Posse asegura que "es una derrota de Sturzenegger", autor de la Ley Ómnibus, pero el asesor culpa a un mileísta. Karina Milei quiere a Menem y Francos afuera y Caputo se prepara para incumplir el acuerdo con el FMI.
La caída de la Ley Ómnibus -que según creen muchos diputados no volverá a
tratarse en el corto plazo-, incrementó las tensiones internas y los pases de
factura en el gobierno, que ya venían gestándose desde el anuncio de la baja
del paquete fiscal de esa norma. Una segunda crisis política en cuestión de
días que, además, se monta sobre una recesión con alta inflación y números de
impacto que jaquean la gestión de diferentes ministerios. En síntesis, incluso
para el Gobierno, lo que empezó como un fracaso de estrategia parlamentaria
termina siendo un golpe directo al devenir político diario, que tocará todas
las áreas.
La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, les apunta a dos
funcionarios políticos por la responsabilidad de no conseguir los votos; el
jefe de Gabinete, Nicolás Posse, asegura que "es una derrota de
Sturzenegger", autor de la ley; y
el asesor en desregulación ahora se desmarca y le echa la culpa a un
funcionario mileísta.
En medio del caos, el ministro de Economía, Luis Caputo, quedó atrapado en
una gestión de corto plazo sin herramientas: según supo Página I12, en su
círculo íntimo ya afirman que, además de la recesión y el rebrote
inflacionario, el Gobierno quedará al borde del incumplimiento del acuerdo
reciente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por esto, el ministro
viene advirtiendo que el ajuste que se viene será aun más violento del prometido.
Fuenteovejuna
Puede parecer increíble, pero en las últimas horas, mientras recibía
fuertes cuestionamientos internos, Sturzenegger se desmarcó y le echó la culpa
del fracaso de la ley a modificaciones a su proyecto original. Según contó a
sus asesores, Eduardo Rodríguez Chirilo, secretario de Energía, modificó el
capítulo vinculado a petroleras, que es uno de los que terminó trabando la
delegación de facultades para operar sobre ese sector. "Esta ley ya no es
mía", empezó a vociferar el ex BCRA.
Uno de sus enemigos internos, Posse, parece no compartir esa idea y
entiende que "lo del lunes es un fracaso de Sturzenegger". Hace
tiempo Posse no sólo se relaciona de manera sinuosa con el economista, sino que
quedó en medio de una disputa de poder fomentada, con o sin intención, por el
presidente Javier Milei, que empezó a darle un juego amplio a
"Sturze".
Más allá de la pirotécnica de culpar por traidores a los gobernadores y a
los opositores amigables, la persona más desconfiada del gobierno, Karina
Milei, quiere ver cabezas políticas rodando, porque entiende que hay
responsables más allá del técnico que redactó la norma. La hermana del
presidente les apunta a dos dirigentes: el titular de Diputados, Martín Menem;
y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Al riojano lo viene midiendo
desde la caída del paquete fiscal, que estuvo vinculado a la falta de votos
para lograr aprobación de la ley en general.
Con Francos, el problema es la falta de resultados de un ministro con rol
netamente negociador. "Hace tiempo Guillermo no le consigue nada al
Presidente", lo operan los más críticos al ex BID y Corporación América.
Es más, ya los sectores empresarios y sindicales le han restado importancia a
la hora de intentar conseguir beneficios. Uno de los últimos episodios fue el
pedido que el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, para que le hable al
presidente del daño que genera a los trabajadores y las empresas el fin de la
obra pública. De hecho, no confirman aún desde el Gobierno si Francos viajará o
no Roma, lugar donde debería estar el fin de semana, en el marco de la reunión
de Milei con el Papa Francisco. Por ahora, el que zafa es Santiago Caputo, el
asesor estrella del presidente, que se ha caracterizado por conseguir derrotas
políticas, pero es un protegido de Milei y Karina.
Caputo, el Fondo y la crisis
Con algo de beneplácito a raíz de su encono con Sturzenegger, Caputo agarró
su cuenta de X horas después de caída la ley y aclaró que no es un golpe
político y que, en todo caso, habrá un ajuste mayor que compense. Sostiene
Caputo que el 80 por ciento de su plan no tenía nada que ver con la ley. Una
verdad a medias: hace unos días, por citar sólo un caso, Caputo puso en la
Administración General de Puertos a un ex PriceWaterhouse Cooper, experto en desguace
de empresas. El ministro le prometió a Gastón Benvenuto que tendría vía libre,
tras la salida de la ley, para arrancar la privatización de la AGP. Ahora, no
sólo tiene el problema de que no sale la ley, sino que además los puertos
dependen de Infraestructura, que tiene echado a su ministro y aún Caputo no se
hizo cargo de esa área. Casi una pintura perfecta de la colección de
inexperiencia e incapacidad política del Ejecutivo.
Además, aunque Caputo lo niegue, la ley habilitaba privatizaciones que
redundarían en dólares frescos en un escenario en el que las divisas no sobran.
El sector que le podría dar esos dólares es la agroindustria, que podría
inyectar cerca de 28 mil millones de dólares en todo el año. El asunto es que
ya le avisaron a Caputo que el tipo de cambio no es competitivo y la presión
devaluatoria sobre el ministro -impulsada además por la altísima inflación- es
cada vez mayor. Si bien la cosecha gruesa llega en marzo y abril, en el campo
ya frenaron las liquidaciones a la espera de un dólar más caro.
A la par, la recesión es cruel, muestra que el ajuste ya se instaló y los
precios siguen subiendo. Un informe de la consultora Audemus, a cargo del ex
ministro Matías Kulfas, refleja una pandemia para la producción: hace una
especie de semáforo por sectores, con una estimación pesimista y otra
optimista. Sacando al agro, petróleo y minería, que aparecen en verde, el resto
está pintado de rojo. Algunos ejemplos: la industria cae en su PBI un 9 por
ciento en su escenario optimista y un 11,5 en el pesimista; la construcción, 14
y 17; el Comercio 9 y 11,5; y Finanzas un 6,5 y 9, respectivamente. En pocas
palabras, corriendo al agro, el PBI sectorial total terminaría 2024 con un
derrumbe de 5,4 en el escenario optimista y de 7,1 por ciento en el pesimista.
En este contexto, el Gobierno tiene además, con la ley caída, un problema
madre: en el Staff Report del FMI se especifica que, en junio, el Ejecutivo
prometió abrir el cepo cambiario y tener orden cambiario. En los pasillos de
Hacienda, los racionales que están más allá del relato de Caputo, aseguran que
las metas del organismo son "incumplibles" sin el paquete fiscal, sin
privatizaciones y sin poder ajustar a la baja las jubilaciones. Un dato
importante más. En el Staff, el propio FMI afirma que es clave, para lograr los
objetivos, tener respaldo político y popular, dos cosas que Milei perdió en la
batalla sin cuartel de la Ley Ómnibus.
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