En la semana del NiUnaMenos y mientras suben las cifras de femicidios, ya no hay organismo estatal para prevenir la violencia machista ni apoyar a sus víctimas.
En la semana de Ni Una Menos y con
cifras de femicidios que aumentan, el Gobierno decidió disolver la Subsecretaría
de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado
reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que debe
encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y también
asistir a víctimas y familiares. Hace dos semanas, la Subsecretaría había
pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde serían absorbidas
algunas de sus funciones. Este jueves, se conoció la renuncia “indeclinable” de
Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero. En el
texto, alega que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario
de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp a las 19.57 del
miércoles que la Subsecretaría “dejará de existir”. A última hora, el Ministerio
de Justicia confirmó la medida. Desde organizaciones que trabajan por los
derechos de las mujeres y diversidades denunciaron la gravedad de la medida.
La decisión significa un retroceso
enorme. A pesar de que el área estaba debilitada, significaba la única
institucionalidad en el Ejecutivo para combatir la violencia de género. El
Gobierno está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485
de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada por el
Congreso en 2009. El mensaje es claro: al Gobierno no le importa que casi cada
día asesinen a una mujer o diversidad por serlo, en la mayoría de los casos,
como muestran las estadísticas oficiales, a manos de la pareja o expareja.
“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles
saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs.
por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me
comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que
se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de
existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de
la fecha”, dice el texto de la renuncia.
Barcia, una funcionaria que se
caracterizó por no hacer ninguna declaración pública ni dar entrevistas desde
que llegó al cargo hace cinco meses desde la fiscalía especializada en
Violencia de Género de CABA, donde se desempeñaba, ya no fue a su oficina este
jueves ni se despidió de las trabajadoras.
Frente a esta situación, las 650
trabajadoras que quedan en el área se encuentran en estado de asamblea ante la
incertidumbre sobre su futuro. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos
Humanos y otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje
importante sea despedido, como parte del nuevo recorte de empleadxs públicos
anunciado por el presidente Javier Milei para la mitad del año. Este mediodía
realizaron una radio abierta frente a una de las sedes de la Subsecretaría, en
Paseo Colón 181. Según contaron, les informaron que los despidos llegarían al
80 por ciento de la planta del ex Ministerio de MGyD.
“A pocas horas de la manifestación Ni
Una Menos, el Gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con unos 400
despidos además de disolver la subsecretaría. Vamos a seguir organizadxs y en
total solidaridad con la organización sindical del sector, apoyando todas las
medidas y acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación si
hiciera falta", dijo a Página 12, Luci Cavallero, del colectivo Ni Una
Menos.
De esta forma, quedarían alrededor de
150 trabajadorxs vinculadas al área. “Es muy impactante comprobar cómo pueden
sentir orgullo de pisotear el trabajo y la legitimación de una agenda
construida de manera colectiva y que trasciende las gestiones políticas.
Muestra ignorancia de las obligaciones jurídicas del Estado a nivel nacional
--el artículo 8 de la ley 26.485 establece la creación de una autoridad
competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas-- y de las
obligaciones internacionales. Tendrán que rendir cuentas sobre esto”, advirtió
a este diario la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Tal como informó este diario, en seis
meses de gestión el Gobierno de Milei, desfinanció, desarticuló y generó un
vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a
mujeres y diversidades en situación de violencia. El presupuesto vigente que
tenia la Subsecretaría (disponible para todo el año) en términos reales ya era
un 62% más bajo que el de 2023, de acuerdo con un relevamiento de ELA y la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La disolución de la Subsecretaría
implica “un desprecio por lo público brutal y nosotras necesitamos de manera
imperiosa el Estado para proteger, acompañar, asistir a las víctimas de
violencia de género y reducir brechas de desigualdad”, señaló en diálogo con
este diario Estela Díaz, a cargo del único Ministerio de Mujeres y Diversidades
que queda en el país, desde diciembre. Además de Nación, cuatro gobiernos
provinciales --Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz-- que en los mandatos
anteriores habían jerarquizado sus áreas de género con la creación de
ministerios dieron marcha atrás, siguiendo el camino de la motosierra de Milei
y las redujeron a secretarías o subsecretarías. Estas medidas marcan que las
decisiones del Gobierno --primero vaciando y desarticulando políticas de
prevención y asistencia a víctimas y ahora eliminando la Subsecretaría-- sin
dudas impactarán en las provincias, con un retroceso en políticas integrales
para proteger a las mujeres y diversidad de la violencia de machista y atacar
sus causas estructurales, sostenidas en la desigualdad de género.
“Acá hay una planificación para
profundizar la desigualdad y el desamparo. Es muy grave y tiene costos en
vidas. Y significa una falta de respeto a nuestro marco normativo y a las
obligaciones que tiene el Gobierno Nacional para con el país entero. En la
provincia de Buenos Aires, seguiremos, tal cual manifiesta siempre nuestro
gobernador Axel Kicillof con Estado presente, profundizando el camino de construir
el Ministerio, y de transversalizar la perspectiva de género”, agregó Díaz.
“Es muy grave la desaparición de la
Subsecretaría. Aunque ya estaba debilitada, y con presupuesto reducido, están
dejando en banda a las mujeres, niñas y diversidades que sufren violencia de
género. ¿Qué va a pasar con la Línea 144, que es fundamental para la
prevención? ¿Qué pasará con el Registro Único de casos que permite analizar la
magnitud del problema para intervenir? ¿Y con el Programa Acompañar? Están
desmembrando sus funciones. Van a decir que cumplen con los compromisos que
tiene el país en el tema pero estarán a cargo de gente que no está
especializada. Es un retroceso muy grande”, consideró la médica epidemióloga
Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
(FEIM). Bianco tenía una reunión con Barcia agendada desde el lunes para
conversar sobre el W20 (Women20) una red transnacional que reúne a mujeres
líderes de la sociedad civil, negocios, emprendimientos y thinktanks. Pero el encuentro
fue pospuesto desde la Subsecretaría día a día hasta que fue cancelado.
La diputada justicialista Mónica
Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja,
acompañó a las trabajadoras frente al edificio donde funcionaba la
Subsecretaría. “El gobierno de Milei sumó un nuevo eslabón a la larga cadena de
actos contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Promueve discursos de
odio, habilita la violencia y niega la desigualdad por motivos de género”, dijo
la legisladora. Y advirtió que la disolución del área “no es solo un problema
en materia de política pública sino también un mensaje hacia la sociedad: la
violencia contra las mujeres no importa”.
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