegio de
la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y referente de la agrupación Gente de
Derecho (GDD)– pidió que el fuero contencioso también habilite la feria. “¿Qué
tema es de mayor gravedad para las instituciones de la Patria cuando se pone en
jaque la forma de gobierno representativa, republicana y federal que establece
el artículo 1 de la Constitución Nacional? ¿O acaso lo que se demanda en los
presentes obrados no es haberse expoliado a uno de los poderes constituidos del
Estado de derecho a través del DNU 70/23, más precisamente el Poder
Legislativo?”, escribió Rizzo. Sin embargo, el fiscal Miguel Gilligan dictaminó
en línea contraria.
La decisión de distintos fueros y de distintas jurisdicciones de habilitar
la feria para analizar el DNU a priori parece desentonar con la resolución de
la Corte Suprema, que ante un planteo del gobierno provincial de La Rioja
–patrocinado por el excortesano Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Gustavo
Ferreyra– decidió posponer el tratamiento para febrero.
El gobernador riojano Ricardo Quintela dijo en Futurock que no veía mal que
el máximo tribunal debatiera el tema después de la feria. "Es cierto, la
Corte no nos habilitó la feria, aunque juzgamos valiosas institucionalmente las
decisiones de la Corte", reafirma Ferreyra ante Página/12. El
constitucionalista destaca que los supremos hayan tenido por presentada la
demanda de la provincia, hayan formado un incidente de la medida cautelar que
pide la suspensión de los efectos y que le haya corrido traslado por la demanda
de inconstitucionalidad al Ejecutivo. "Todavía con sede en Balcarce
50", desliza con ironía el jurista.
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