POLITICA | Seis meses de Milei en el gobierno: las políticas de memoria, verdad y justicia bajo asedio
El discurso negacionista de los crímenes y reivindicador de las Fuerzas Armadas se combina con acciones quirúrgicas destinadas a entorpecer el avance de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Javier Milei cumplirá el lunes seis
meses en el gobierno. Sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel
quedaron expuestas en innumerables ocasiones. Sin embargo, si hay algo en lo
que coinciden es en la impugnación del proceso de memoria, verdad y justicia.
Un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
Memoria Abierta muestra cómo estas políticas –que hicieron de la Argentina un
ejemplo en el mundo– tambalean desde que asumió la administración libertaria.
El 2 de abril pasado, Milei usó la
conmemoración por los 42 años del desembarco en Malvinas para lanzar una
consigna de futuro: llamó a la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Un mes y
medio después, en la Casa Rosada, inauguró un busto de Carlos Menem y habló de
los indultos que el riojano firmó como una "herramienta
constitucional" para pacificar la Argentina. No le importó que la Corte
Suprema hubiera dicho que eran inconstitucionales.
Milei no encarna la batalla por la
"memoria completa", pero los combates contra el movimiento de
derechos humanos son parte de su “batalla cultural”. Villarruel –que milita
hace más de 20 años en organizaciones ligadas a la defensa o reivindicación de
las fuerzas que actuaron en la represión ilegal– hizo en estos meses algunas intervenciones
quirúrgicas que tuvieron que ver con el ataque a las referentes de los
organismos –como Estela de Carlotto, Taty Almeida o Hebe de Bonafini–, la
reedición del discurso del “curro de los derechos humanos” o la reivindicación
de su padre por haber actuado en el Operativo Independencia –considerado por
los tribunales como la “antesala” del genocidio que se implementó a lo largo y
ancho del país.
Para el CELS y Memoria Abierta, las
posiciones negacionistas y revisionistas que expresan los principales actores
de La Libertad Avanza (LLA) “representan un daño mayúsculo a la construcción
social, política e institucional que simbolizan el Nunca Más para la
democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron
todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio
Público Fiscal de la Nación”.
Si bien desde el Ministerio de
Justicia se mantuvieron las querellas en 266 causas por crímenes contra la
humanidad, hubo desde otras carteras acciones tendientes a evitar que se
investiguen estos delitos. La posición más clara en este sentido la adoptó Luis
Petri con el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA)
documental, que funcionaban desde 2010 y que aportaron información esencial a
la justicia para lograr la identificación y la condena de los perpetradores.
Tanto Petri como Patricia Bullrich
decidieron, además, no enviar la información que les requería la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para la búsqueda de los niños y
las niñas apropiados durante el terrorismo de Estado. Creada en 1992, la Conadi
es el órgano del Poder Ejecutivo que canaliza las búsquedas de quienes dudan
sobre su identidad. Según informó Abuelas de Plaza de Mayo, el 90 por ciento de
los casos que entran al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su testeo
provienen de la Conadi.
En materia de juicios, el gobierno,
además, disolvió los equipos de filmación de los juicios por crímenes de lesa
humanidad. El proceso comenzó con la puesta en disponibilidad de los
trabajadores que registraban las audiencias tanto en los tribunales de Comodoro
Py como en los de San Martín. En la práctica, significó la desaparición del
Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), que se había creado a
partir de un convenio que firmó en 2009 la Corte Suprema con el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
A nivel de archivos, se interrumpió la
mesa que se había conformado al interior de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI) en la que participaban organismos de derechos humanos para avanzar en la
desclasificación de información que permita contribuir a las causas y al
conocimiento de la verdad sobre lo sucedido. El CELS y Memoria Abierta
resaltan, además, que faltan nombramientos clave en áreas sensibles como el
Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que custodia –entre otros– el fondo
documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Dentro de la Secretaría de Derechos
Humanos (SDH) tampoco se designó a quien estará al frente de la Dirección
Nacional de Sitios de Memoria. En paralelo, se avanza en el desfinanciamiento
de estos espacios a lo largo y ancho del país. Sus trabajadores están
precarizados y las obras, paralizadas. El caso más evidente es el de la
construcción de un memorial en Campo de Mayo –a la que se había comprometido el
Estado argentino ante organismos internacionales.
El gobierno, además, auspició actos
reivindicatorios de la dictadura dentro de los lugares que funcionaron como
campos de concentración. Tal fue el caso de la irrupción de militares retirados
en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA– para celebrar el Día de la
Armada. Después de que el CELS le reclamara explicaciones, Petri saludó y
minimizó el hecho como un acto de argentinos cantando la marcha de la Marina.
Antes, el ministro de Defensa había dicho que las Fuerzas Armadas fueron
demonizadas por su actuación en la década de 1970.
El Ministerio de Justicia, por su
parte, frenó el pago de las reparaciones económicas a las víctimas de la
dictadura. Lo hizo invocando una auditoría por 180 días y usando como excusa
una causa judicial que había sido impulsada por el gobierno anterior contra una
banda que se dedicaba a falsear declaraciones para estafar al Estado. Para el
CELS y Memoria Abierta, esto se dio conjuntamente con “denuncias generalizadas
que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la
totalidad de la política pública”.
La novedad, sin duda, del gobierno de
LLA fue la centralidad de los argumentos negacionistas en los discursos
públicos, que niegan el carácter sistemático de los crímenes cometidos, los
minimizan, justifican la violencia estatal, deshumanizan a las víctimas e
incluyen declaraciones a favor de la impunidad de los represores. “Existe un
acuerdo extendido al interior del gabinete nacional en favor de ‘dejar atrás el
pasado’. Mientras algunos reconocen la actuación ilegal de las fuerzas armadas,
otros la ignoran y otros, incluso, llegan al extremo de reivindicarla”, afirman
en el informe.
El CELS y Memoria Abierta no solo
recogen declaraciones de Milei o Villarruel, sino también de funcionarios de
segunda línea –que son los encargados directos de la implementación de las
políticas. Tal es el caso de Claudio Pasqualini, secretario de Estrategia y
Asuntos Militares (SEAM) del Ministerio de Defensa y exjefe del Ejército de
Mauricio Macri. En una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires,
Pasqualini revivió la teoría de la “guerra sucia” y la idea de la campaña
antiargentina por parte de organizaciones "que reciben financiamiento
desde el exterior" para atacar a los militares. Pasqualini –yerno de un
represor condenado a perpetua– fue señalado como el responsable de desarmar los
ERyA, tal como venían reclamando los acusados por crímenes aberrantes.
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