La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) analiza elevar la tarifa eléctrica que en principio, podría rondar un 25%.
La distribuidora presentó un requerimiento de un nuevo cuadro tarifario, motivo por el cual, la semana pasada el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) habilitó una audiencia pública en Colonia Liebig.
El presidente del EPRE, Pablo Cuenca, brindó detalles del informe que expusieron desde DPEC. Así, se evalúa la posibilidad de que, en el caso de los usuarios de altos ingresos que consuman hasta 600 kw por bimestre, abonen una factura de aproximadamente $16.000. Ahora bien, si consumen más de 600 kw pero menos de 1.300 kw, podría pagar unos $50.000.
Si un usuario de altos ingresos supera los 1.300 kw por bimestre pagaría una factura final que rondaría los $120.000, según indicó el funcionario en declaraciones a radio Sudamericana. Cabe señalar que sobre dicho grupo recaería prácticamente el pago de la tarifa plena, es decir, sin subsidios nacionales.
En el caso de los usuarios de bajos ingresos que consuman hasta 600 kw, deberían abonar al menos $14.000. Si superan los 600 kw pero no cruzan el límite de los 1.300 kw, podrían recibir boletas que oscilen entre los $30.000 y $60.000. De superar dicho consumo, pagarían unos $80.000.
Cabe señalar que estos importes mencionados no se aplican de manera inmediata sino que, con la realización de la audiencia pública se habilitó un proceso que permitirá al Ejecutivo analizar dichos números y, a partir de allí, evaluar la instrumentación del nuevo cuadro tarifario. Si embargo, al escenario se agrega que el Gobierno nacional podría retirar la totalidad de los subsidios.
Para el caso de los comercios y las grandes industrias que consumen hasta 1.600 kw por mes y donde se ubica el 75% de la demanda, se proyecta que tengan una factura de $32.000. Un gran usuario, en tanto, superaría los $100.000, según informó Cuenca en declaraciones radiales.
Durante la audiencia pública hubo varios reclamos. Entre ellos, el senador provincial Martín Barrionuevo, quien expuso que desde 2022 a la actualidad, hay unos 11.500 nuevos enganchados. "A las políticas públicas hay que medir por su eficiencia y acá no hay eficiencia, sino que estamos ante una mirada recaudatoria", manifestó.
La concejal de Goya, Cecilia Gortari, por su parte, presentó un petitorio con más de 1.100 firmas de vecinos de la ciudad expresando su "disconformidad" ante el aumento y "la precariedad del servicio en zonas rurales".
(Epoca)