Tienen el mismo presupuesto del año pasado. Y les están llegando facturas de servicio impagables. Rectores impulsan una ley para sobrevivir. El caso de Comahue.
La situación de las universidades nacionales es crítica: con el mismo
presupuesto que en 2023 y con una inflación interanual que supera el 270 por
ciento, el dinero disponible solo alcanzará para mayo o junio. Al menos, así lo
han dejado entrever diversas autoridades en el último tiempo. Sin embargo, las
primeras alarmas ya están encendidas: este lunes, la Universidad Nacional del
Comahue (UNCo) informó que, por falta de fondos, deberá dejar de pagar
servicios básicos de funcionamiento como limpieza, luz y gas correspondientes a
marzo. De hecho, hay rectores que afirman que, en estas condiciones, el inicio
del segundo cuatrimestre podría estar en riesgo. De concretarse, la parálisis
podría dejar a 300 mil trabajadores docentes y nodocentes en la calle y a 2,5
millones de alumnos en un limbo, sin chances de continuar con sus carreras. En
paralelo, legisladores afines buscan discutir un proyecto de ley de emergencia
con el objetivo de asegurar la supervivencia en medio de la crisis. El Frente
Sindical de Universidades Nacionales y la FUA convocaron a una Marcha Federal
Universitaria para el jueves 25 de abril.
Beatriz Gentile, rectora de la UNCo, en diálogo con Página 12, señala lo
siguiente: “Están llegando las boletas de las tarifas de febrero. Si bien
técnicamente no estamos en cesación de pagos porque nos faltan conocer algunos
importes que todavía no tenemos en nuestro poder, es muy probable que sí lo
estemos. Por lo que ya estamos previendo, no estamos en condiciones de pagar
todos los servicios si no tenemos el refuerzo prometido”. El gobierno de Javier
Milei había prometido un incremento de un 70 por ciento para los gastos de
funcionamiento, pero hasta el momento ese dinero no fue recibido por las
instituciones. En esta línea, aunque solo representa un aumento en el 5 por
ciento del presupuesto total (ya que la enorme mayoría se destina a salarios),
aún no fue acreditado por las casas de educación superior.
Si, en el mejor de los casos, las universidades no cierran en los sucesivo,
el hecho de ajustarlas de manera que solo puedan funcionar al mínimo de sus
posibilidades impacta de manera directa en su presente y las perspectivas
futuras. “Si tomamos el servicio de la luz, solo para las unidades académicas
que están en Neuquén Capital más una tarifa de agua rionegrina, ya tenemos el
40 por ciento de los gastos totales de nuestro presupuesto de funcionamiento.
Hay que pensar que la UNCo está presente en otras ocho localidades”, explica la
rectora.
Por el momento, las tarifas de gas de febrero no serán altas porque el
consumo no fue significativo, pero basta con imaginar lo que sucederá cuando
las temperaturas empiecen a disminuir y se requiera de calentar los espacios
para asegurar un mínimo de condiciones en el dictado de clases. Bajo esta
premisa, Gentile comenta: “Hay tarifas que no vamos a poder pagar y lo tenemos
en claro. Ya recortamos servicios de telefonía. Vamos a sentarnos con los
proveedores y ver qué podemos hacer, pero es muy complejo porque como tenemos
muchas sedes, debemos arreglar con diferentes empresas que prestan los
servicios. Todas las situaciones son particulares”. Y agrega: “La mayoría de
las universidades están en la misma que nosotros. Es bueno que se conozca para
que la sociedad pueda tenerlo en cuenta”.
La información que refería a la situación que afronta la Universidad
Nacional de Comahue, originalmente, fue compartida durante el fin de semana por
la cuenta defensa.unco, de la que participan docentes, nodocentes y estudiantes
de la institución. “Llegó ese triste día que no queríamos que llegara. Nuestra
querida Universidad Nacional del Comahue ya entró en la etapa de cesación de pagos.
Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje
morir a la universidad pública”. En otro pasaje, el posteo sigue: “Se verá
afectado por ejemplo el servicio de limpieza, intensificándose la reducción de
turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se
suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima
factura de luz y menos la del gas cuando venga el frio”.
La Universidad Nacional de Quilmes registró la semana pasada una situación
similar que fue comunicada a través de sus redes sociales. Con un consumo
equivalente, el gasto en energía eléctrica en el primer bimestre de 2023 fue de
4.827.120 de pesos, mientras que en el primer bimestre de este año la cifra
llegó a 20.125.103 de pesos. A partir del #universidadenemergencia difundió de
manera concreta la situación que afronta tanto a su comunidad como al resto de
la sociedad.
En la misma línea a lo que menciona Gentile y a la UNQ, otras instituciones
ya racionalizan el uso del papel higiénico como la Universidad Nacional de
Rosario. Desde la UBA, advirtieron que ya corren serio riesgo de interrupción
las actividades de los hospitales universitarios, a los que en muchos casos se
van a atender y realizar tratamientos pacientes sin obra social.
Esta situación se suma a otras que se dieron a comienzos de la cursada
cuando algunas instituciones de educación superior debieron notificar que se
recortaría la oferta de materias que los estudiantes podrían elegir para
cursar, ante la imposibilidad de poder pagar asignaturas extra. También hay
casos en que se debieron cortar los programas de becas de ayuda para aquellos
alumnos que necesitan, así como la suspensión de actividades de investigación y
extensión.
Resistencia activa
Los próximos 10 y 11 de abril gremios docentes realizarán 48 horas de paro.
Además de la falta de presupuesto para gastos de funcionamiento, el otro tema
se vincula con las paritarias: a pesar de una inflación del orden del 70 por
ciento, los incrementos salariales ofrecidos durante el 2024 suman tan solo el
18 por ciento (de los cuales el 6 por ciento había sido pactado durante la
gestión anterior).
Desde espacios concretos como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,
por ejemplo, organizan clases públicas, banderazos y cacerolazos para difundir
una situación crítica que deja a las universidades al borde del abismo. Va en
línea con el spot que hacia fines del mes pasado compartieron desde la
Universidad de Buenos Aires con la leyenda “Ciudemos lo que funciona”. Algo
similar a lo que sucedió con el festival Elijo crecer: Ciencia x Argentina, que
durante sábado y domingo, en más de 100 ciudades distintas, los científicos y
universitarios se reunieron en plazas y espacios públicos para compartir con la
sociedad lo importante que es apoyar la continuidad de los sitios de producción
de conocimientos.
Más allá de las movilizaciones que se realizan desde meses atrás, el
gobierno redobla la apuesta y responde a la resistencia con más motosierra.
Desde la secretaría de Educación se canceló el envío de fondos al Centro
Regional UNLP Espacio exESMA de Memoria y DDHH por ser considerado un “centro
de adoctrinamiento ideológico”, en donde se cursan carreras como periodismo
deportivo y otras de arte. Va en línea con el ejercicio de penar el
adoctrinamiento en los colegios que el actual gobierno impulsa. Frente a ello,
la Agrupación Rodolfo Walsh denunció mediante redes sociales: "Ante el
ataque directo del Gobierno de Javier Milei a nuestra casa de estudios, en este
caso en la extensión en la Casa de la Militancia - H.I.J.O.S., dentro del
predio del Espacio Memoria, nos organizamos y seguimos defendiendo nuestro
derecho a estudiar ahí".
Entre la resistencia y las cancelaciones que efectúa el gobierno, emerge un
proyecto legislativo propuesto por la diputada radical Danya Tavela. El texto
declara la emergencia presupuestaria y, a través de esta situación, indica que
el 85 por ciento del presupuesto anual debe destinarse a salarios y el resto
para gastos de funcionamiento. Los montos, según la iniciativa, deberían
actualizarse cada dos meses a partir de indicadores como el índice general de
precios al consumidor, la variación de la cotización de la divisa de referencia
para las importaciones y la variación promedio de las tarifas de servicios
públicos.
Los aportes no se detienen
Desprestigian a las universidades --posiblemente las instituciones con
mayor legitimidad social en el país-- para justificar el ajuste. De hecho, a
pesar de la crisis, continúan dando respuestas. Es el caso reciente de la
Universidad Nacional del Chaco Austral que, ante el brote de dengue, incrementó
su producción de repelentes en 4 mil unidades diarias para comercializarlos a
precios accesibles y de manera gratuita según los casos. Un papel que va en consonancia
al que desempeñaron otras durante la pandemia de covid, al montar centros de
diagnóstico y desarrollar kits autóctonos ante la imposibilidad de importarlos.
Las universidades, una vez más, sortean el juego de la oferta y la demanda,
y brindan respuestas de calidad para proteger a la población. Algo que la mano
invisible del mercado que tanto pondera este gobierno jamás garantiza.
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