Un desmedido operativo represivo se desplegó sobre la mayoría de los organismos del Estado el mismo día que la administración libertaria dejó en la calle a unos 15 mil empleados públicos. Delegados de ATE realizaron asambleas y actos en sus lugares de trabajo, y en algunos casos fueron reprimidos. Los contratos de quienes no fueron cesanteados se renovaron por apenas tres meses más. Los gremios convocaron a un paro en unidad para este viernes.
Durante varias horas, en los pasillos y las oficinas de los organismos del
Estado hubo más efectivos de las fuerzas de Seguridad que trabajadores. Los
edificios de casi todos los ministerios amanecieron bloqueados desde temprano
por operativos de Prefectura, Policía de la Ciudad y hasta de la Policía
Aeroportuaria: ésa fue la forma en que el Gobierno decidió darles a conocer a
miles de empleados públicos que habían sido despedidos. Muchos ya habían
recibido, durante el fin de semana largo, el telegrama o el mail con la
comunicación oficial de que sus contratos no habían sido renovados; otros
terminaron de confirmar en el momento que estaban en la calle. Bajo la lluvia
de la mañana, cobijados por los paraguas verdes y blancos de ATE Nacional y ATE
Capital, cientos de delegados y referentes gremiales intentaron dar una
respuesta. Algunos pudieron ingresar al hall de sus dependencias para hacer
asambleas –en el INADI lo hicieron a pesar de la represión–, y otros realizaron
radios abiertas para denunciar el plan motosierra. En suma, el primer día hábil
después de semana santa dejó una nueva postal característica de la era Milei:
protestas masivas en defensa de derechos recortados, desguace de políticas
públicas y la aplicación del protocolo anti-piquetes como principal respuesta
de las autoridades.
“El ministerio amaneció militarizado, con mucha más policía de lo habitual
y un clima muy tenso. Armaron un ingreso para los trabajadores del ex
ministerio de Desarrollo Social y otro para Salud. Nuestra idea fue armar un
gazebo sobre la plazoleta de Moreno y Lima, y nos provocaron todo el tiempo
para forzar una represión, que evitamos. Pudimos hacer un acto y vamos a seguir
peleando por la reincorporación, porque en nuestro ministerio tenemos
despedidos de planta permanente, otros con enfermedades oncológicas, otros con
certificado de discapacidad y hasta hay un ex combatiente de Malvinas en la
lista negra. No hubo criterio, fue todo al voleo. Estamos enfrentando un
programa de desguace del Estado”, contó a Página/12 Ingrid Manfred, delegada de
ATE Capital en el Ministerio de Capital Humano, el más afectado por el plan
motosierra, con unos 1.200 despidos en total.
"Por la magnitud del recorte, está claro que no fue una simple tanda
de despidos en el Estado. El Gobierno tiene el objetivo de ir por los derechos
de todos los laburantes, no sólo del sector público. Y fue mensaje para todos.
Por eso, a sabiendas de que nos vamos a organizar todos juntos y que la
respuesta iba a ser colectiva, nos esperaron con el ministerio militarizado”,
apuntó por su parte Daniela Francia, también delegada de ATE Capital en el
exministerio de Trabajo, que sufrió otras 500 cesantías.
En el exministerio de Trabajo, los trabajadores pudieron evadir el bloqueo
policial –había prefectos en el hall de ingreso y también repartidos en los
distintos pisos, para controlar quién entraba y quién salía– y realizaron una
asamblea dentro del edificio de Paseo Colón. Antes, hubo un acto masivo, del
que participaron Hugo Yasky, de la CTA, y Sergio Palazzo, de La Bancaria, y
Abel Furlán, secretario general de UOM, entre otros. Allí hubo llamados a la
unidad y también pedidos de un paro nacional. Los estatales, por su parte,
decidieron empezar por el suyo propio, que tendrá lugar este viernes, con una
movilización al ministerio de Economía.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a través de su Secretario
General, Andrés Rodríguez, anunció en tanto que presentará este jueves una
acción de amparo colectiva para frenar las cesantías. "Mediante esos actos
arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos
en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que consagra al
trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad
propia en el empleo", dijeron desde el gremio en un comunicado.
En el edificio del INADI la cosa pasó a mayores cuando los trabajadores
quisieron ingresar y fueron reprimidos por la policía. “Nuestra idea fue hacer
un abrazo simbólico y una asamblea. Al ingresar, nos topamos con que empezaron
a meterse más y más efectivos por una de las puertas laterales del edificio.
Hasta que fueron centenares. Prácticamente nos desalojaron”, relató Nadia
Fadic, de ATE Capital. Pese al anuncio del Gobierno, el INADI sigue en
actividad: para cerrarlo, el oficialismo deberá conseguir que el Congreso lo
apruebe por ley. Como no pudo hacerlo hasta ahora, se desquitó con los
despidos: ya fueron más de 30, contando personas con cupo travesti-trans y
también personas con discapacidad. “De alguna manera seguimos en un limbo,
yendo a trabajar. Es lo que fuimos a hacer. Pero la policía quiso otra cosa”,
completó la delegada.
Situaciones similares se vivieron en las dependencias de la Secretaría de
Agricultura, el Servicio Meteorológico Nacional (con la Policía Aeroportuaria),
el ex Ministerio de Educación, el CCK (donde hay varias oficinas de la
Secretaría de Cultura), el Conicet y hasta en la ex Esma, donde insólitamente
hubo efectivos armados. Los operativos impidieron el normal funcionamiento de
cada organismo, y en muchos casos hubo trabajadores que se enteraron que
estaban en la calle cuando intentaron loguearse en el Sistema de Gestión de
Expedientes (SGE). En la Secretaría de Derechos Humanos ese tipo de
arbitrariedades llegaron a su paroxismo cuando una de las secretarias de
Recursos Humanos de Alberto Baños, el titular de la SDH, no se pudo loguear:
también estaba en la lista negra.
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