"ES UNA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN PARA SEMBRAR EL MIEDO" | Tras los allanamientos, las organizaciones sociales denunciaron los operativos
La justicia realizó decenas de allanamientos a comedores sociales e imputó a 28 referentes barriales tras una denuncia de Bullrich. Las organizaciones en conferencia de prensa realizaron una conferencia de prensa en conjunto y denunciaron la violencia de los procedimientos, muchos de madrugada y ante niños y le apuntaron al Gobierno por difamación.
A partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad encabezado por
Patricia Bullrich, la justicia federal realizó una decena de allanamientos a
comedores de movimientos sociales y casas de sus referentes. Los operativos se
realizaron a integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha
y Barrios de Pie, en el marco de una causa judicial iniciada por la marcha del
20 de diciembre, es decir cuando se hizo la primera protesta contra el gobierno
de Milei. En una conferencia de prensa, los movimientos denunciaron que los
operativos fueron "exageradamente violentos", incluso en presencia de
niños, que algunos se hicieron en la madrugada y que la policía se llevó cosas
que no debía, "hasta 25 mil pesos que una compañera tenía para
vivir".
Como en el expediente hay secreto de sumario, la información disponible es
la que difundió la oficina de Bullrich y las respuestas que en respuesta dieron
las abogadas de las organizaciones sociales -que plantean que la causa es
mediática, pero carece de sustancia. Sin embargo, se filtraron a los medios una
serie de mensajes de WhatsApp de mujeres que pedían alimentos a encargadas de
locales de las organizaciones, y a las que esos alimentos les habrían sido
negados por no asistir a marchas. El tema de fondo es si se trató de casos de
abusos personales o si se trata de una práctica utilizada por alguna de las
organizaciones cuestionadas.
El ministerio de Seguridad sostuvo que los imputados son 28 referentes
barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, coaccionar
a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.
Aseguró también que los acusados hicieron pagos para que la gente
participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los que
amenazaron con "darles de baja" el plan e incluso que los alimentos
enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron
"vendidos". La imputación incluye cargos por delitos graves, como el
de extorsión.
Siempre de acuerdo a lo difundido por Bullrich, las denuncias se hicieron a
través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad. A través de
esos llamados se llegó a reunir 924 casos de personas que habrían sido
coaccionadas.
Réplica de las organizaciones
En respuesta a lo señalado por la ministra de Seguridad, la abogada Rayo
Alanís, que representa a los imputados del Polo Obrero, sostuvo que el
ministerio hace una campaña mediática. "Los casos no son novecientos, sino
doce, y no están probados", aseguró la abogada.
Por otra parte, en una conferencia de prensa realizada por el conjunto de
las organizaciones sociales frente al Congreso de la Nación, referentes de
todos los movimientos hicieron frente común y señalaron que la investigación
judicial no tiene sustancia. "Con esta causa va a pasar lo de siempre; es
una campaña de difamación para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a
quedar nada", anticiparon.
El expediente, en el fuero federal
El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal
federal Gerardo Pollicita, que dispuso los 27 allanamientos en los que no se
realizaron detenciones.
La causa cobró impulso en un momento en el que el gobierno de Milei está
actuando a fondo para desarmar a las organizaciones sociales: desde diciembre,
no envía alimentos a sus comedores comunitarios -ayer, un pedido de amparo
impulsado por el CELS y la UTEP tuvo un avance, al ser aceptado como un amparo
colectivo. Cuando las organizaciones realizan protestas de reclamo los reprime
--en abril, la policía disparó a la cara de un manifestante, que perdió la
visión en un ojo--.
Como parte del mismo proceso, el ministerio de Capital Humano a cargo de
Sandra Pettovello reemplazó el Potenciar Trabajo por programas de tipo
asistencial --los emprendimientos productivos que venían desarrollando las
organizaciones quedaron en la lona-- y desfinanció el programa de urbanización
de barrios populares que generaba trabajo entre los vecinos. Estos cambios
fueron de la mano de una ofensiva discursiva, que busca instalar la idea de que
los movimientos son mafias, manejadas por dirigentes que "hacen dinero con
los pobres".
En este sentido, el comunicado de la ministra de Seguridad difundido ayer
dice, por ejemplo: “Se desprende de la pesquisa que los imputados canalizaron
los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’,
desconociéndose el destino final de ese dinero" . Es decir, que cuestiona
la existencia misma de las cooperativas de trabajo.
Los chats de la causa
A pesar del secreto de sumario, los medios publicaron una serie de chats
que son parte de la investigación.
"Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”, se
lee en el WhatsApp de una vecina, que habría sido sancionada internamente por
no ir a una marcha.
La mencionada Patry es autora de un mensaje en el que advierte a un listado
de personas que "no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen
cero movilizaciones".
Para la fiscalía federal, casos como este no fueron una conducta aislada,
sino parte de un mecanismo convalidado por referentes de importancia. Por
ejemplo, en el caso del Polo Obrero, el fiscal imputó no sólo a mujeres que
trabajan en los comedores, sino también a dirigentes nacionales -es decir, a
referentes que no tienen el manejo diario de lo que pasa en un local-.
Los operativos
Carlos Fernández, del FOL, fue uno de los allanados en su casa de Escobar.
“Vinieron a las cinco de la mañana, rompieron la puerta. En el caso de mi
familia, nos tiraron al suelo y nos encañonaron. Entraron de noche, cuando mis
hijos estaban durmiendo”, contó.
Agregó que fue un operativo “desmedido, con autos no identificados y con
agentes de inteligencia”. Para el referente, los allanamientos tuvieron el
objetivo de “amedrentar a quienes son parte de las organizaciones sociales”.
A su vez, el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, contó que uno de
los lugares allanados fue el local central de su organización en la Capital
Federal, y que los policías al ingresar "desconectaron las cámaras de
seguridad" del lugar para no dejar registro de lo que hacían.
El dirigente del Polo fue consultado en la rueda de prensa sobre si existe
extorsión sobre las personas que, yendo a los comedores de su organización, no
asisten a una marcha. Belliboni lo rechazó. Agregó que los movimientos no
tienen el poder de decidir la baja de un plan social y que reciben alimentos
"a granel" y no dinero.
En nombre de la UTEP habló Alejandro Gramajo. "No tenemos duda de que
nuestros compañeros son honestos y sacrificados y que cada día tratan de
construir un país más justo", declaró. Como los otros dirigentes, Gramajo
inscribió los allanamientos en una operación mediática que con el tiempo se
mostrará insustancial. "Esto se inscribe en una política del gobierno para
atacar a todos aquellos que hagan visible que no vino a terminar con la casta,
sino a empobrecer al 80 por ciento de la población".
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